Rogelio Arellano / La Voz de Michoacán. Uruapan, Mich.- Las rigurosas leyes de otros países en materia de inocuidad agroalimentaria, han favorecido en los últimos años a miles de cortadores de aguacate michoacanos, pues aquellas naciones exigen al gobierno mexicano reconocer, mediante certificaciones, las cadenas productivas exportadoras del “oro verde”, incluido este sector, proceso que involucra aspectos en materia fiscal, social y laboral, inercia que a su vez se traduce en favorecer el otorgamiento de prestaciones laborales para los jornaleros agrícolas. De esta forma, en poco menos de una década, han surgido más de 240 empresas certificadas que manejan el ejército de cuadrillas de cortadores, las cuales están registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) mientras otras tantas estarían en proceso, señaló Alejandro Martínez responsable del programa de inocuidad agroalimentaria en el estado por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV). Este tipo de mano de obra ha crecido tan exponencialmente como el aumento de la franja productora pues de unas 10 mil hectáreas que existían hace poco más de tres décadas en dos o tres municipios, principalmente Uruapan, en la actualidad suman más de 180 mil hectáreas en 46 demarcaciones y cálculos conservadores estiman en unos 40 mil los jornaleros agrícolas vinculados a esa labor cuya tendencia es consolidarse como un trabajo especializado sobre todo cuando las cosechas son con calidad de exportación. Por la inercia de estas exigencias en aquellos países, dichas empresas son llevadas a darse de alta ante el fisco mexicano, dinámica que además los conduce a cumplir algunas disposiciones enmarcadas en la Ley Federal de Trabajo, entre ellas registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en menor secuencia ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Ifonavit), entre otras que anteriormente no se brindaban. En el inició del millonario “boom” aguacatero y cuando las exigencias de inocuidad en el extranjero eran poco rígidas, la mano de obra para lograr las cosechas se obtenía literalmente de la calle pues cientos de jornaleros se congregaban en puntos específicos por las madrugadas para ser contratados por capataces o gerentes, por ejemplo la glorieta de la colonia Ramón Farías o su similar de la colonia Casa del Niño, contrataciones que se reducían al pago del jornal desarrollado sin otra prestación marcada en la Ley Federal del Trabajo. Por ser un empleo con riesgos debido a la utilización de escaleras y ganchos metálicos o la necesidad de escalar árboles, en ocasiones de hasta cinco metros o más para la pisca del producto, algunas veces en huertas con superficies irregulares, los accidentes de trabajo son una realidad, incluso por descargas eléctrica pues algunas unidades de producción se ubican sobre el tendido de la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la posibilidad de tocar los cables es uno de esos factores de riesgo. En aquellos años nadie se hacía responsable de estos trabajadores pues tanto productores como empacadores e importadores o comercializadores de aguacate no aceptaban la figura de patrón ya que incluía su obligación de otorgar las prestaciones de ley, por ello surgió la idea de crear empresas certificadas para las cosechas y así se dio vida oficial a este eslabón, más por la exigencia de las normas y protocolos de los países compradores de la fruta, principalmente Estados Unidos, que por acciones coactivas de instituciones mexicanas encargadas de velar por el cumplimiento de la citada ley. Ubicaciones y nombres de las empresas cosechadoras, así como cantidad de empleados además del alta ante al registro Público de la Propiedad con la respectiva acta constitutiva o bien ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son entre otros los trámites obligados de quienes buscan la certificación que otorga el Senasica, organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGRPA), proceso que al cumplirse los coloca en las filas de la élite de exportadores. José Juan Ramírez Trujillo, quien durante más de una década se desempeñó como cortador de aguacate, señala que en la actualidad un jornalero con empleo de base y registrado en una empresa cosechadora certificada, gana diariamente un promedio de 650 pesos además de estar inscrito en el Seguro Social. “Es buen dinero en comparación con los mil 200 pesos que perciben semanalmente los eventuales y peor aun cuando laboran para una empresa no registrada no tienen ninguna prestación”. Con experiencia como migrante en los campos de fresa y naranja en regiones de California (USA), Juan Ramírez quien actualmente labora en una forrajera, expresa que incluso el sistema producto aguacate en los últimos años ha tenido comportamientos similares a las cadenas productivas de aquella nación. “Aquí las jornadas de trabajo son de 8 a 10 horas y cuando la necesidad de cosecha es urgente, se pagan horas extras a razón de unos 100 pesos cada una; es cansado, pero sí conviene y muchos han mejorado ya hasta se puede comprar uno un carrito, claro usado pero de uno”, señala. Precisa que en promedio cada cuadrilla esté compuesta por 10 u 11 personas con su respectivo jefe quien es el responsable del transporte pues las empresas que finalmente los contratan exigen, en su mayoría, medio de transporte preferentemente camionetas las cuales deben estar equipadas con un espacio para enseres de aseo personal, requisito que es la puerta de entrada al mundo de la inocuidad agroalimentaria pues luego viene una serie de capacitaciones para que dominen esta materia. Cofia (gorra), guantes y cubre-bocas es el equipo básico pero además está prohibido laborar con uñas largas o bien utilizar alhajas, además de cumplir normas de higiene básicas en las huertas y los empaques, en cuanto a no consumir alimentos fuera de las zonas de comedores y lavarse las manos antes y después de acudir a la zona exclusiva de sanitarios, incluso tienen prohibido levantar fruta del suelo para incorporarla al producto cosechado adecuadamente. “Todo eso se lo enseñan a uno y pues aquellas cuadrillas que destacan por buen trabajo tienen garantizado el empleo permanente”, señaló el entrevistado. En promedio, dijo, durante un día de trabajo, un cortador, cosecha unos mil kilogramos de aguacate y cuando su cuadrilla pertenece a una empresa cosechadora de grandes empaques, “pues el trabajo es permanente casi todo el año y pues también los pagos y es ahí donde está la diferencia con los eventuales, aunque cada día es más la competencia pero por ahora casi puedo asegurar que el 50 por ciento de cortadores en el estado ya tiene al menos seguro social”. Cabe mencionar que en el caso de los empaques de aguacate de exportación, la mayoría de los trabajadores son mujeres y gozan de las prestaciones laborales, en su mayoría. NOTA RELACIONADA. Uruapan, Mich.