Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, diseñó dos programas orientados a garantizar el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad, uno en materia de educación y el segundo en el rubro laboral. El desarrollo e implementación contarán con la colaboración documental de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el ministro presentará el próximo lunes el programa de las políticas y medidas implementadas por el Alto Tribunal para ser inclusivas a las personas con alguna limitante. Dichas acciones, dijo, no pueden limitarse sólo a las dos sentencias en temas vinculados con este rubro, por lo que es necesario trasladarse a políticas de inclusión para estas personas. Explicó que se implementaron dos programas orientados a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 en México se registraron cinco millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, lo que en ese momento representaba 5.1 por ciento de la población. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, abundó, mostró que 45 de cada 100 personas con discapacidad entre tres y 29 años asistían a la escuela, mientras que la tasa de participación económica de la población con alguna limitación era 29.9 por ciento (1.6 millones de personas). Consciente de esa situación, subrayó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de los derechos fundamentales, encontró que su labor no podía materializarse únicamente a través de las resoluciones jurisdiccionales de su conocimiento. Dentro del Plan de Desarrollo Institucional, Aguilar Morales estableció líneas de trabajo, y ubicó aquella relativa a la “Política Judicial de Protección de Derechos Humanos e Impulso al Estado de Derecho”. Asimismo, la búsqueda y establecimiento de condiciones jurídicas y materiales que impidieran la existencia de las desventajas hacia los grupos de gente en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad. Respecto del primero, se realizó una revisión de las condiciones del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional (Cendi) a efecto de maximizar la atención que se brinda a las y los menores de edad, con especial énfasis en niñas y niños con discapacidad, así como desarrollar las condiciones propicias para su inclusión. En materia laboral, se realizó un programa piloto en el cual se sujetaron a concurso 10 plazas de Técnico Administrativo únicamente para personas con discapacidad relacionadas con la licenciatura en derecho. De igual forma, se hicieron estudios de accesibilidad en tres edificios de la Corte, con lo que se logró la mayor cantidad de ajustes razonables en el edificio sede y se sensibilizó al personal que labora en el mismo, entre otras acciones que dará a conocer el ministro el próximo lunes.
La Voz de Michoacán
