En reunión ordinaria, el Grupo de Coordinación Michoacán analizó esta mañana las condiciones que existen en los diversos penales del estado y aunque no se detectaron focos rojos o amarillos, se acordó reforzar los dispositivos de seguridad en los 11 Centros de Readaptación Social y 4 centros preventivos que existen en la entidad. El encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García, presentó al gobernador Salvador Jara Guerrero y al general Felipe Gurrola Ramírez un diagnóstico de los centros penitenciarios en Michoacán, el cual fue realizado en cumplimiento a los compromisos de coordinación asumidos con el gabinete de seguridad a nivel federal. Destacó que en los centros de reclusión estatales se realiza una importante labor de prevención que ha contenido el surgimiento de autogobiernos en el seno de las poblaciones en reclusión y manifestó que continuará la reubicación de internos para aprovechar mejor los espacios, aunque ninguno se encuentra a su máxima capacidad. Referente a la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano el sábado pasado, Magaña García comentó que en cuanto el Grupo de Coordinación fue alertado y el Gobierno del Estado fue notificado de este hecho, todos los directores de penales y centros preventivos en Michoacán ordenaron la implementación de un protocolo especial de seguridad para evitar una reacción en efecto espejo, protocolo que aún sigue activo. Los mandos militares y titulares de instancias federales y estatales encargadas de la seguridad y procuración de justicia, revisaron los resultados y ejecución del operativo de seguridad que desde primera hora del domingo se implementa en los límites con otros estados para cerrar el paso a Guzmán Loera, en caso de que intentara incursionar a Michoacán en su huida. Derivado de dicho acontecimiento, se realizó una reunión en el C4 con mandos operativos federales y estatales para reforzar las acciones orientadas a la localización del prófugo de la justicia, y que fueron desplegadas en toda la geografía estatal. El encargado de despacho de la SSP informó también que continuará el proceso de depuración de la Fuerza Rural; puntualizó que de forma paulatina han sido dados de baja de esta corporación estatal 187 elementos que no lograron acreditar las evaluaciones de control de confianza. Añadió que se realizarán programas de capacitación y adiestramiento dirigidos a los policías en activo, a los que se les recalcarán sus deberes y derechos, de tal forma que puedan servir mejor a la ciudadanía a la que deben proteger. El Grupo de Coordinación recomendó a la SSP iniciar una campaña informativa al interior de las corporaciones policíacas para que los elementos conozcan con puntualidad los procedimientos de portación y posesión de armas que están obligados a acatar, ya que todo activo que porte armas cuando no se encuentre en servicio será sometido a los procedimientos sancionadores correspondientes y en el caso de civiles que sean encontrados en posesión ilegal de armas de fuego, serán remitidos a las autoridades.