Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz La educación es un factor que favorece la igualdad social. José Vasconcelos El tema educativo constituye una cuestión fundamental para el desarrollo de un país que, históricamente ha experimentado grados muy elevados de desigualdad social, una inequitativa distribución del ingreso y una concentración excesiva de la riqueza en pocas manos. A lo largo de la historia internacional, se ha demostrado que las sociedades que dirigen una parte significativa de su gasto e inversión pública al renglón educativo, son comunidades sólidas, cohesionadas, que favorecen la inclusión, el desarrollo de las personas y el capital humano. Hace unos años, se llevó a cabo una reforma educativa que no tomó en cuenta a nadie, se perdió la gran oportunidad de escuchar a los verdaderos expertos en el sistema educativo nacional, a quienes todos los días sufren y luchan por encontrar la fórmula que le permita al país, tener mejores resultados en las pruebas educativas a las que someten a nuestros niñas y jóvenes. Por ello, en este cambio de régimen político que ha propuesto el Presidente de la República, se propone corregir los criterios sancionadores y persecutorios de aquella mal llamada reforma educativa e incorporar principios que permitan aspirar a contar con una educación de excelencia. La educación, señala la UNESCO, “transforma vidas y permite consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La educación, es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida, y el acceso a la instrucción debe ir acompañado de calidad”. La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, propone establecer en primer plano, el reconocimiento de la función magisterial y establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas y en todos los demás campos que conforman el sistema educativo. Asimismo, pretende garantizar la educación gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel superior, estableciendo un acuerdo fundamental con padres de familia y los maestros, quienes podrán participar dentro del nuevo modelo educativo y en la orientación de las políticas públicas en la materia. Finalmente, en la reforma que propone el nuevo gobierno, se incorpora la figura jurídica de interés supremo de la educación para las niñas y jóvenes, lo que busca renovar la arquitectura jurídica del estado mexicano, resguardando la tutela del aparato gubernamental en este tópico central para el desarrollo integral de la nación. No sabemos cuál será el desenlace final de esta propuesta, lo que sí ha quedado de manifiesto es que hoy, a diferencia de lo que pasó en la pasada propuesta de reforma, se están escuchando a los expertos en este tema; por la vía del parlamento abierto en su modalidad de audiencias públicas, se permitió expresar y sugerir a docentes, representantes sindicales, académicos, estudiosos, rectores y a la sociedad civil en general, sus propuestas para enriquecer el debate que en breve se dará en las comisiones parlamentarias de Educación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo Federal y posteriormente de ser aprobada en las legislaturas locales; ello por sí mismo, ya implica un gran avance para configurar un dictamen que recupera todas las inquietudes respecto a este tema fundamental para lograr un mejor país para todos. En este proyecto, el gran reto será la formación de un nuevo paradigma que le dé a México una nueva institucionalidad, y la construcción de nuevos caminos para el fortalecimiento de un verdadero estado social, democrático de derecho, que privilegie el compromiso social y la formación de nuevas generaciones con los instrumentos y conocimientos suficientes para competir en un mundo cada vez más exigente, llegó la hora de contar con una educación de excelencia para todos.