Raúl Castellano La combinación de la ambición, la corrupción y la ineptitud, se convirtieron en un arma letal que dejó más de 250 muertos en la Ciudad de México, y edificios que, no obstante que fueron construidos recientemente, quedaron inhabitables, tras el sismo del 19 de septiembre, fecha fatídica, por ser justamente la misma de aquel terrible terremoto ocurrido en 1985, que dejó miles de muertos; tantos, que ni siquiera se pudo saber, con certeza, el número de los fallecidos. Esa catástrofe hizo ver la necesidad de cambiar las normas de construcción, sin embargo, no estoy cierto si se hizo de inmediato. Lo que sí sé es que en 2004 se modificaron las normas para hacer más resistentes las construcciones. No sé por qué se haría en este año pues no recuerdo que hubiera habido algún fenómeno sísmico cercano a esta fecha. Pero ahora se requiere, con urgencia que se modifiquen esas normas para que no vuelva a ocurrir eso que vivimos hace apenas más de un mes. El negocio inmobiliario hasta hace poco, fue uno de los negocios más jugosos que pudiera haber, con tasas de retorno del 10 al 15% e incluso hasta el 20% o más. Entonces se aplicaba un principio, como si fuese un dogma, que resultó terrible y que era llevar al máximo la “productividad del terreno”, y la eficiencia de costos. Junto con esto, la ambición y la avaricia, junto a la corrupción hizo que se descuidaran los elementos esenciales para garantizar la calidad de las obras, y resulta que al revisar los edificios colapsados y tantos que han quedado inservibles y que habrá que derrumbar, se aprecia que no tenían la calidad requerida el diferentes rubros. El proyecto ejecutivo; la responsiva, la dirección y la supervisión de obra; los materiales y técnicas de construcción; el mantenimiento en la operación de los inmuebles, así como los dictámenes de de operación o seguridad estructural. En el centro de la corrupción está la emisión del certificado de uso del suelo y los permisos de construcción, la autorización de planos. Ha habido desde luego, una responsabilidad de muchos, pero habrá que ser muy cuidadosos en el momento de fincar responsabilidades, para no llevarse por delante a quienes realmente no la tengan; pero es absolutamente indispensable, aplicar la ley. Un solo caso es más que suficiente para ejemplificar los casos de construcciones que se llevan a cabo torciendo la ley y los reglamentos. Se trata justamente del caso de la Escuela Enrique Rébsamen, donde 26 jovencitos fallecieron y hubo un buen número de heridos. Este caso es absolutamente criminal. En este caso, la dueña y directora de la escuela, Mónica García Villegas, está acusada de haber utilizado un documento falso para obtener permisos de construcción. En este mismo caso hay dos directores de obra (DRO) que avalaron la construcción de un cuarto piso que venció la estructura. Mónica García tiene una ficha roja para proceder a su captura. Nos han informado que en una semana se presentarán las modificaciones al Reglamento de Construcción de la Ciudad, en el que se incluirán las adecuaciones a las ocho normas que configuran el Reglamento, y que se añadirán dos más. Esto puede considerarse como lo que dice el dicho popular, de que “ahogado el niño, ¿a tapar el pozo?”. Pero como también lo señala otro dicho, “más vale tarde que nunca”. De eso se deriva algo que considero una responsabilidad criminal de Miguel Mancera, por no haber hecho público desde el inicio, el Atlas de Riesgos de la Ciudad, y todo debido a la conveniencia de no estropear el multimillonario negocio inmobiliario. Cuando Mancera llegó al gobierno de la Ciudad, aprobó una ley que obligaba a su gobierno a elaborar un Atlas de Riesgos que marcara al detalle, la vulnerabilidad y riesgos que amenazaran a la Ciudad. Se hizo el trabajo, pero el Secretario de Protección Civil, con la anuencia de su Jefe, lo escondió. Cuando se le pedía una copia, Mancera respondía que estaba incapacitado para hacerlo, por tratarse de información “reservada”, y que solo tenían acceso a ella, quienes demostraran tener “un interés jurídico” para ello. No fue sino hasta después del sismo del 19.9, por la presión social, cuando se dio a conocer, cosa que ocurrió el día 6 del mes que corre, y se mostró el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. El documento presentó muchas inconsistencias, tantas, que el día 15 Mancera tuvo que reconocer el problema y dijo que el trabajo no había concluido. Luego, para entregar un borrador tardó cinco años. Que desvergüenza; Mancera ocultó durante esos cinco años, información que podría haber salvado vidas y pérdida de propiedades, causadas por inundaciones y sismos. Fueron más importantes los negocios con las inmobiliarias y los “moches”, que la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades. No olvidemos que Michoacán está en una zona sísmica, por lo que valdría la pena que si no se tienen establecidas normas de construcción, la autoridad correspondiente se avocara a establecerlas. Que no se caiga en la complacencia que lleve a pensar que eso aquí no ocurrirá y, menos, que no se haga por intereses indebidos con el negocio inmobiliario y la corrupción que, como hemos visto, causa muertes y daños irreparables.
La Voz de Michoacán
