El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordó sancionar la PGR por incumplir con la resolución del pleno en la que le instruyó abrir la averiguación previa del caso Odebrecht. En la sesión de ayer el pleno aprobó imponer una multa, todavía por definir, al Agente del Ministerio Público de PGR al no cumplir con la resolución del Instituto. El Inai requirió al Superior Jerárquico del MP de PGR para que ordene el cumplimiento de la resolución emitida en un plazo de cinco días, con la advertencia de que si no se acata la determinación se le aplicará también una medida de apremio. El Pleno del Inai también determinó instruir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer efectiva la medida de apremio y dar vista al Órgano Interno de Control de la PGR, para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes. El pasado 2 de octubre, el Inai ordenó a la PGR dar a conocer una versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público federal involucrados la averiguación previa abierta por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción y sobornos del continente. La mayoría de los comisiones explicaron que en este caso se privilegió el principio de máxima publicidad y el interés público de la sociedad a conocer las dirigencias de los MP federales en este escándalo de corrupción que sacudió a todo el continente, y en el cual podrían estar implicados funcionarios públicos mexicanos. Un ciudadano solicitó a la PGR el número de averiguaciones previas o expedientes abiertos por el caso Odebrecht, los delitos por los cuales se habían abierto esos expedientes y la versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público federal involucrados en los expedientes. En su respuesta la PGR informó que cuenta con una carpeta de investigación en trámite, la cual se inició por los delitos de cohecho y enriquecimiento, pero no podía proporcionar la versión pública de las actuaciones de los ministerios públicos porque forman parte de la investigación que está en trámite. El comisionado Oscar Guerra Ford aseguró que si bien las carpetas de investigación en trámite actualizan la causal de reserva de información y que no se podía invocar la excepción cuando se trata de reserva a delitos relacionados con la corrupción, sin embargo, el ciudadano tiene un interés de conocer conductas presumibles sobre actos de corrupción en el caso Odebrecht. “Dónde están involucrados servidores públicos, y un ex servidor público de relevancia como lo es un extitular de Pemex (Emilio Lozoya Austin)… por lo que resulta de gran interés público conocerla y dicho interés debe prevalecer frente a los derechos de presunción de inocencia, protección de datos, imagen y honor del servidor público”. La comisionada Patricia Kurczyn dijo que en este caso se ponderó que existe un interés público mayor por conocer la información frente a su reserva, ello para atender el reclamo social de combate a la corrupción a nivel internacional y a nivel nacional con más fuerza e interés. La corrupción es una lacra que se combate con mayor fuerza e interés y nos sumamos como personas y autoridades a esta lucha, así es evidente la necesidad de abrir cualquier tipo de información con la más leve sospecha de acciones corruptas”. El comisionado Joel Salas aseguró que conocer la información que está consignada en las averiguaciones previas y quizá, a partir de esa apertura, se podrá tener una evaluación del desempeño de la PGR sobre Odebrecht, en un caso emblemático de una red de corrupción global. “El objetivo mayor es conocer la información de esas averiguaciones y quizá a partir de esa información que se tendrá en versión pública, se podrá tener una evaluación del desempeño de la PGR, una institución fundamental, sobre un caso emblemático que ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional y ha sido un caso representativo de una red de corrupción a nivel global”. El comisionado presidente del Inai, Francisco Acuña Llamasafirmó que el interés público fue fundamental para abrir un asunto que ha sido indudablemente central en la discusión de los últimos años en la vida pública de América Latina, que ha causado estragos políticos y de responsabilidades penales en la región.
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