Espaldarazo a ciudadanos que quieren juicio político contra auditor

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Salvador Rodríguez/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La diputada del PRI del Congreso de Michoacán, Yarabí Ávila González reconoció a los ciudadanos integrantes Centro Michoacano de Evaluación (Cemide), en su esfuerzo por hacer valer la transparencia, rendición de cuentas y exigencia al Poder Legislativo para que dé cumplimiento a este mandato.

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Lo anterior luego de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, dejó sin efectos la votación emitida el pasado 8 de marzo, donde diputados de la 73Legislatura desecharon el Dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se declaraba procedente el juicio político contra el titular de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).

La diputada priista reconoció los esfuerzos de los ciudadanos que han exigido cuentas y han solicitado que la función pública sea un instrumento de servicio a los ciudadanos y no a intereses personales o de grupos, por lo que también consideró se debe dar seguimiento a quienes no respetaron la petición ciudadana.

Recordó que en la 73 Legislatura la cual integro, parte de los diputados del PRI entre los que se cuenta, votaron en contra de la decisión de desechar el dictamen, pues consideraban que existían elementos para llevar a cabo el juicio, ahora dijo los ciudadanos en un ejercicio pleno de sus derechos promueven este amparo, el cual no dudo de respuesta la actual Legislatura.

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La diputada local, subrayó que es fundamental llevar a cabo un ejercicio responsable y de compromiso con los ciudadanos del estado, quienes exigen respuesta ante el desfalco que ha sufrido Michoacán en pasadas administraciones estatales con la contratación de deuda pública y de la cual se desconoce su destino.

En este contexto refrendó su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y legalidad, esto al mencionar que desde su trinchera y en congruencia con los principios que enarbola, se dará seguimiento a los casos de omisión y responsabilidades en los que incurran los servidores públicos.