Oscar Guerrero/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- A unos días de que se establezca la figura del Juez Cívico en la capital michoacana para tener participación en la ejecución de sanciones sobre faltas administrativas, expertos en materia de derecho consideraron que esta propuesta podría resultar factible para fortalecer el esquema de justicia en la ciudad, pero adelantaron que en su ejecución, se deberá garantizar el blindaje a los Derechos Humanos. La determinación que tomó el Ayuntamiento de Morelia al reformar el Reglamento de Orden y Justicia Pública para dar cabida al modelo de justicia antes referido, fue adoptada de buena manera por catedráticos y litigantes, pues se coincidió en que a partir de ello se garantizará el principio de proporcionalidad, que responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad. En un paréntesis, es importante mencionar que, además de participar en sanciones que tengan que ver con Tránsito Municipal, el Juez Cívico se encuentra facultado para actuar como mediador o para valorar la sanción que podría partir de una falta administrativa, es decir, de alguna acción que atente contra el orden público. Desde la óptica del Ayuntamiento de Morelia, este modelo jurídico fue adoptado para evitar el traslado de un ciudadano a los separos del municipio, cuando la falta cometida no lo amerite, pues previo a la determinación que se tome sobre el imputado, éste tendrá la posibilidad de sostener un acercamiento con un Juez Cívico, a fin de que se valore si es merecedor a una sanción de carácter administrativo. Entre los temas que se tratarán a través de esta figura, podrían encontrarse conflictos vecinales, alteración del orden público por consumir bebidas alcohólicas en sitios no adecuados o riñas callejeras, según lo explica el Comisionado para la Seguridad de Morelia, Bernardo León Olea. Bajo este tenor, el presidente de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Casa de Hidalgo, Gumesindo García Morelos, expuso que con la llegada del Juez Cívico se podría garantizar el derecho de todo ciudadano a recibir un trato jurídico justo y apegado a los lineamientos que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, adelantó que el Juez Cívico no tendría la “última palabra” en una ejecución sancionadora, pues dijo que el imputado podría acudir al Poder Judicial de la Federación, en caso de que se vulneren sus Derechos Humanos. “Las decisiones de un Juez Cívico no son definitivas, por ejemplo, si se determinara un arresto hasta por 36 horas, esa decisión es atacable por un juez federal, aunque sea en fin de semana o en horarios no adecuados”. Desde la apreciación del litigante, el respeto a los Derechos Humanos deberá garantizarse en este nuevo esquema jurídico, para lo cual resaltó la necesidad de que los jueces que resulten seleccionados, “cuenten con pleno conocimiento de las garantías que tiene todo ciudadano al ser detenido”. Tras señalar que, en muchos casos, las autoridades municipales y estatales recurren a la detención de un individuo sin sustento jurídico, dijo que con la incorporación del Juez Cívico existirá la posibilidad de analizar a detalle el caso del imputado para evitar que se aplique una sanción injustificada. Sobre este argumento, dijo que el Juez Cívico deberá promover el respeto al principio de proporcionalidad, con la finalidad de que el imputado cuente con la posibilidad de trabajar en su defensa previo a su detención. “El Artículo 19 del Código de Justicia Administrativa de Michoacán establece que el principio de proporcionalidad debe garantizarse, pues no porque un policía impute a una persona que cometió una falta administrativa debe ser sancionado”, detalló. Luego de resaltar que el Juez Cívico estará sujeto a un permanente escrutinio por parte de juzgados federales, el experto en materia de derecho advirtió que la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Casa de Hidalgo se mantendrá a la expectativa de los avances que se generen a partir de la implementación de este nuevo modelo de justicia. Prevén posibles trasfondo políticos en figura jurídica Sin emitir argumentos de descalificación hacia la figura que recientemente se añadió sobre el Reglamento de Orden y Justicia Pública, el catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Jorge Álvarez Banderas lamentó que en medio de los beneficios que podría obtener la ciudadanía capitalina, visualiza intereses políticos por parte de quienes estarán a cargo del Juzgado Cívico. “Es común que la autoridad designe a magistrados o jueces, en eso no hay pero alguno; sin embargo, en donde sí aprecio algo preocupante es en el trasfondo político que podría acompañar a esta nueva figura”. Incluso, el catedrático y experto en materia de derecho emplazó a las autoridades municipales a trabajar en la designación de una terna, para que a través del cuerpo colegiado del Ayuntamiento, se elija al perfil que estará fungiendo como presidente en el Juzgado Cívico. “Todo va a depender de las personas que se elijan, por su experiencia e interés que muestren, porque si sólo buscan un posicionamiento político, entonces los recursos públicos que se inviertan serán un total desperdicio”, enfatizó. Al ser abordado sobre los beneficios que se podrían generar a partir de la incorporación del Juez Cívico, resaltó que de operar de manera óptima, este modelo podría servir para corregir las deficiencias que presenten las autoridades en materia de derecho, pues, al igual que Gumesindo, destacó que las determinaciones judiciales en Morelia llegan a ser “unilaterales” en la mayoría de los casos. Álvarez Banderas omitió fijar una postura clara sobre los resultados que se podrían generar con esta nueva propuesta para el ordenamiento social de la ciudad, pero se dijo impaciente por conocer las dinámicas que se tomarán desde el Ayuntamiento para erradicar las irregularidades burocráticas que suelen presentarse en el modelo de justicia actual.
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