Ciudad de México.- “La seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”, afirmó Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien también consideró que dijo que “nuestras Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable”. Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea. Subrayó que si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, “las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social”. Por ello apuntó que cualquier instrumento jurídico que se formule, para dar certeza a sus actores, necesariamente debe tener como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, base de los derechos humanos, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que prevé la Constitución. En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos expuso que es preciso actuar para atender los puntos que más vulneran el sistema de procuración e impartición de justicia y que inciden en la percepción que la sociedad tiene de las autoridades y las instituciones. Asimismo, llamó a fortalecer la voluntad expresada y las acciones emprendidas para abatir la corrupción y la impunidad, propiciando un sistema que dé una respuesta efectiva y real a los planteamientos y necesidades de la sociedad, que se encuentre legitimado y avalado por ella. También, no defraudar lo que la sociedad espera de nosotros, pues “si bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así como permitir la mejor y debida persecución de los delitos. Subrayó que México podrá recuperar la armonía social y la paz, sólo si existe la certeza de que la ley se aplicará de manera imparcial y no será objeto de negociación alguna, con la confianza de que las investigaciones que se lleven a cabo, serán objetivas, integrales y respetarán los derechos inherentes a las personas. Ante el titular del Ejecutivo federal e integrantes del gabinete federal, el titular de la CNDH señaló que el respeto a los derechos humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido el relativo a la seguridad en todas sus dimensiones. Sostuvo que los derechos humanos requieren para su vigencia el cumplimiento y aplicación de la ley, y que el respeto a la dignidad de las personas “es perfectamente compatible con la prevención y persecución del delito, siendo el parámetro que posibilita tal cuestión, el debido y oportuno ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades”. Por graves que sean las circunstancias por las que atraviesa el país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas, recalcó.
La Voz de Michoacán
