Morelia, Michoacán. Al advertir la problemática de las adicciones, particularmente en la población joven de Michoacán, y la necesidad de contar con espacios que permitan la rehabilitación de estas personas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dio inicio al Programa de Verificación de la Observancia de los Derechos Humanos en Albergues y Centros de Rehabilitación para el Control y Tratamiento de Adicciones. En el municipio de La Piedad el coordinador del Programa Gerardo Andrés Herrera Pérez y el visitador Regional de Zamora, Víctor Villanueva Hernández arrancaron los trabajos en el Centro de Adicciones para Alcoholismo y Drogadicción Nuevo Mundo A.C. El encargado del lugar Michaelle Celis Montoya explicó los procedimientos que se siguen para el ingreso de usuarios a este Centro que tiene una capacidad de albergar a 20 personas y un periodo de tres meses para su rehabilitación, en promedio. Ante el personal del organismo dio conocer que las personas que ingresan a este albergue son en su mayoría por consumo de cristal y marihuana; y en un 30 por ciento de los casos son internadas en contra de su voluntad. A la vez que no cuentan con médicos especialistas para el tratamiento de las adicciones. Acudieron a la revisión personal médico, psicológico y abogados de este organismo, quienes verificaron la operatividad del lugar, la alimentación que se proporciona a los albergados; así como que se encuentre constituido, reconocido, autorizado y registrado de acuerdo a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán. En Michoacán existende 216 espacios de atención a personas con adicciones, de los cuales solo 40 se encuentran registrados ante la Junta de Asistencia Privada (JAP); para efectos de este programa se revisará una muestra representativa de los espacios legalmente establecidos en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán, Huetamo y Morelia. Son 11 los derechos que se revisarán durante la aplicación de este programa: derecho a la igualdad y no discriminación; a la equidad entre mujeres y hombres; a la alimentación de calidad; a la salud; a la libertad de expresión; a la protección de datos personales; a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes; al culto; a la propiedad privada; al esparcimiento; y a un trato digno.