El Universal/La Voz de Michoacán El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, no habrá nuevos impuestos, gasolinazos, ni aumentos a los gravámenes vigentes. A través de una posición oficial del documento avalado la madrugada del pasado lunes en San Lázaro, se informó que la distribución del gasto público se orientará bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción. En este sentido, los diputados de Morena votaron a favor de un Presupuesto en el que no habrá ni un peso para “moches” y se garantizará que los recursos de los 25 programas sociales prioritarios lleguen directamente a los beneficiarios. El PEF 2019 brinda al gobierno federal un gasto de 5 billones 838 mil millones de pesos para 2019, y la prioridad será el bienestar de la población y de las familias mexicanas. Se indicó que se eliminaron las pensiones a los ex presidentes, los altos salarios de los servidores públicos, el derroche y los dispendios; asimismo se redujo el presupuesto en la mayor parte de las dependencias del Gobierno Federal. También disminuyeron los recursos en la totalidad de los ramos autónomos como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En este Presupuesto se establece que el financiamiento de los proyectos prioritarios será posible a partir de los ahorros obtenidos en servicios personales y en los gastos de operación de los ramos administrativos, así como de la revisión de los programas sociales existentes. Durante la discusión del proyecto de PEF se aprobaron algunas reservas, entre ellas una modificación al Anexo 23.5.2, a fin de fijar las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entraron en funciones desde 2010. Uno de los puntos destacables del PEF es la austeridad republicana, la cual se refleja en el nivel de gasto propuesto para servicios personales y para gasto de operación de las dependencias de la Administración Pública Federal. También se aprobó otorgar mayores recursos a la Secretaría de la Función Pública para que disponga de las herramientas necesarias a fin de investigar la conducta de todos los servidores públicos, con imparcialidad e independencia.
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