Amnistía

Jaime Darío Oseguera Méndez

Gran expectativa ha generado nuevamente la propuesta de campaña que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador respecto del posible perdón a quienes hayan cometido algunos delitos relacionados con el Narcotráfico en México.

Como ave de tempestades, vuelve siempre el Presidente Electo a generar las controversias innecesarias, en vista de que aún falta más de un mes para tomar protesta como nuevo Presidente y ya se percibe un desgaste importante por el sobre calentamiento de los temas que serán polémicos durante los siguientes años en México.

La idea original ha sido que, a través de esta nueva decisión política, se pretende pacificar, acabar con las pugnas entre los diferentes grupos que se disputan palmo a palmo el territorio para llevar al cabo sus actividades ilícitas.

El narcotráfico se volvió un volcán de violencia cuando las ganancias del mismo se multiplicaron por el alto consumo de estupefacientes entre nuestros ciudadanos, particularmente jóvenes. Así que vale la pena saber si se tiene un diagnóstico claro de este asunto, porque si sólo se quiere perdonar a quienes cometieron determinado tipo de conductas, sin ver las causas del problema, estaremos de entrada ante una posible decisión fallida.

Un problema de esta naturaleza, no merece ver nacer leyes muertas. Su trascendencia es tan alta, que eventualmente compromete la viabilidad misma de nuestro país en el futuro inmediato. El argumento general de la propuesta que esta semana volvió al debate nacional, es que buena parte de la violencia que se tiene en el país se debe a esta lucha entre criminales, quienes abusando de su talante agresivo y la penetración con diferentes niveles del gobierno, reclutan a jóvenes que no estudian ni trabajan y que son carne de cañón en esta escalada de destrucción de nuestro tejido social.

Está documentado que el grueso de los homicidios violentos y eventualmente relacionados con este tema se cometen contra jóvenes, con bajos niveles de escolaridad y pobres, de niveles de ingreso muy incipientes.

Otorgar un perdón quienes por necesidad, engaños o hasta en contra de su voluntad participaron en el trasiego de droga, sin involucrarse en otros delitos, implica reintegrarlos a la comunidad para que en lugar de estar encarcelados, puedan ser productivos y vivan su libertad para beneficio del país.

Exactamente ese es el punto, si la propuesta no está acompañada de una política muy clara de crecimiento económico, no va a funcionar. Siempre he estado en contra de criminalizar a la juventud, pero vemos diariamente ejemplos de jóvenes que después de haber cometido delitos del orden común, se les otorgan los beneficios para obtener su libertad y de inmediato vuelven a delinquir.

La juventud, es cierto no debe estar en las cárceles, sino en las escuelas; si este gobierno entrante logra hacer realidad esta propuesta, habrá transformado en definitiva al país. Mientras eso sucede resulta agraviante, caro para la sociedad y muy preocupante que vayan a liberar a individuos jóvenes o adultos que son parte de una cadena de posiciones en el ciclo del narco.

Lo que se tiene que hacer el romper la cadena completa, no reemplazar los eslabones. No sé sí legalizar la producción de heroína resuelva el tema de la violencia, pero estoy seguro que no resuelve la situación de pobreza y marginación en estados como Guerrero. La amnistía tiene la idea de beneficiar a campesinos que han sido atrapados en la red del narco, pero la violencia en Guerrero por ejemplo, tiene más que ver con cacicazgos históricos y tolerados que con el narco en sí mismo.

El tráfico de estupefacientes de hecho florece ahí donde el control de la autoridad se encuentra en manos autoritarias, violentas y corruptas. La amnistía es un concepto que se refiere al perdón de las penas impuestas por el Poder Judicial, el Estado en general, ante delitos selectos. Se entiende que será para los involucrados por necesidad y no para quienes hayan cometido otro tipo de delitos.

Tendría que haber una ley, que pase por el Congreso de la Unión y se referirá en todo caso a delitos federales porque en el fuero común cada estado tiene sus propios Códigos Penales. Seguramente se refiere a individuos que ya están detenidos, pero también sujetos a proceso y sentenciados y puede ir dirigida a quienes no han sido detenidos o se encuentran como tal prófugos de la justicia.

Habrá que esperar pero creo que hay varios conceptos que se confunden. Al hablar de un proceso de paz y reconciliación parece que nos remite momento posterior a una guerra civil y eso no ha sucedido aquí. Las cifras nos dicen que en realidad vivimos drama y horrores más cruentos que en muchas guerras civiles, medidos por el número de muertos, pero no tenemos una.

Es decir, no hay facciones enfrentadas por problemas políticos, derivados de asuntos étnicos, religiosos o estrictamente ideológicos. Si una amnistía beneficia a los violentos, a los capos del narco y a quienes no necesariamente son víctimas del problema, el gobierno duplicará los niveles de violencia en muy poco tiempo. Falta ver si hay además una política de atención y cuidado hacia quienes son víctimas de la violencia respetando sus derechos humanos. En las leyes de amnistía siempre hay una alternativa restitutiva también para quienes cometieron delitos.

Por el número que son, va a hacer falta una nueva fase de la Reforma Agraria en el país. La amnistía provoca expectativas a futuro. Cuando hay un perdón hoy, se genera la posibilidad tentativa de que se repita el día de mañana y eso es un incentivo para cometer la conducta ilícita. La amnistía a productores de marihuana por ejemplo, tendría que estar acompañada de su despenalización con todas las implicaciones que una decisión así tiene en el ámbito de la salud pública.

En fin, falta ver como se materializa una propuesta de Ley para la pacificación y reconciliación y conocer qué entiende el nuevo gobierno en este sentido. Parte del planteamiento había sido escuchar a las víctimas a través de los foros que se llevaron a cabo en varios estados de la república y que se han suspendido porque el coraje, la ira, el resentimiento y la desesperación de quienes representan a las víctimas, desaparecidos y sus familiares, rebasó las expectativas del nuevo gobierno.

De diciembre en adelante la nueva administración tendrá que ofrecer las soluciones y respuestas en los asuntos relacionados a todos los delitos tan agraviantes que en conjunto constituyen este fenómeno de la violencia que nos castra como sociedad. Termino diciendo que la violencia no es un problema legal, sino social. Por lo tanto no se acaba con leyes sino con decisiones que eliminen los fenómenos de la corrupción, la pobreza y la marginación. Si es cierto, las leyes ayudan; la buena voluntad también, pero esta realidad que nos consume es simplemente demasiado dramática para pensar que el perdón a unos cuantos nos va a devolver la tranquilidad. Ojalá que sí ayude.