El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. Como lo demuestran los incendios que arrasan los bosques pluviales del Amazonas y la Cuenca del Congo, el mundo vive en una era de rápida destrucción ambiental y cambio climático con efecto negativo a largo plazo para la supervivencia de la humanidad y de la civilización tal como hoy la conocemos. Recientemente, la posibilidad de una nueva recesión debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como el resurgimiento del fascismo y del racismo, se han sumado a la lista de problemas que van de las tensiones geopolíticas y el nacionalismo a la pobreza, los conflictos en Medio Oriente, la migración y el Brexit, que contribuyen a la generalización de pronósticos pesimistas y la sensación de que cualquier cosa que podamos hacer será demasiado pequeña y demasiado tarde. Sin embargo, no podemos argumentar que el mundo no fue advertido con respecto al cambio climático, en especial desde la emblemática Conferencia COP 1 en Berlín de 1995 y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 2012; lo que probablemente no quisimos comprender es el hecho de que la globalización capitalista, considerada la etapa superior del neoliberalismo, entrañaba la destrucción del planeta y la anulación de los derechos humanos. Así se explicaría porque al menos desde 1977, grandes empresas petroleras como Exxon y Shell se coludieron para ocultar el resultado de sus propias evaluaciones sobre el dióxido de carbono liberado por los combustibles fósiles. En 1988, un estudio de Shell previó un aumento de un metro del nivel del mar y destacó que el calentamiento global también llevaría a la desintegración del Casquete Glaciar de la Antártida Occidental y un incremento del nivel del mar de "cinco a seis metros", suficiente para inundar a países enteros de baja altitud. No obstante, el petróleo todavía es el combustible más utilizado; en 1987, el 81% del consumo mundial de energía provino del crudo, gas natural y carbón. Treinta años más tarde, se mantiene en 81% pese al crecimiento de las fuentes eólica y solar, según la Agencia Internacional de Energía. Peor aún, países como Arabia Saudita, Brasil, Irak y Rusia han incrementado su producción, al tiempo que México construye una nueva refinería en lugar de promover fuentes de energía limpias. De hecho, el mercado petrolero ya está saturado y Estados Unidos—el mayor productor gracias al fracking y otras tecnologías—se prepara a inundarlo con más crudo. Agosto marcará el inicio del Cactus II, un oleoducto capaz de transportar 670,000 barriles diarios entre la Cuenca Pérmica y Corpus Christi, Texas, para su salida al mercado global. Dicho oleoducto y otro llamado Epic son apenas el comienzo, pues les seguirán más justo cuando la oferta adicional puede ayudar a hundir los precios, en particular si las guerras comerciales siguen reprimiendo la demanda. No es una casualidad que en este marco ocurriera la muerte de David Koch, uno de los dos famosos hermanos multimillonarios Koch, con una fortuna personal de USD $60 mil millones. Al frente de Koch Industries, David y su hermano Charles emplearon el poder de la multinacional involucrada en los sectores del petróleo, química, minerales, finanzas, comercio de materias primas e inversión para patrocinar una vasta red política conservadora, que incluyó la candidatura de Donald Trump, concentrada en negar el cambio climático. Bienvenidos a Kochland El periodista de negocios Christopher Leonard detalla en su oportuno libro Kochland (Simon & Schuster, 2019), como las mentes maestras detrás de la aparición del Tea Party y la radicalización del Partido Republicano movilizaron al Instituto Cato y otros centros académicos contra la posibilidad de que Estados Unidos respaldara cualquier tratado en la materia; incluso invirtieron más en el negacionismo del cambio climático entre 1997 y 2017 que ExxonMobil, con lo que lograron establecerlo como un dogma conservador. Entonces, no debe sorprender que Trump desmantele las regulaciones ambientales en Estados Unidos y que se haya retirado del Acuerdo de París, mientras su gobierno orgullosamente resalta que no apoyó el fondo de USD $20 millones—apenas migajas—para ayudar a Brasil a combatir el gran incendio del Amazonas durante la cumbre del G-7 esta semana. Trump, quien habría ordenado abrir el Bosque Nacional de Tongass en Alaska de 6.7 millones de hectáreas—el mayor bosque pluvial templado virgen del planeta—a la tala y otros planes de desarrollo empresarial, puede ser visto junto a los hermanos Koch como el vaso comunicante del capitalismo con la tragedia del Amazonas. De acuerdo con The Intercept, Wilson Lima, gobernador del estado de Amazonas en el noroeste de Brasil, empezó a trabajar en junio con Interamerica Group, una firma de cabildeo en Washington, para promover las inversiones privadas en la región. La minería, el agronegocio y la "industria química del gas" son descritas como "oportunidades" para las compañías de Estados Unidos y entre los "desafíos" de sus negocios potenciales se cuenta "asegurar la conservación forestal". Lima es miembro del derechista Partido Social Cristiano (PSC), afiliado a la Asamblea de Dios, una iglesia pentecostal de rápido crecimiento en Brasil, donde los intereses estadounidenses han recurrido al protestantismo como punta de lanza desde los años 60. El ex presidente Fernando Collor de Mello y el presidente Jair Bolsonaro, quien se ha referido a sí mismo como el "Capitán Motosierra", fueron integrantes del PSC. Por su lado, Jerry Pierce, fundador de Interamerica Group, escribió en la página de su empresa que Brasil bajo la presidencia de Trump se convertiría en "líder mundial en industrias como el agronegocio, minería, banca y aviación". En comentarios recientes, declaró que "el presidente Trump allanó el camino para la victoria de Bolsonaro". La codicia transnacional apuntalada por el Banco Mundial y sus esquemas de privatización han puesto la mira en otro tesoro natural al sur del Amazonas, el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce sin contaminar del mundo (1.2 millones de kilómetros cuadrados) compartida por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. La relación entre Washington y Asunción se fortaleció con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando la nación sin acceso al mar, menos desarrollada que las otras tres mencionadas con derechos subterráneos en el Acuífero Guaraní, participó en las violaciones a los derechos humanos de la Operación Cóndor, dirigida por la CIA contra la insurgencia regional. Los vínculos bilaterales estratégicos también fueron evidentes en la destitución del presidente Fernando Lugo de Paraguay en 2012, luego de que el ex obispo católico progresista rechazara los excesos de firmas multinacionales como Nestlé, Monsanto, Cargill y Río Tinto, al prometer un manejo de los recursos naturales en beneficio de todos. La administración Bush acusó a Lugo de aliarse con Hugo Chávez, presidente de Venezuela; sin embargo, la justificación de la presencia militar de Estados Unidos en la base aérea de Mariscal Estigarribia en Paraguay, construida en los años 80 y capaz de albergar 16,000 tropas—cerca de la reserva de gas natural de Bolivia, la segunda más grande de América Latina—, ha sido la "existencia" de "redes terroristas" en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Ciudad del Este, la capital de facto de la triple frontera en Paraguay, está en el centro de una industria establecida y bien conocida de contrabando, falsificación y piratería intelectual; pero Estados Unidos e Israel, arbitrariamente, declararon a sus más de 20,000 habitantes de origen libanés y sirio culpables de respaldar a la milicia chiíta libanesa Hezbolá, también acusada por el atentado de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires.
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