Redacción / La Voz de Michoacán Uruapan, Michoacán. Un juez de Distrito dictó auto de formal prisión en contra de seis policías federales, relacionados en una agresión a tiros ocurrida en el municipio de Apatzingán el 6 de enero de 2015, cuando los uniformados habrían atacado civiles desarmados, hechos que dejaron una decena de muertos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los seis agentes son señalados de la probable comisión de homicidio, y cuatro de ellos también son acusados de homicidio en grado de tentativa Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Michoacán, con sede en Uruapan, las órdenes de aprehensión en contra de seis integrantes de la Policía Federal (PF). Los seis servidores públicos fueron detenidos la semana pasada y permanecen internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, ubicado en el municipio de Ocampo, en Guanajuato. Los implicados son Israel S. y Antonio S., quienes fueron aprehendidos en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México; Heriberto C. y Jorge C. que fueron capturados en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como Rodrigo G. y Juan G., que se encontraban en la alcaldía Azcapotzalco. También puedes leer: Detienen a 6 policías federales por masacre del 6 de enero de 2015 en Apatzingán Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la propia Policía Federal, que colaboró y facilitó al representante social federal las condiciones para que sus elementos fueran aprehendidos en sus propias instalaciones. El día de la agresión, un grupo de civiles protestaba en el Palacio Municipal de Apatzingán por la desaparición de la Fuerza Rural ―creada por el entonces comisionado federal para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes―, corporación que aglutinaba a exautodefensas, pero que culminó operaciones con deudas de salarios para sus integrantes y sin resolver uno de los motivos por los que fue constituida, que era terminar con la violencia y el crimen organizado en la región de Tierra Caliente. Alfredo Castillo declaró en ese momento que las muertes habían sido producto de “fuego amigo”, y no por parte de los federales, pese a que la mayoría de los civiles ―exautodefensas y sus familias― iban armados solo con palos, como manifestaron testigos y evidenciaron después investigaciones periodísticas e imágenes de los hechos. En aquel momento, el Gobierno federal señaló un saldo de por lo menos nueve muertos, todos civiles, dos policías federales heridos y 44 detenidos, de los que 43 quedaron libres a los pocos días, cuando se les determinó su situación jurídica.
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