Ciudad de México.- En el marco de su estrategia de atención a la problemática ambiental del Río Atoyac, la Profepa ha clausurado en poco más de un año 30 industrias establecidas en la cuenca de este afluente que cruza por Puebla y Tlaxcala. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que a partir de las acciones emprendidas de febrero de 2015 a la fecha también ha hecho 592 visitas de inspección y verificación de éstas. De éstas, 298 se realizaron en Puebla y 294 en Tlaxcala, todas ellas a empresas e industrias establecidas en la cuenca del citado afluente, trayendo como resultado la clausura de 30, de las cuales 23 fueron parciales y siete totales, además de imponer multas por 7.48 millones de pesos. En un comunicado, explicó que las visitas de inspección se hicieron en materia de residuos peligrosos, donde las principales irregularidades que derivaron en clausura fueron incumplir con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. Además, esas empresas no exhibieron la auto-categorización como generador de residuos peligrosos ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni contaron con bitácora de registro de residuos peligrosos. También almacenaban residuos de esta naturaleza sin las adecuadas medidas de seguridad y no comprobaron el destino de los residuos peligrosos en un sitio autorizado. Lo anterior se suma a las 60 recomendaciones que la Profepa notificó a 38 municipios de Tlaxcala y a 22 de Puebla para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. La Profepa recordó que en febrero de 2015, el procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, informó sobre las acciones a realizar para abatir el deterioro ambiental del afluente. Dichas acciones continuarán a todo el largo del Río Atoyac realizando sobrevuelos con drones en 13 tramos, cinco en Puebla y ocho en Tlaxcala, a fin de ubicar posibles problemáticas de contaminación y así lograr contenerla. Para ello se llevan a cabo los actos de inspección necesarios, aplicando las sanciones conforme con lo previsto en la ley y ordenar medidas de seguridad contra los establecimientos que no estén cumpliendo con sus obligaciones ambientales.
La Voz de Michoacán
