El presidente colombiano Juan Manuel Santos abrió el jueves la puerta a un posible encuentro con su homólogo Nicolás Maduro para dirimir la crisis con Venezuela, pero con la condición de que se establezca un corredor humanitario y que no se "maltrate" a los colombianos deportados. El "corredor humanitario" permitiría a más de 2.000 niños en Venezuela poder asistir a los colegios en Colombia, así como el ingreso a territorio venezolano de camiones para recuperar los bienes y enseres de las personas que fueron deportadas y cumplir con los "protocolos mínimos" y que "no maltraten a los colombianos que van a ser deportados". "Si esas condiciones... se cumplen yo me siento a arreglar este problema", afirmó Santos. Horas después, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, anunció tras un encuentro con el cuerpo diplomático en la Cancillería, que el gobierno aprobó la apertura de un corredor humanitario para permitir a 350 niños poder ir a estudiar a Colombia. La crisis se desató a finales de agosto cuando Caracas cerró los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira tras el ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando combatían el contrabando en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira. Según Bogotá, más de 1.300 colombianos han sido deportados por orden del gobierno venezolano. Naciones Unidas sostiene que unos 10.000 han dejado voluntariamente Venezuela por temor a represalias. Poco después de la declaración de Santos, el procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció que radicó ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, un informe que denuncia la "perpetración de crímenes de lesa humanidad" por parte de Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno en contra de colombianos que se encontraban asentados en Venezuela. En un comunicado difundido en la página de internet de la procuraduría, Ordóñez Maldonado indicó que su acción cumple una función de denuncia, pero sostuvo que no activa automáticamente la jurisdicción del organismo judicial debido a que eso tendría que hacerlo la fiscal Bensouda en caso de que lo considere procedente. El procurador propuso a Santos que acuda, en representación del Estado colombiano, ante la CPI y active la jurisdicción internacional "acusando a Nicolás Maduro y a agentes civiles y militares de su régimen de orquestar la perpetración de crímenes de lesa humanidad en contra de nuestros compatriotas, obedeciendo a una política sistemática y generalizada para atacar a la población civil y generar su deportación y traslado forzoso". The Associated Press solicitó al gobierno venezolano una reacción sobre la acción del procurador general de Colombia pero no hubo comentarios de momento. Por su parte, Maduro, que se encuentra en una gira en Beijing, pidió ayuda y asesoría al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para "parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela", indicó la presidencia en un comunicado de prensa el jueves sin ofrecer mayores detalles. Caracas sostiene que entre enero y julio habrían ingresado a Venezuela 121.834 colombianos. El gobierno venezolano ha denunciado que entre ellos hay paramilitares y contrabandistas, lo que habría intensificado los problemas de inseguridad y escasez de productos básicos que enfrentan los venezolanos. La canciller colombiana María Ángela Holguín informó que el miércoles se reunirá con Ban para exponerle la crisis humanitaria que enfrenta Colombia debido al regreso masivo de miles de colombianos desde Venezuela hacia la localidad fronteriza de Cúcuta. Holguín anunció su encuentro con Ban un día después de que Santos diera a conocer la ofensiva que emprenderá su gobierno ante los organismos multilaterales para denunciar los supuestos maltratos que han sufrido sus compatriotas. La canciller tiene previsto visitar el lunes Ginebra para reunirse con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing. Bogotá emprendió la ofensiva internacional después del revés que sufrió en la Organización de los Estados Americanos, donde no logró los votos suficientes para convocar una reunión de cancilleres con el fin de discutir la crisis con Venezuela. Al final de su visita a Beijing, Maduro dijo que a Santos "le va a ir muy mal si toma el camino de las amenazas, sean políticas, diplomáticas o de cualquier signo, porque Venezuela está acompañada por los pueblos del mundo y del propio pueblo colombiano". Maduro pidió a su colega colombiano "que respire, se tranquilice" y le reiteró la invitación para un encuentro. En los municipios fronterizos de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, que están bajo estado de excepción y tienen cerrados los pasos hacia Colombia, han sido identificados 1.800 colombianos que están en trámites para obtener la condición de refugiados o ya lograron el reconocimiento, afirmó Alba Marcellán, jefa de operación de ACNUR en la localidad venezolana de San Antonio del Táchira. Por su parte, las autoridades de la Conferencia Episcopal de Colombia y Venezuela se reunieron en Bogotá y criticaron duramente la expulsión de los colombianos, al tiempo que hicieron un llamado a los presidentes de los dos países para que se sienten a dialogar. "Invitamos a buscar soluciones a los problemas de la frontera entre los dos gobiernos. No para insultarse, no para excluirse, sino para buscarle el beneficio y el bienestar a esos pueblos que sufren", dijo a la prensa el obispo Roberto Luckert, integrante de la Conferencia Episcopal Venezolana.