Madrid.- El parlamento español aprobó el jueves el retiro de los restos del dictador Francisco Franco de la basílica donde yace junto a víctimas de la Guerra Civil, una decisión que reaviva el espinoso debate sobre la historia del siglo XX en el país. La moción aprobada por la Cámara Baja también exige recursos para eliminar los símbolos del franquismo y la creación de una comisión para analizar qué ocurrió con los más de 100.000 desaparecidos durante la guerra de 1936 a 1939 y la posterior dictadura franquista hasta 1975. El gobierno conservador de Mariano Rajoy no está obligado a acatar lo que pidió la oposición, que respaldó con un total de 198 votos la propuesta del Partido Socialista. Un diputado votó en contra y 140 se abstuvieron, incluidos los legisladores del oficialista Partido Popular. Una de sus diputadas había denunciado durante el debate que la oposición trataba de hacer un “uso partidista de la memoria histórica”. Además de la comisión para investigar qué sucedió con los desaparecidos, en línea con las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas a España, la moción también pidió al Ejecutivo estudiar la anulación de las condenas de los tribunales del franquismo, entre otras medidas. Pero el punto más controvertido es qué hacer con la tumba del dictador que, desde su fallecimiento en 1975, ocupa el espacio central de un mausoleo que él mismo mandó a construir a 50 kilómetros de Madrid. El régimen franquista concibió el complejo del Valle de los Caídos “con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada” y empleó un número indeterminado de prisioneros para levantarlo. Una cruz monumental de granito de 150 metros preside la cavernosa basílica horadada en la roca que también alberga los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador del partido fascista Falange Española. Muestra de la sensibilidad del tema es que la lápida de Franco solo lleva su nombre, sin títulos, y las flores frescas que la decoran cada día. Se sitúa, eso sí, en un lugar prominente junto al altar de la iglesia. Pero el principal foco de conflicto es que yace junto a casi 34.000 personas de ambos bandos, republicanos y nacionales, que perecieron durante el conflicto, 12.000 de ellos aún sin identificar. El propio complejo es, para los críticos, un anacrónico homenaje al fascismo y un cruel recordatorio de un capítulo oscuro de la historia reciente. Una fundación, gestionada por una agencia estatal, se encarga de mantener el complejo aunque las tumbas del interior de la basílica están bajo custodia de monjes benedictinos. Los defensores del mausoleo reivindican la inviolabilidad del suelo eclesiástico frente a los esfuerzos de los políticos por reubicar los restos. La Fundación Francisco Franco, presidida por su hija Carmen Franco, advirtió que si tratan de exhumar las tumbas dará batalla legal para defender los derechos de la familia y de la iglesia. Su portavoz, Francisco Torres, rechazó cualquier cambio en el sepulcro e incluso la propuesta de dar un nuevo significado al monumento. “No hay mejor símbolo de reconciliación que el Valle de los Caídos, donde se dignifica a los muertos de ambos bandos y donde se permite decir una misa diaria en su recuerdo, que para los católicos es el mejor ejemplo de reconciliación”, señaló Torres. El portavoz rechazó que se compare la tumba de Franco con el tratamiento que se ha dado a otros dictadores en países vecinos. En Portugal, Antonio de Oliveira Salazar fue enterrado en un cementerio municipal de su localidad natal, Santa Comba Dao, donde su tumba ha sufrido ataques de forma regular. Y en Italia el cuerpo de Benito Mussolini emergió en un monasterio después de una década perdido. Su viuda lo enterró finalmente en 1957 en una cripta familiar en Predappio que recibe numerosas visitas cada año. El tratamiento de los restos de Franco y sus víctimas acercan más a España a países como Rusia, que mantiene a Vladimir Lenin embalsamado en la Plaza Roja de Moscú, y a otros que no han llegado a una conclusión sobre su pasado autoritario, dijo Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La asociación busca ubicar e identificar a las 115.000 personas aún desaparecidas. Pero Silva destacó que resta mucho por hacer: desde un directorio de víctimas hasta la búsqueda de reparaciones y la eliminación de cientos de monumentos y referencias a la dictadura todavía vigentes. “Si tú borras la memoria histórica, si todo eso no ha tenido ninguna consecuencia para los verdugos, estamos ensanchando el umbral de impunidad por la que pueden pasar muchas otras cosas”, señaló Silva, para quien todavía existe en España “mucho miedo para enfrentarse al pasado”.
La Voz de Michoacán
