Maricruz Rios/La Voz de Michoacán Morelia. Representantes del sector empresarial y organismos de profesionistas en Michoacán anunciaron la instalación de un Frente Único contra el incremento y la creación de nuevos impuestos en la entidad, por lo que hicieron un llamado a la sociedad en general para interponer un amparo colectivo o particular ante el Poder Judicial de la Federación con el propósito de impugnar su reciente aprobación en el Congreso del Estado, con miras a cobrar la nueva carga tributaria a partir de 2019. Las asesorías legales para el amparo que se hará por medio del frente serán gratuitas, en caso de que se quieran hacer de manera particular, se tendrá que pagar al abogado por cada una de ellas, especificaron, por lo que la iniciativa privada puso a disposición su equipo legal para armar un amparo colectivo sin costo alguno para los quejosos. La iniciativa fue convocada por el Sindicato Empresarial Michoacano en conjunto con los colegios de Enfermeras, Notarios y Abogados de Michoacán, así como cámaras empresariales del estado, amén de posicionamientos previos individuales que habían presentado diversos líderes de la iniciativa privada en contra de lo que consideraban un “abuso” y una “injusticia”. El proyecto de amparo se dio a conocer a pocas horas de que el Congreso del Estado aprobará el Presupuesto de Egresos e Ingresos en Michoacán para 2019, en el cual se contemplaba, prácticamente ‘mayoriteado’ de antemano, incrementar el Impuesto a la Nómina del 2 al 3 por ciento (50 por ciento de aumento), mismo que se creó hace quince años para depositar la recaudación en un cuenta que posteriormente se usaría para potenciar proyectos productivos, “sin que hasta el momento el paradero del capital que se reunió durante dicho periodo”, manifestaron en rueda de prensa los convocantes. Aseguraron que también se pretendía aumentar el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) del 2 al 3 por ciento (50 por ciento de incremento), pero hasta el momento el gobierno del estado tiene una deuda con el sector hotelero, puesto que la carga fiscal se creó para dirigir lo recaudado a un fideicomiso y usar el recurso para la promoción turística del estado y de los hoteles que aportan a la carga tributaria, pero la administración estatal tiene adeudos con este sector desde el cierre del año pasado, “por lo que primero se tiene que aclarar en dónde está el recurso, como un certeza de que se usará en lo prospectado”. En este sentido, se recordó que entre otros impuestos que se pretende imponer para el año que entra se encuentra la carga del pago por el uso de la cédula profesional, por el orden del 2.5 por ciento; la carga de impuesto del 6 por ciento al millar en derechos societarios ante el servicio del notariado michoacano, así como el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles del 2.5 por ciento (renta). En su participación, el presidente del Sindicato Empresarial Michoacano, Agustín Rebollar Cruz, compartió que no desconocen la triste realidad económica del estado. Sin embargo, señaló que la solución no está incrementando las cargas impositivas, impuestos, derechos y otras obligaciones. “No deben ser los sectores que producen, los que aportan al crecimiento económico los que tengan que pagar más impuestos”, aseveró el presidente del sindicato, quien agregó que la acción de incrementar la carga fiscal “lo único que demuestra la incapacidad para operar la administración estatal”, por lo que recordó que desde hace meses han insistido en que toda la sociedad debe estar incluida en el diálogo para la búsqueda de soluciones en pro de la entidad. Bajo este orden de ideas, Daniel Mora Ortega, presidente del Colegio de Abogados en Michoacán, comentó que, en primera instancia, el gobierno del estado no debe crear dos impuestos sobre el mismo concepto. “Es decir, el Impuesto Sobre la Nómina cumple con las misma atribuciones recaudatorias del Impuesto Sobre la Renta, y este último es de nivel federal”, sin contar que varios profesionistas todavía que pagar un impuesto para el uso de la cédula profesional en su profesión, explicó. Declaró que el incremento en dos cargas fiscales así como la creación de otras tres lo único que generará es un daño en la economía del estado, y “dará pie a que menos personas quieran formalizarse, por el alto porcentaje de impuestos que se deberán pagar” a partir del 1 de enero del 2019. En la actualidad son alrededor de 35 mil empresas con 430 mil empleados los que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que serán los empleados y patrones formales quienes resientan esta carga, lo que va en contra en de las medidas tomadas en conjunto por la administración estatal y la del expresidente Enrique Peña Nieto con el fin de promover la generación de plazas formales en la entidad. “Hace quince años se prometió que el Impuesto Sobre la Nómina se destinaría a una cuenta para que posteriormente se usará para la creación de programas en pro del desarrollo económico del estado, pero después de tres quinquenios no se sabe en que se ha usado, el dinero simplemente desapareció o se que destinó a otros rubros, menos para que se creó”, manifestó Daniel Mora. Bajo esta misma línea, la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Teresa Maldonado, señaló que “los ciudadanos pensamos que las cosas cambiarían, pero es algo que al parecer no ocurrirá con la carga fiscal que se quiere implementar” y aseguró que las acciones que se tengan que hacer, en materia de austeridad, deben ser para el bien del pueblo, no para el bien del gobierno. “Nosotras consideramos que el incremento en los impuestos que se pretenden hacer para el siguiente año sólo dañará a la economía del estado, porque la recaudación adicional que se hará para el 2019 será a costa de la misma clase trabajadora, la que siempre paga. Mientras que los que están en el renglón de la informalidad seguirán sin aportar ni un peso”, afirmó tajante durante el encuentro con medios de comunicación. Por ello, agregó que la administración estatal debería de buscar otras estrategias para aumentar la recaudación de ingresos, como disminuir los gastos onerosos que se hacen, reducir de manera importante el aparato burocrático, “porque no es posible que tengamos tantas personas viviendo de los ciudadanos cuando no están trabajando para los ciudadanos”. En este sentido, vale la pena destacar que, mediante un posicionamiento oficial emitido el sábado por la noche, el Gobierno del Estado anticipó que se daría de baja a 184 empleados de confianza para un ahorro anual calculado en 90 millones. Las nuevas cargas tributarias, analizan, deberían aportar más de 460 millones de pesos en 2019, con miras a subsanar los recortes a Michoacán en programas federales o de concurrencia. Finalmente, todos los sectores que se manifestaron la mañana del domingo coincidieron que en lugar de generar las condiciones para el desarrollo económico del estado, la administración de Silvano Aureoles Conejo sólo estará inhibiendo las oportunidades para la atracción de capital, puesto que los empresarios buscarán otros lugares en donde depositar su dinero ante política pública más lesiva en cuestión de cargas fiscales, además de que recalcaron que mientras que la política del gobierno de la República Mexicana es incrementar el salario mínimo para beneficiar a la clase trabajadora, así como la no creación de impuesto e incluso la disminución de los mismos en algunos estados del norte para incentivar el emprendimiento, en la entidad se está haciendo lo contrario. En total, el Gobierno del Estado propuso la creación de siete nuevos impuestos -tres medioambientales, dos de servicios profesionales y uno más notarial-, así como un aumento del 50 por ciento en otros dos ya existentes, el Impuesto sobre la Nómina y sobre el Hospedaje. 2 al 3 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina para 2019 2 al 3 por ciento del Impuesto Sobre el Hospedaje para 2019 2.5 por ciento de impuesto por el uso de la cédula profesional 6 por ciento al millar en derechos societarios ante el servicio del notariado michoacano 2.5 por ciento de impuesto por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles
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