Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Desde el estado de Michoacán se impulsarían los argumentos legales para echar abajo la condena de cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Se advierten procesos inconstitucionales y procedimientos viciados en la extradición del capo mexicano a los Estados Unidos desde 2017, por lo que cualquier acción legal posterior a la extradición podría echarse abajo. Quien fue su abogado defensor por varios años previo a la extradición ha alzado la voz desde el estado de Michoacán. José Refugio Rodríguez Núñez asegura que la extradición está infundada, por lo que de nueva cuenta recurrirá a los tribunales internacionales y a las cortes de derechos humanos para que se revise el caso. Por otro lado, el abogado oriundo de la Tierra Caliente de Michoacán advierte que aun cuando consigan un fallo en favor al imputado, el gobierno de Estados Unidos se ha caracterizado por ignorar las resoluciones de los organismos internacionales. En entrevista para La Voz de Michoacán, Rodríguez Núñez aseguró que si bien el proceso que se enfrentó en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, ha resultado en una condena de cadena perpetua, se deben revisar las condiciones en las que se presentó ante la ley de los Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera. La lucha es por el respeto al debido proceso, dijo Rodríguez Núñez, quien agregó que durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto se incurrió en arbitrariedades y malas interpretaciones de las leyes mexicanas para autorizar un proceso de extradición. Nombró directamente al otrora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a quien señaló de haber hecho una mala interpretación de la ley. “La teoría de la prueba ilícita surge en Estados Unidos. Derivado de esto, cuando un proceso tiene un origen viciado, se declara nulo. La base del proceso penal es cómo llegó a los Estados Unidos, estuvo en México sometido a dos procesos de extradición. Fue entregado a Estados Unidos por hechos y cargos que no fueron materia de los procesos. Violó flagrantemente el derecho de audiencia y es una de las aberraciones más grandes del estado jurídico del Estado de mexicano. No protegieron a sus connacionales, al contrario, fue un acto evidente de sumisión del gobierno de Peña Nieto”, manifestó. Asegura que el meollo del asunto es la forma en la que se presenta a un detenido ante la ley, por lo que, al ser un proceso viciado, se puede declarar improcedente cualquier resolución posterior al debido proceso. “Tiene que irse a órganos internacionales en donde buscaremos comprobar que fue trasladado de una manera inadecuada, un proceso contra el Estado mexicano. Está viciado el procedimiento de extradición con el que se entregó a Joaquín. No vamos a poderlo revertir desde México, pero es una lucha. Cambiar reglas desde México, el jurista debe buscar un litigio estratégico que pueda evitar las violaciones de los derechos humanos. Yo lo hago por mi vocación de litigio. No le veo costo político, lo veo satisfactorio profesionalmente”, explicó. Esta misma semana Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por jueces estadounidenses, lo que ha desatado la discusión sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento legal del capo mexicano. Los abogados defensores de Guzmán Loera en el país vecino del norte aseguran que apenas inicia lo que será una larga lucha legal por la libertad de quien se acusa de haber dirigido al Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas. El discurso de la Presidencia de la República ha cambiado con el cambio de administración, y por ello el abogado destaca que el trato del presidente Andrés Manuel López Obrador al caso ha sido distinto y mucho más cercano que durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto. Incluso, el mandatario federal habría aceptado apoyar a los familiares del capo mexicano. Uno de los principales puntos donde se ha centrado el debate actualmente, tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como en el gobierno de México, es qué pasará con los bienes y los recursos que se generaron a partir de uno de los imperios más grandes de la droga, mismos que posicionaron a Guzmán Loera entre los hombres más ricos del mundo. Por lo anterior, el abogado michoacano consideró que son los tiempos justos para que se lleve a cabo un proceso de revisión de los argumentos legales que se emplearon para la extradición de Guzmán Loera en el año 2017. “Tu servidor, con base en lo que ya está, este acto arbitrario que trajo como consecuencia inhumana más la forma en la que ha recibido el trato, me da la facultad para acudir a la Corte Interamericana. Como abogado promoveré el recurso, y si es necesario acudiré de manera personal. Tengo el compromiso legal con Joaquín”, detalló.
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