Pacto de impunidad

Raúl Castellano

Pues bien, la carrera electoral del 2018 ha comenzado. Por un lado tenemos a López Obrador, que va por una tercera vez, a ver si en esta se le hace; y el PRI finalmente destapó con la vieja liturgia del dedazo presidencial, al Secretario de Hacienda, el apartidista José Antonio Meade Kuribreña.

No hay duda de que se trata de una persona con una sólida preparación profesional y el más capaz de todos los miembros del gabinete de Peña Nieto. Parecía que a Peña Nieto se le habían ido las riendas del control político, ante la intervención de Luis Videgaray, Secretario de Relaciones, que pareció ser el destape mismo, por lo que Peña tuvo que manejar una argucia, diciendo que “todos andan desorientados”, para tratar de desorientar a todos.

Ahora nos falta que el Frente Ciudadano elija a su candidato, que seguramente será Anaya, y con esto, ya estaría completa la baraja. No parece que Margarita Zavala pueda reunir el número de firmas que se necesitan para figurar como candidato independiente, lo que seguramente podrá hacer Jaime Rodríguez, El Bronco, Gobernador de Nuevo León.

Ante el desempeño que pueda tener Meade como Presidente, en caso de que pudiera ganar las elecciones, independientemente de muchas cosa complicadas, como la imparable violencia, para la cual no parece haber ninguna estrategia, debe preocuparnos el Pacto, no escrito, de Impunidad que se ha venido dando entre los Presidentes entrantes y los que fueron, que ha permitido que el que llega, ponga a operar su banda depredadora, en perjuicio del pueblo y del desarrollo del país.

El Presidente saliente, Peña Nieto se ha caracterizado por los innumerables escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto, al igual que algunos miembros de su gabinete y directores de empresas como Pemex. El haber aceptado Meade ser candidato del PRI, sin tener ninguna militancia, y sus ideas políticas más cercanas a la ideología panista, refleja el grado de compromiso para cubrirle las espaldas a quien lo eligió con la vieja tradición priista del “dedazo”.

El descabezamiento de instituciones como la Procuraduría General de la República, la remoción del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, por cumplir con su deber, así como la postergación del nombramiento del Fiscal General, quien deberá tener total independencia, y dejarlo para que sea Meade quien escoja uno a modo, son las evidencias más claras de que, de lo que se trata, es de continuar con ese importante Pacto Político de Impunidad, para un régimen que se destacó por su altísimo grado de corrupción.

Peña Nieto ya había resuelto su problema de protección al abandonar el poder, al nombrar a Raúl Cervantes, Fiscal General por nueve años; sin embargo, nombrar a su carnal, Fiscal General por ese término, fue demasiado para la oposición, que puso el grito en el cielo, y con razón.

¿Hasta que grado podrá llegar la sumisión, la abyección de Meade ante Peña Nieto, para garantizarle impunidad?. Este hombre personalmente valioso, capaz, preparado, ¿podrá llegar tan bajo como para convertirse en cómplice de Peña Nieto, como este lo fue respecto de Calderón?

López Obrador lleva la delantera en las preferencias electorales y podría ganar la elección, si la competencia se diera en terreno plano para todos, mas este gobierno, dictatorial y atrabiliario, utilizará todos los medios a su alcance, para derrotar a su adversario. Ya sabemos, y el caso Odebrecht lo evidenció, como llega dinero sucio, de diversos orígenes a las campañas políticas del PRI. Este caso molestó en demasía a Peña Nieto, porque ese dinero fue utilizado en su campaña.

Muchos se preguntarán si no es posible tener elecciones confiables, y la realidad es que bajo el sistema que tenemos, no es posible. Las autoridades electorales no son garantía para que esto suceda. Otra barrera enorme la constituye la cantidad de pobres que tenemos. Por lo menos, 50 millones de pobres. Gente dispuesta a entregar su credencial de elector a cambio de una despensa o 500 pesos. La enorme desigualdad que hay en nuestro país, con relación a la riqueza, se convierte también en una gran desigualdad para las elecciones, y en general, para la democracia.

Será solo mediante la organización de un gran frente, cuyos integrantes estén convencidos de la gran necesidad de que las cosas cambien en México. Gente que quiera que México progrese, de forma tal, que todos los mexicanos puedan tener un mejor nivel de vida, que se reduzca la enorme diferencia entre ricos y pobres; que México se convierta en un país de oportunidades al erradicar la corrupción desbordada como la que padecemos ahora. Que México sea, en verdad, un Estado de Derecho, en el que las leyes rijan nuestra vida en común y nos protejan cuando actuemos bien y que se apliquen y se castigue a quienes las hubieran infringido. Que la ley no se aplique de manera selectiva, sino que se aplique a todos, sin distinciones de ninguna clase.

Vivimos en un país de política ficción en el que no todo es lo que parece. Vivimos en un país en el que una mafia se ha apoderado de los partidos políticos, que más parecen franquicias otorgadas a los grupos que se han alineado al sistema. Sus dirigentes dominan el quehacer político que casi nunca va orientado a beneficiar al pueblo. Ellos dispones de las “plazas” a cargos de elección popular, que en ocasiones son subastados al mejor postor.

Vivimos un remedo democrático.

No debemos ser cómplices de la corrupción y la impunidad. El país, la gente que lo conforma no merecen tener los gobiernos que hemos padecido. Las cosas deben cambiar y debemos luchar por ellas. El camino es difícil y fatigoso, sin embargo, no debemos rendirnos. Debemos tener un futuro mejor y ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos.