Redacción/La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El gobierno, que comenzó el 1 de diciembre, en realidad había funcionado desde meses atrás. Integró a su equipo de trabajo desde la campaña, tomó decisiones relevantes antes de llegar, propuso iniciativas legales aprovechando su mayoría en el Congreso, entre otras cosas.

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1. Tendremos disciplina en las finanzas públicas… al menos al principio

De acuerdo con la información que existe, la propuesta fiscal para 2019 se caracterizará por preservar la disciplina de las finanzas públicas. Esto se reflejará en la programación de un superávit primario de 1 por ciento del PIB.

Las cifras estimadas para el cierre de 2018 indican un saldo superavitario de 0.7 por ciento del PIB, por lo que el resultado de 2019 implicará mayor disciplina fiscal que la de este año en el gobierno de Peña.

AMLO es un conservador fiscal, a pesar de que hay algunos que lo describen con la imagen de populista, suponiendo que va a hacer uso del gasto público de manera laxa para llevar a buen término sus propósitos.

Si AMLO pudiera hacerlo, pero sin alterar la disciplina del gobierno, seguro que lo haría. Sin embargo, al tiempo que tiene una tendencia que lo conduce a proponer programas sociales de diversa índole, también le disgusta que los gobiernos se endeuden.

En su periodo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hubo un crecimiento moderado de la deuda, aunque debe decirse que, en ese caso, requería autorización del Congreso federal.

Para conocer la perspectiva fiscal de mediano plazo será necesario conocer la programación multianual de las finanzas públicas, incluyendo las estimaciones del superávit primario durante toda la gestión de AMLO.

2. La relación de AMLO con los mercados financieros será compleja.

A diferencia de otras administraciones del pasado, que eran plenamente conscientes de la importancia de una buena relación con los mercados financieros, en el caso de AMLO no hay esa percepción. De hecho, existe la idea de que los mercados no deben condicionar las decisiones de las políticas públicas.

Esa percepción no es compartida por integrantes clave del equipo económico, particularmente de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Urzúa, y tampoco por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quienes dentro del gobierno insistirán en el gabinete en tomar en cuenta la reacción de los mercados a sus decisiones.

A lo largo de la gestión de AMLO veremos seguramente una tensión permanente entre quienes son indiferentes al efecto que las medidas de política pública tienen en los mercados y quienes están muy preocupados por ese impacto.

3. Habrá una reestructuración profunda del gasto público

Tal vez, como nunca antes, tendremos un proceso de reestructuración profunda del gasto público. Habrá un incremento de la inversión pública, que a lo largo de la administración de Peña Nieto cayó fuertemente. Los recursos para fondear ese aumento saldrán de la reducción de los gastos de operación del sector público. Se aprecia ya en toda la administración federal una fuerte compactación de estructuras y una sensible reducción de personal.

Además, la baja de salarios y prestaciones de los servidores públicos también permitirá ahorros. Otra fuente importante de dinero derivará de la cancelación de programas sociales en los que hay duplicaciones o uso ineficiente de los fondos públicos.

De hecho, en la historia de la administración pública mexicana será la primera ocasión en la que haya una reducción de estructuras públicas de modo importante.

4. La reforma energética en hidrocarburos se limitará, pero no se cancelará.

De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el gobierno de AMLO ya no seguirá licitando bloques de hidrocarburos, ni para exploración ni para extracción. Aunque hay algunos integrantes del equipo económico que señalan que sería conveniente seguir con ellas, funcionarios clave de la Secretaría de Energía, empezando por su titular, Rocío Nahle (y lo más importante, el propio AMLO), rechazan que continúen. Sin embargo, hasta ahora no existe la intención de revocar los contratos de los bloques ya asignados.

En consulta con algunas empresas, hay varias que están considerando la posibilidad de desistirse de realizar los proyectos comprometidos anteriormente, asumiendo las pérdidas de las inversiones realizadas debido a la circunstancia de incertidumbre que prevalece en tan importante sector.

El objetivo que persiguen es no invertir más para no poner en riesgo mayores recursos. En cualquier escenario, las perspectivas para la reforma energética en hidrocarburos implican un freno en el mejor de los casos y en el peor, una lenta extinción.

En contraste, es probable que Pemex reciba en los siguientes años importantes inyecciones de recursos adicionales que le permitan incrementar su actividad de manera relevante.

5. Habrá al menos una primera etapa de desconfianza por parte de los inversionistas privados.

La cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco marcó un antes y un después en el tema de la confianza de los inversionistas en la nueva administración de López Obrador, pues hubo la percepción de que hay riesgo de que proyectos acordados en el pasado puedan ser terminados discrecionalmente, así sea en el marco legal de lo que permiten los contratos suscritos.

Con información de el portal El Central.