- En materia de motivar comportamientos más responsables de las cadenas productivas en términos sociales, la Sagarpa, apenas en agosto del año 2017, profundizo más allá de sus programas de inocuidad o buenas prácticas agrícolas al impulsar el Distintivo Empresa Agrícola Responsable (DEAR) al amparo del eslogan "Bienestar Laboral de los Jornaleros Agrícolas", ello con el fin de mejorar las condiciones del campo así como alcanzar niveles internacionales de competitividad. Durante la presentación oficial de este programa se dijo que al margen de condiciones de competitividad y de productividad, lo más importante era garantizar los derechos de los productores, fomentar, promocionar y capacitarlos en prácticas de bienestar social y sustentabilidad mediante el cumplimiento de los estándares a nivel nacional e internacional en términos sociales. El DEAR es un ejercicio coadyuvante para que las acciones de las entidades estén enfocadas en garantizar que el ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, más allá del asistencialismo y que se conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una productividad social así como acortar las brechas de desigualdad. Estas acciones se fundamentan en estadísticas como el que durante los últimos 20 años, el sector hortofrutícola mexicano ha experimentado un fuerte crecimiento en México y muestra de lo anterior, las exportaciones durante el 2016, superaron los nueve mil 500 millones de pesos generando 1.4 millones de empleos a nivel nacional. De esta forma el DEAR se mantiene vigente y este año se lanzó la respectiva convocatoria para obtener este distintivo, ello con el apoyo de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, El Consejo Nacional Agropecuario y México Calidad Suprema, evento que fue dirigido a empresas hortofrutícolas mexicanas legalmente constituidas, de cualquier tamaño y estado. Se asegura que el DEAR es una herramienta de impacto real para el trabajador que contribuye a mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias a través del cumplimiento con la ley y estándares internacionales, con el fin de apoyar activamente al desarrollo sostenible del sector y maximizar los beneficios sociales y económicos. NOTA RELACIONADA: Uruapan, Mich.- Bajo la inercia de generar entornos para avanzar en la atención hacia el jornalero agrícola, la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se ha sumado de manera vigorosa a escalar peldaños en este sentido y en febrero del presente año asumió la Vicepresidencia de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores) en la persona de su asesor Ramón Paz. De acuerdo al portal de Apeam, este nombramiento se dio en el marco de la asamblea anual para renovar el Consejo Directivo cuya presidencia ocupa Judith Méndez León, del Consejo Agropecuario de Baja California; en tanto el cargo de secretario lo desempeña William Manuel Hedrick Villalobos, del Consejo Agrícola de Baja California y el tesorero es Víctor Aguilar Heredia, de Grupo Colimán. Ahifores es una alianza de integrantes del sector de productos hortofrutícolas, cuyo fin es fortalecer el compromiso de trabajar en pro del fomento y la implementación, a nivel nacional, de programas que eleven la responsabilidad social en las empresas que son miembros, ello en un contexto objetivo y constructivo para generar, con esfuerzos individuales y colectivos de la industria y de las autoridades, alternativas, oportunidades y soluciones que mejoren a nuestro recurso humano y la industria. En su sitio de internet, Ahifores, precisa que aglutina a más del 80 por ciento de los integrantes del sector hortofrutícola de México para fortalecer las buenas prácticas socialmente responsables. NOTA RELACIONADA Uruapan, mich.- De acuerdo al subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta región que abarca 20 municipios, Jaime Heredia, las estadísticas en cuanto al número de afiliados al inicio de este año, señalaban 68 mil derechohabientes de los cuales el 70 por ciento corresponden a trabajadores de las áreas urbanas en tanto el resto corresponden al área rural, principalmente de jornaleros agrícolas, principalmente vinculados con el sector aguacatero. Tras indicar que no se tiene un estimado de cuantos jornaleros del sector aguacatero no estarían afiliados, destacó que la prioridad actual se refiere a labores de acercamiento con los patrones para sensibilizarlos y lograr se brinden los servicios médico-asistenciales por ello se han activado labores de campo, por ejemplo visitas a los centros de trabajo para identificar jornaleros no afiliados. Indicó que a pesar de ser una carga tributaria, existen diversas formas de lograr este objetivo sobre todo alternativas de pago que permiten mantener la rentabilidad de los negocios y en los últimos 5 años la subdelegación ha generado superávit en recaudaciones, pues al cierre del 2013 la captación fue de 460 millones de pesos a través de unos 46 mil cotizantes, cifra que se elevó a los poco más de 760 millones al cierre del 2017 con casi 70 mil cotizantes.
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