El Universal/La Voz de Michoacán Mérida. El aborto no es una cuestión de ideología, moral y mucho menos religiosa, "sino un problema de salud pública y de derechos humanos, de reconocer el derecho que las mujeres tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo, y las mujeres que son más criminalizadas son las más pobres", aseguró Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse). Lo anterior debido a que "no hay una igualdad de acceso a los servicios, ni siquiera por las causales que están consideradas en el código penal, y que les da esa posibilidad a las mujeres de acceder a servicios públicos seguros y de calidad. "Hay obstáculos, hay negativas, y además es una imposición cultural de la maternidad hacia todas las mujeres", estableció. Declaró en torno a la frase de que "la maternidad debe ser deseada", y por lo tanto las mujeres requieren tener información y educación integral de la sexualidad que les permita decidir. "Esto tiene que ver más que si es o no el aborto, sino con políticas públicas que atienda la salud sexual y reproductiva de todas las personas, pero en particular de las mujeres, que tengan educación, información y acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos", mencionó. Asimismo, señaló que se debe tener acceso, en los casos de delitos sexuales, a la atención integral. "En caso que se dé, es necesario tener el acceso a la interrupción del embarazo como se señala en el marco normativo, entonces no es solo si se modifica o no, sino que tiene que ver con toda una política pública que abarque la vida sexual y reproductiva de las mujeres", recalcó. De igual forma, Ojeda Sosa mencionó que en Yucatán no hay cifras de estos casos, ya que no hay registro "porque cuando no queremos ver un problema lo que se hace es invisibilizarlo, y mientras no nos atrevamos a ver la problemática no se pueden implementar estrategias adecuadas para atenderlo". Manifestó, entre otras cosas, que hay muchos casos de niñas y adolescentes que quedan embarazadas por una violación y no tienen acceso a la interrupción por desconocimiento o, lo peor, por negativa u obstaculización de quienes deben prestar el servicio y, por lo tanto, se les impone una materialidad derivada de un hecho delictivo que impacta de manera negativa en todo su entorno.
La Voz de Michoacán
