Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 438 votos a favor, 36 en contra y sin abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Luego de un receso de 20 minutos, se reanudó la discusión, durante la cual la Mesa Directiva recibió más de 300 reservas, las cuales serán debatidas durante la noche y parte de las madrugada del viernes. El dictamen avala un gasto para el año próximo de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos. Se reasignaron dentro de ese monto 67 mil 707 millones de pesos luego de negociaciones entre las ocho bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que tienen como objetivo fortalecer áreas prioritarias, como el desarrollo social, el campo, la justicia, el combate a la corrupción, la infraestructura y el federalismo. También se consideró asignar al Sistema Nacional Anticorrupción cinco mil 500 millones de pesos y para ello se destinaron a la Auditoría Superior de la Federación dos mil 200 millones de pesos; al Instituto Nacional de Acceso a la Información 956 millones y dos mil 550 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estas reasignaciones se concretaron con los 51 mil 380.2 millones de pesos que se lograron aumentar en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada ya por el Congreso de la Unión, al aumentar la plataforma petrolera en 19 mil barriles diarios y ajustar la paridad del peso frente al dólar de 18.20 a 18.60, y el ajuste que se hicieron a otros programas y presupuestos. En materia de desarrollo social, el año próximo se asignará casi 64 por ciento del gasto programable, en el que se privilegian los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza como Prospera, para el cual se destinan 88 mil millones de pesos en beneficio de casi siete millones de familias. A fin de contribuir a la disminución de las carencias sociales, se destinarán recursos importantes para el acceso efectivo a la salud, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirá 622 mil 600 millones de pesos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirá 263 mil millones de pesos mientras que a la Secretaría de Salud le corresponden 121 mil millones. En tanto, el Seguro Popular contará con 69 mil millones, con los que se seguirá atendiendo a más de 65 millones de beneficiarios. Esas adecuaciones aprobadas por el pleno se lograron al disminuir los presupuestos presentados en su oportunidad a los Poderes Legislativo y Judicial así como al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como algunas dependencias federales. Antes de iniciar la discusión de esta propuesta, el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, presentó una proposición de moción suspensiva, la cual fue desechada por el pleno. Una vez concluida la discusión en lo general, el presidente de la Mesa Directiva declaró un receso de 20 minutos con el objetivo de poner en orden las más de 300 reservas. Para fundamentar el dictamen hizo uso de la tribuna el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfredo del Mazo Maza, quien señaló que en esta ocasión se requirió presentar programas y proyectos de la mayor calidad e impacto social y económico, los cuales se manejen bajo los principios claros de transparencia y rendición de cuentas. El resultado, apuntó, fortalece las finanzas públicas, privilegia las acciones responsables para hacer frente a un contexto complejo, impulsa el crecimiento económico e impone el reto de hacer más con menos. Con base en la Ley de Ingresos aprobada el 20 de octubre, el Presupuesto de la Federación contará con cuatro billones 888 mil 892 millones de pesos para el año próximo. Si bien esa cifra considera 51 mil 300 millones adicionales a la propuesta del Ejecutivo federal, es menor 0.7 por ciento real respecto del Presupuesto 2016, aclaró. Mencionó que esta disminución se concentra en la reducción del gasto programable del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la que se suma de forma responsable el Poder Legislativo, al disminuir sus recursos en 2.3 por ciento en términos reales. La propuesta reasigna 67 mil 707 millones de pesos para fortalecer áreas prioritarias, como el desarrollo social, el campo, la justicia, el combate a la corrupción, la infraestructura y el federalismo; rubros que permiten en su conjunto mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En el mismo sentido, para contribuir a disminuir las carencias sociales se destinan recursos importantes para el acceso efectivo a la salud, 622 mil 600 millones al IMSS, 263 mil para el ISSSTE y 121 mil millones para la Secretaría de Salud. Particularmente, el Seguro Popular contará con 69 mil millones. Sostuvo que en México se privilegia el desarrollo de las capacidades y el empoderamiento de la mujer, por lo que con la finalidad de promover acciones para eliminar la discriminación y fortalecer una política pública con perspectiva de género, se destinan 27 mil 425 millones de pesos para programas que impulsen la igualdad de género entre hombres y mujeres. Para integrar una sociedad con equidad e igualdad de oportunidades, dijo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se asignaron 74 mil 800 millones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, así como 319 mil 900 al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En términos generales, agregó el legislador, se destinarán ocho mil 439 millones más para el fortalecimiento del campo, recursos que permitirán impulsar la productividad y la competitividad de este importante sector. Con ese gasto, aseveró, se fortaleció la política de desarrollo social al lograr una mayor inversión en Educación y Cultura. Al rubro educativo, precisó, se le destinarán mil 950 millones de pesos adicionales al originalmente propuesto a esta soberanía, en tanto que la Secretaría de Cultura contará con mil 400 millones adicionales. La Secretaría de Educación Pública contará con un presupuesto de más de 267 mil 655 millones de pesos y la nueva dependencia un gasto de 12 mil 428 millones de pesos. Aseguró que estos dos sectores son las mejores rutas para la cohesión y la inclusión social para la prevención de la violencia y para el desarrollo integral del individuo, con el propósito de consolidar la impartición de justicia, la protección a los derechos humanos, así como fortalecer el Estado de derecho. Hizo notar que en materia de justicia se consideraron 69 mil 400 millones de pesos para el Poder Judicial esto es, cinco mil 800 millones adicionales a lo que tenía en 2016. Hoy más que nunca, señaló, existe un reclamo de la sociedad de que es urgente atender y dotar al Estado de más y mejores herramientas para combatir la corrupción. En materia de infraestructura, subrayó, se impulsan inversiones con gran impacto social, como las destinadas a las zonas económicas especiales, que en este ejercicio contarán con dos mil millones de pesos para poner en marcha proyectos que permitirán disminuir la pobreza y las brechas de desigualdad. Para aumentar el impacto de esas acciones, los legisladores avalaron cinco mil 100 millones de pesos para la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales, lo cual resulta estratégico y fundamental para la inclusión de zonas marginadas en el país. Adicionalmente, recursos importantes para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los trenes México-Toluca y de Guadalajara, así como 500 millones de pesos para el Metro de la Ciudad de México, todos ellos proyectos estratégicos para elevar la competitividad de nuestro sector productivo. En suma, en materia de comunicaciones y transportes se propone una asignación de 84 mil 628 millones de pesos en este presupuesto fortaleciendo a la infraestructura. Hoy más que nunca, dijo Del Mazo Maza, “requerimos estar unidos, cuidar y fortalecer el desarrollo del país, especialmente en nuestras fronteras”. Por ello, agregó, con el propósito de abatir la pobreza, mejorar las condiciones de infraestructura y fortalecer la calidad de vida de los habitantes de los estados fronterizos, se asignaron 750 millones de pesos al fondo para fronteras. Reconoció que el año próximo será de sacrificios, pero tiene un fin último y es el de preservar la estabilidad económica, mantener las finanzas públicas sanas y con ello posibilitar el desarrollo integral de todos los mexicanos.