Arturo Molina/La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán. Entre el 2018 y los primeros meses del 2019, un total de 74 casos de delitos como robo y asalto que han sido imputados directamente a prestadores del servicio de transporte público a nivel estado. Debido a que se tratan de carpetas de investigación que siguen abiertas, los datos aún son reservados, explicó la Fiscalía General del Estado de Michoacán que, sin embargo, manifestó preocupación sobre el tema, pues pese a diversas medidas que han establecido tanto la Cocotra como transportistas, la problemática de la inseguridad en el transporte público o con sus choferes, persiste. Una de las condiciones que habrían propiciado el uso de unidades del transporte público en acto delictivo estaría relacionada al constante pirataje en las unidades, explicó la dependencia a cargo de Adrián López Solís: otras razones que se han atribuido a esta problemática son los bajos ingresos de los taxistas y choferes no dueños de la concesión, así la invasión de concesionarios de taxistas de otros municipios en zonas urbanas de mayor densidad. A petición expresa de esta casa editorial estadísticas detallas, la Fiscalía justificó que no se cuentan con datos disponibles para contrastar si las cifras de la participación de transportistas en actos delictivos han aumentado o se ha mantenido respecto a otros años, aunque sí reconoció que el problema, en general, persiste. Y es que, en la mayoría de los casos, al ser únicamente usados como método de escape, no se reporta como tal la incidencia delictiva asociada a estos vehículos o sus choferes. Al respecto, la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) del Estado argumentó que no ha detectado irregularidades en torno a esta situación. Incluso aseguró que en los últimos años tampoco han dado de baja concesiones por uso de unidades en actividades ilícitas, que es una medida que se tiene en cuenta estipulada como normativa en caso de que se detecte a un chofer o vehículo operando en actividades delictivas, ya sean relacionadas o no directamente con el servicio de transporte público. A decir del director de la dependencia, Marco Antonio Lagunas Vázquez, la Cocotra ni siquiera cuenta con un registro en forma de este tipo, únicamente cuenta con procesos administrativos, en tanto que cualquier tema delictivo es atendido directamente por la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de la República. Una eventual cancelación o suspensión de un permisionario tendría que venir acompañada de una petición de alguna de las dependencias citadas anteriormente. Modus operandi Recientemente, en la calle Plan de Ayala, en la zona Centro de la ciudad de Morelia se registró un fuerte asalto por parte de un individuo, quien amedrentó a punta de pistola a los trabajadores del lugar y les despojó de una suma monetaria. Trascendió que el asaltante rápidamente salió del comercio, abordó un taxi y huyó. Para cuando los elementos de la Policía se enteraron ya era demasiado tarde. El modus operandi de huir en taxi se ha generalizado a nivel estado. En muchos de los casos los asaltantes ya cuentan con un servicio de transporte que les permite huir y pasar desapercibidos por las autoridades, por lo que las líneas de investigación en varias ocasiones intentan establecer conexiones entre el chofer de la fuga y los malhechores que perpetran el ilícito. Reportes de asalto que han sucedido en la misma ciudad de Morelia tanto a negocios como peatones, refieren que una de las formas de operar de asaltantes, es huir rápidamente en taxis cuya identidad rara vez se llega a conocer por las autoridades. Los asaltos y robos no han sido los únicos delitos a los que han sido vinculados los taxistas. Apenas el año que terminó, líderes del transporte foráneo de pasajeros denunciaron que el servicio de taxi estaría vinculado al menudeo de combustible robado. En este contexto, se denunció una amplia red de transportistas que cargaban con bidones completos cargadas del llamado huachicol. La entonces Procuraduría General de Justicia no desestimó el hecho, pero tampoco ofreció cifras precisas sobre los casos investigados. Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y de Turismo (Canapat), denunció ante autoridades estatales sobre la problemática, sobre la cual incluso advirtió que los taxistas de cada uno de los municipios, transitan constantemente por vías federales sin que las autoridades les pongan un alto. “Tenemos una gran cantidad de transporte regular, taxis, por ejemplo, donde muchos están donde haya mucha violencia y los usan como halcones. Hay una serie de taxis que vienen cargados de droga, levantan gente, no los revisan en los retenes, no cuentan con seguro, no deberían ni circular por carreteras porque no tienen permiso. Sabemos cómo se dio en tiempo pasado de que se dieron placas de consolación. Luego las revendieron y andan circulando”, manifestó. No obstante, la pista de esta actividad se ha perdido completamente luego de que el gobierno iniciara la lucha contra el robo de combustible a nivel federal y prácticamente se separan las fuentes de donde se extraen miles de litros de combustible robado. El uso de taxis para el transporte del huachicol no fue exclusivo de Morelia. El esquema ha sido replicado en diferentes partes del centro del país en donde se han detectado diversos vehículos transportando cientos de litros a plena luz del día. La competencia asfixiante, la delincuencia, la falta de recursos en las familias y los costos de la vida misma, son una de las condiciones que estarían orillando cada día a más transportistas a prestar sus unidades para llevar a cabo actos delictivos de diferentes tipos, entre los que se destacan, los asaltos y anteriormente el traslado de combustible. Otra de las denuncias que se han mantenido por el sector empresarial de transporte de Michoacán y zonas aledañas es que los grupos de taxistas han servicio como ‘halcones’ de grupos criminales o para transportar diversas mercancías robadas. Problema del transporte, problema de fondo Liderazgos del transporte y autoridades estatales han reconocido que el tema del transporte colectivo va más allá del aumento a los precios de los servicios colectivos y particulares. El constante aumento de tarifas de los últimos 13 años no ha resuelto los problemas de ingresos económicos de ingresos de los trabajadores del volante. De un total de 40 mil concesiones que se concentran en el estado de Michoacán, cerca de 20 mil se encuentran en la modalidad de taxi y de este universo más de la mitad se opera en la ciudad de Morelia, más un número no especificado de unidades de la zona metropolitana y municipios conurbados que, debido a la cercanía, también se internan y circulan por las calles de la capital michoacana. Por un lado, la sobreoferta generalizada en estos servicios ha repercutido de manera directa en los bolsillos de los operadores, refiere José Trinidad Martínez Pasalagua, líder transportista en la entidad. En menos de 10 años en Michoacán se habrían repartido cerca de 20 mil concesiones en todas sus modalidades, lo que contribuyó a generar las condiciones de saturación de los colectivos y taxis. Martínez Pasalagua conecta a gobierno estatales anteriores con pagos de favores y una total discrecionalidad a modo este fenómeno, un “botín político” que acaudalaron los gobiernos de los últimos años, que no realizaron los estudios técnicos y de urbanismo necesarios antes de repartir los permisos a sus allegados. Por otra parte, la falta de políticas públicas que permitan convertir las unidades de colectivos a combustibles de mayor eficiencia y menor gasto, han hecho que apenas una pequeña parte del sector transportistas tenga en sus manos la posibilidad de acceder a esta tecnología. Sin embargo, de acuerdo con el líder transportista, de manera interna, entre las agrupaciones, realizan evaluaciones de los choferes. Uno de los constantes argumentos de su “cacería” contra los Uber y transporte vía aplicación es que son inseguros y no cuentan con personal sin historial delictivo, algo que sin embargo tiene mucho mayor peso en el transporte público ante el evidente número de casos que la Fiscalía General documenta. Lo que sí disminuyo es la incidencia delictiva en contra de los transportistas. Al menos en la ciudad de Morelia, la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán ha reportado que se han disminuido hasta en un 60 por ciento los asaltos y robos de unidades, por lo que también la justificación de que son unidades robadas las que usan para perpetras asaltos se estaría diluyendo. En parte, lo anterior se ha logrado gracias a las medidas que han tomado los transportistas para recuperar sus unidades, como la instalación de localizadores y, sobre todo, la coordinación que han mantenido en los últimos años con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la CRT ha precisado que en gran parte han logrado evitar los robos a gracias a la implementación de medidas tecnológicas dentro del mismo gremio de transportistas. “Las combis tienen mecanismos que cuando se detecta que se las quieren llevar, se apagan y no se las pueden llevar a ningún lado. Se están implementando sistemas de seguridad. Vamos bien, ha disminuido, hay mucho trabajo con la secretaria de Seguridad Pública, y la cifra ha disminuido en un 50 o quizá hasta en un 60 por ciento, pero sí es muy evidente”, manifestó. Cuestionado sobre el tema de seguridad de los prestadores de servicios, refirió que es algo en lo que también vienen trabajando.
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