Agencias/ La Voz de Michoacán. El gobierno de Felipe Calderón tuvo la información y no actuó. Por lo menos desde 2010 se reportaron “movimientos inusuales” en las cuentas personales y de las empresas en las que se depositaban recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El principal nombre que sale a relucir en esas operaciones es el de Elba Esther Gordillo Morales, pero no el único. También está el del nuevo dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre. La información de las triangulaciones con el dinero del sindicato pasó por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuando el titular de esta dependencia federal era el ahora coordinador del PAN en el Senado y presidente de esa Cámara, Ernesto Cordero Arroyo. El gobierno Enrique Peña Nieto no descubrió nada nuevo, tomó la información ya existente y fue implacable contra la maestra: La acusó de dirigir “una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Así la presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante la justicia federal y le enderezó dos delitos graves: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”, según el pliego de consignación, al que este semanario tuvo acceso. Con esos cargos, el procurador Jesús Murillo Karam pide una pena que amenaza con tenerla en prisión lo que le resta de vida. De 68 años, Gordillo tendrá que desacreditar las acusaciones que se sancionan con 20 a 40 años de prisión, más una mitad por su condición de servidora pública. La UIF presentó en la PGR una demanda al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE por 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos entre 2008 y 2012, prácticamente durante todo el sexenio de Felipe Calderón; aunque en la consignación la procuraduría aseguró que hubo operaciones dentro del sistema financiero para distraer de sus fines lícitos recursos por cantidades iguales o superiores a los dos mil 466 millones 631 mil 710 pesos con 10 centavos. En su demanda penal la UIF no incluyó a Gordillo y se limitó a señalar a los profesores Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores y a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, a quienes acusa de recibir los recursos de dos cuentas del SNTE para depositarlos en otras, personales y de empresas. La PGR fue la que decidió responsabilizar a Gordillo de ambos delitos al considerar que no sólo conoció las operaciones sino que fue directamente beneficiada. Incluso le adjudica haber dirigido una actuación delictiva como parte de una organización jerárquica. La UIF denunció que las dos cuentas del SNTE utilizadas para las operaciones fueron la 5637017000001663 y la 5637017000003616, abiertas en Banco Santander. Ambas acumulan 77% de las operaciones investigadas, equivalente a mil 976 millones 393 mil 241 pesos con 73 centavos. La cifra es apenas una mínima parte de lo que se manejó en esas cuentas entre 2009 y 2012: Registraron ingresos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos con 20 centavos y retiros por 30 mil 650 millones 107 mil 30 con 84 centavos.
La Voz de Michoacán
