Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz En la historia de éste país, los espacios para la discrecionalidad, la impunidad y la corrupción,han lastimado a la sociedad, perjudicando de manera sustantiva el ejercicio transparente de la función pública, desvirtuando sus objetivos, sus principios y el carácter instrumental que debe tener para garantizar la conviencia pacífica y solidaria de los diferentes sectores de la sociedad. El reclamo ciudadano para erradicar la corrupción, hoy adquirió un punto de contacto fundamental para ordenar e impedir que la impunidad siga haciendo de las suyas contra el interés público nacional y en menoscabo de la rendición de cuentas sobre los actos, conductas y ejercicio de los recursos públicos. A lo largo de estos años, el régimen presidencialista, esperemos ya plenamente agotado, lesionó la construcción de ciudadanía. Los intereses de una clase política, subordinaron anhelos, sueños y aspiraciones para la consolidación de un verdadero régimen democrático; la gobernabilidad se sustentó en un molde patrimonialista y arquetípico de las sociedades cerradas y tradicionalistas, ya que así se beneficiaba un concepto de hegemonía, donde la dominación descansaba en el papel preponderante de las elites, blindadas por un sinnúmero de privilegios que permitían, en muchas ocasiones, actuaciones al margen de la ley y de los valores más emblemáticos del servicio público. Los oídos sordos a la exigencia ciudadana de eliminar los privilegios y poder participar activamente en la construcción de las polìticas públicas en sus tres órdenes, debilitaron los niveles de consenso y aceptación de las decisiones gubernamentales. Ante la ausencia de un sistema eficaz de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de las tareas públicas, se medró la confianza y se promovió una enorme falta de credibilidad en las instituciones y en la política. Es por ello que, el cambio de règimen polìtico debía provenir del factor decisiorio, del poder delegado, directo y vinculante de la ciudadanía para exigir cuentas, eliminar privilegios y revocar el mandato de autoridades que han debilitado su calidad moral y su capacidad para mandar obedeciendo. Por eso el descrédito del servicio público. Por eso el enojo, la frustración y la desconfianza de la gente hacia los políticos, sabedores de que el fuero protegía de manera indecorosa y carente de toda ética pública al Presidente de la República, legisladores, gobernadores, magistrados, consejeros electorales, y todo aquello que estipulaba una norma displicente que, sin duda,trajo como consecuencia que la exigencia de la gente para eliminar los privilegios y sacar de su zona de confort a la clase política, se convirtiera en un reclamo generalizado.El 1º de julio la sociedad emitó un amplio voto de rechazo contra la impunidad, la corrupción y los privilegios. No más ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera. Todos tenemos un gran compromiso con la sociedad; más allá de ideologías y colores, hay que estar a la altura de las circunstancias y abrir de tajo las puertas que insesamente tocó la gente desde hace muchas décadas en busca de ser escuchados. Hoy, como ciudadanos, debemos asumir el anhelo histórico para transformar y erradicar la red de privilegios e impunidad que se establecíó en el régimen presidencialista. En este momento histórico para el país, ciudadanos y servidiores públicos, todos, tenemos el gran reto de ser respetuosos y tolerantes de las diferentes formas de pensar, siempre y cuando, eso no implique dar la espalda nuevamente al reclamo legítimo de las y los mexicanos, privilegiando intereses particulares o de grupo, por encima de los intereses supremos de la colectividad. El reto será que todos, impulsemos una nueva legislación donde los servidores públicos se encuentren al servicio de la gente, sin privilegios, sin distingos, haciendo de sus anhelos y aspiraciones una realidad concreta y esperanzadora. Nadie por encima de la ley, nadie puede estar excento de la atmósfera generalizada de la aplicación del estado de derecho.La norma debe ser pareja, sin excepciones ni distinciones, privilegios o procedimientos especiales de ningún tipo. A diferencia de aquellas reformas que se hacían para que todo siguiera igual, hoy es pertinente que de la mano de la sociedad, todos jalemos en un mismo sentido; el nuevo rediseño institucional debe ordenar y dar rumbo a la nación. No se puede permitir que ante el proceso de cambio, continue habiendo mexicanos de primera, de segunda o de tercera. Los principios de justicia e igualdad social deben ser, de una vez por todas una realidad. *Abogado; Maestro en Economía y Gobierno, con estudios de Maestría en Sociología y Derecho Fiscal; Candidato a Doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo; actualmente es Diputado Federal a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión.
La Voz de Michoacán
