La calidad y el nivel de vida de los michoacanos será insostenible, de no traer para el Estado un cambio radical y grande, con una fuerza ciudadana y representativa que procure el bienestar común y no de unos cuántos, como lo ha hecho el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática durante la última década. Así lo aseguró la candidata panista a diputada local, Andrea Villanueva Cano, quien durante el cierre de campaña de quien calificó como la mejor gobernadora que Michoacán podrá tener, Cocoa Calderón, fue clara en manifestar que para los michoacanos ya no es posible mantener el nivel de vida económico y social al que lo han relegado los gobiernos priístas y perredistas, quienes sólo se han dedicado a robar a diestra y siniestra, sin que haya sanciones ejemplares para quienes han desfalcado las finanzas públicas. Por ello, calificó de imperativo crear un Sistema Estatal Anticorrupción, que evite acciones como las realizadas en el pasado. A lo cual, buscará realizar reformas a diversos ordenamientos jurídicos que doten de autonomía a la Contraloría del Estado, dado que actualmente depende del Ejecutivo y ello dificulta que realice sus funciones adecuadamente. Además, impulsará modificaciones a la Ley de Fiscalización, con el fin de ciudadanizar la Auditoria Superior del Estado (ASM), permitiendo además la colegiación del organismo y creando la figura de las veedurías sociales, las cuáles son contralorías ciudadanas en las que un grupo de ciudadanos se reúnen y se dan de alta como veeduría social, esto mediante un trámite muy sencillo ante la Auditoria Superior del Estado y supervisan una obra pública determinada de índole estatal o municipal, en su comunidad. De esta forma, se supervisará efectivamente el destino de los recursos públicos en los municipios, además de modificar la Ley de Responsabilidades para endurecer las sanciones contra los funcionarios que hagan mal uso de sus funciones y agilizar los procedimientos para los juicios políticos. Villanueva Cano también pretende crear un tribunal de cuentas, dando mayores atribuciones al actual Tribunal de Justicia Administrativa, para que cumpla con esta función; reformará la Ley de la Administración Pública estatal, para diseñar un gobierno abierto a los ciudadanos en donde los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad sean obligatorios en todo el aparato gubernamental. Todas estas condiciones, consideró la candidata a diputada local por el Distrito XVII, incidirán en una forma de trabajar con mayor transparencia, procurando que se reoriente el ejercicio del presupuesto para etiquetar recursos en función de un Plan Estatal de Desarrollo, proyectado a veinte años, que destine mayores recursos en proyectos productivos y obras de infraestructura que a la larga, generen empleo y mejores condiciones de desarrollo económico para todos.