Arturo Molina/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Comuneros de la tenencia de Jesús del Monte han sido testigos de cómo, con el paso de los años, la mancha urbana ha devorado sus recursos naturales y ahora ahorca las últimas reservas de agua que les quedan. Por esa situación han decidido levantar la voz y luchar contra la fraccionadora que, en contubernio con el Ayuntamiento capitalino, quiere privarles del penúltimo manantial que les quedaba. Desde hace algunas semanas denunciaron que particulares llegaron a construir muros de división alrededor del manantial ubicado en los predios El Pozo y Los Coyotes, en esta misma tenencia de Morelia. A decir de los pobladores, se han ostentado presuntos propietarios con escrituras en mano que manifiestan tener derechos sobre los predios. Denuncian opacidad Los presuntos propietarios del terreno, quienes buscan fraccionar en el lugar, les han ofrecido a manera de retribución permitirles el acceso a lo que sería una zona verde donde se colocarán asadores, quioscos y juegos para menores para que quede a manera de área recreativa. Para las más de 3 mil 500 personas que viven en la tenencia de Jesús del Monte la situación es desastrosa. El cuerpo de agua les abastece del vital líquido a cientos de familias, por lo que aseguran que han emprendido acciones en contra del municipio de Morelia, a quienes acusan de opacidad en el manejo del predio. Hace poco más de 15 años perdieron la batalla cuando una prestigiosa universidad particular les arrebató uno de sus 3 manantiales más importantes. Ahora, con sólo 2 manantiales, evidentemente reducidos en generación de agua por las tasas de deforestación de una de las zonas habitacionales más caras del estado, aseguran que no permitirán que la situación se vuelva a repetir. No hay respuesta por parte de las autoridades Apenas el lunes pasado los inconformes se manifestaron en las inmediaciones del Ayuntamiento de Morelia, donde entraron con caballos y chivos para que el gobierno municipal entendiera que la tenencia de Jesús del Monte sigue siendo una comunidad meramente rural que depende de sus animales y sus recursos naturales. Luego de que fueron rechazados por autoridades del Ayuntamiento de Morelia y que no se les dio la atención, los inconformes bloquearon durante horas el camino en el Ramal Camelinas y emplazaron a las autoridades de gobierno a que se tomarán otras acciones de presión en caso de que no les resuelvan en su situación. Con pancartas en las que exigen la destitución del Comité de Agua Potable de la tenencia y del secretario del Ayuntamiento, Humberto Arroniz Reyes, y una investigación de por qué se autorizó la venta de un manantial indispensable para la vida en comunidad. Joaquín Viñas Chimal, colono afectado, refirió, en entrevista para La Voz de Michoacán: “Están devastando y construyendo hasta una barda perimetral. La cual repercute en el mismo manantial, hay un documento donde el señor Mauricio Herreros Moya, es de los que tiene una inmobiliaria y compra y tiene fraccionado, lo hacen de una permuta vitalicia el acceso del manantial a donde hay un terreno y lo dejan encerrado y nos lo quieren afectar. Dicen que van a construir barda perimetral, palapas y asadores y sillas para los fines de semana para que sea recreativo para la familia”. La comunidad es consciente de que el manantial les está siendo arrebatado por la constructora en apoyo con el Ayuntamiento y saben que de construir infraestructura para el disfrute de paseantes dominicales en el manantial, será el fin para el cuerpo de agua por la gran cantidad de basura que se generaría en este espacio. Por lo anterior, aseguran que no quitarán el dedo del renglón y que mantendrán las manifestaciones hasta que las autoridades municipales acepten sentarse a dialogar y a ofrecer una salida competente para los miles de afectados que han salido por lo que parece una inminente privatización del manantial. La documentación presentada por el fraccionador, a nombre del titular, Mauricio Javier Herreros Moya, destaca que él y sus socios son copropietarios y poseedores del título de los predios denominados El Pozo y Los Coyotes, ubicados en el 591 de la calle Plan de Ayala en el poblado de Jesús del Monte, predios que suma una extensión superficial de 16 mil 151.95 metros cuadrados. El propietario se ha comprometido a permitir por medio de una permuta vitalicia e irrevocable, servidumbre de paso y acceso peatonal y vehicular para acceder al manantial de agua de la comunidad de Jesús del Monte a través de la entrada principal a sus predios, y la entrada será utilizada por cualquier miembro del Comité de Administración de Agua Potable y cualquier persona que el comité de Jesús del Monte autorice. También se compromete a limpiar de manera constante la fauna nociva y limpiar los residuos sólidos que se pudieran generar en el espejo de agua que se encuentra ubicado a unos 15 minutos de distancia de la mancha urbana de Morelia. No son casos aislados No es el único caso en Morelia en el que la construcción de un fraccionamiento deja encerrado a un manantial. Los vecinos de la colonia Rincón de los Encinos denunciaron recientemente que tras la construcción de uno de los fraccionamientos al poniente de Morelia, el agua de un antiguo manantial terminó por inundar cientos de metros de vialidades, en donde en algunos casos superó hasta el metro de profundidad. En su último día como alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar y el Cabildo de Morelia autorizaron la construcción de 4 fraccionamientos, uno de ellos, el Villa Magnolias, en la tenencia de Jesús del Monte, en una zona cercana a este manantial. Esta ciudad capital ha registrado un aumento de la construcción de fraccionamientos en el orden del 42.6 por ciento, tendencia que inició en los años 80 del siglo pasado y que ha aumentado significativamente la densidad poblacional a costa de las áreas naturales. Para poder desarrollar un fraccionamiento se necesita la autorización del municipio de uso de suelo, y del gobierno del estado se requiere la Manifestación de Impacto Ambiental, es decir a las instancias municipales. Se ha dado a conocer que en muchos de los casos los constructores no cumplen con la norma y aun así construyen, debido a que les sale más barato pagar las multas por impacto ambiental que modificar el proyecto original.
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