Madrid, España.- La vista judicial para decidir la extradición de Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro conocidos como “Porkys de la Costa de Oro” se celebró este miércoles en Madrid. El presunto copartícipe en un delito de “pederastia tumultuaria” en Veracruz en 2015, por el que fue detenido hace cuatro meses en Madrid, se acoge a su nacionalidad española para pedir ser juzgado en ese país y no en México. Tres magistrados escucharon las alegaciones presentadas por el abogado de Cruz Alonso y, contra él, por la Fiscalía española y un representante de la Procuraduría General. La resolución de los jueces tarda alrededor de dos o tres semanas. Su resultado suele ser recurrido y revisado en el pleno de jueces de la Audiencia Nacional. Como última garantía para el reo, el Consejo de ministros español tiene la potestad de frenar una extradición, aunque eso sea una medida excepcional. La línea de defensa de Cruz se basó en varios aspectos. En primer lugar, en que posee la nacionalidad española a través de su abuelo paterno. En segundo, una alegada inconsistencia de la acusación contra él. En tercero, que no existe una proporcionalidad entre los delitos por los que se le acusa en México y las penas que éstos acarrearían en España. En cuarto, las supuestas faltas de garantías de la justicia mexicana y las malas condiciones del sistema penitenciario. Y en quinto, la alegación de que existe una operación política y mediática que predispone a la justicia en contra de Cruz. El magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara, ordenó al abogado que abandonara sus disquisiciones sobre la inconsistencia de las pruebas contra Cruz, porque los jueces españoles sólo deben decidir sobre la extradición, y no sobre los hechos en sí mismos. El representante de la Procuraduría insistió en que Cruz había utilizado su nacionalidad española (que tampoco dio por probada) “como una acción torticera para eludir la acción legal de México” y ocultarse en España alegando que estudiaría en la Universidad Europea. Sobre estos estudios en España, por los que Cruz llegó en marzo de 2016, la fiscal española aseguró que solicitó “ser inscrito y participar en el programa Erasmus con el único y exclusivo fin de eludir sus responsabilidades penales en México”. Al término de la vista, Cruz pidió leer unas palabras que llevaba escritas desde la cárcel de Soto del Real, donde está preso desde el 11 de junio por su alto riesgo de fuga. Cruz denunció que su caso era fruto de “la extorsión de varias personas, entre ellas el padre de la menor”. En su versión, el padre de la joven a la que se le acusa de violar a la salida de una discoteca en enero de 2015, Daphne Fernández, exigió a los cuatro presuntos autores de la agresión sexual que le pagaran 4 millones de pesos para no denunciarlos. Luego los encerró en un despacho y los amenazó para que filmaran una falsa confesión. “Agredió físicamente a Gerardo [Rodríguez, otro de los acusados]. Nos levantamos y sacó un arma de fuego. Dijo que pusiéramos los teléfonos sobre la mesa y empezó a amenazarnos. Nos obligó a grabar una disculpa que nos negamos al principio”, relató.
La Voz de Michoacán
