Ubican otro espacio donde estarían los normalistas de Ayotzinapa; llaman a declarar a exfuncionarios

Redacción/ La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El gobierno federal ha ubicado un nuevo espacio donde estarían los normalistas de Ayotzinapa, y se alista un operativo para realizar un peritaje en la zona.

Así lo dieron a conocer esta mañana en la rueda de prensa de Andrés Manuel López Obrador, en la que también confirmaron que la próxima semana se llamará a declarar al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, a Murillo Karam y otros exfuncionarios.

Sin especificar si este espacio ubicado por información recibida recientemente es el basurero de Tepecoacuilco, Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, confirmó que tras nuevas declaraciones se tiene ubicado otro lugar donde estarían los cuerpos de los 43.

Cuando se trata de crímenes de estado es muy difícil llegar a la verdad, si se hace un llamado a que impere la versión del Estado, pero cuando no todo el Estado actúa para conocer los hechos (...) No hay ningún obstáculo”, expresó el presidente López Obrador.

Se dijo confiado: "No pierdo las esperanzas, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares”.

En días pasados se dio a conocer que han iniciado una búsqueda en el basurero de Tepecoacuilco, que es distinto al que concentró en un inicio la atención de los investigadores, el de Cocula.

La exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que podrían obtenerse datos relevantes.

"Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior gobierno mexicano, en la que se aseguró que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero, y sus restos esparcidos en un río cercano.

El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, a diez minutos de Iguala pero en dirección contraria a Cocula y en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores de los muchachos.

Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones, indicó que los trabajos en Tepecoacuilco comenzaron el fin de semana. En las imágenes que han transcendido en la televisión local sólo se ve actividad de maquinaria pesada.

Buitrago dijo que corresponderá a las autoridades mexicanas informar sobre eventuales hallazgos en ese lugar y recordó que ya se había buscado en otros puntos de Tepecoacuilco sin encontrar nada relevante.

“Estamos en espera de la información que se pudo haber obtenido en ese lugar porque son varias (las líneas) que no se habían investigado”, afirmó el miércoles Felipe de la Cruz, vocero de los padres, quien insistió en la importación que corroborar cualquier dato nuevo que aparezca.

Tanto la antigua como la nueva fiscalía han hecho diversas búsquedas infructuosas a lo largo de estos cinco años en diversos puntos de Guerrero. También han sido continuas las manifestaciones y protestas de los padres exigiendo justicia y que se llegue a la verdad, la última este miércoles.

Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados en la ciudad de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), esas personas trasladaron a los jóvenes al basurero de Cocula, 20 kilómetros al suroeste de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.

No obstante, el primer grupo de expertos de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión, basada en testimonios obtenidos mediante tortura, y denunció la existencia de irregularidades y obstrucciones a la justicia, problemas en el debido proceso que luego fueron avalados por equipos de Naciones Unidas y por la propia justicia mexicana, que en junio de 2018 ordenó reponer toda la investigación porque “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

De hecho, esos vicios en el proceso han hecho que prosperen una multitud de amparos y que más de 70 de los 143 detenidos vinculados al caso hayan sido liberados, entre ellos, algunos de los principales sospechosos.

Según Buitrago, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha avanzado “en propiciar espacios de apertura”, como la comisión de la verdad creada en enero, para que personas clave en el momento de los ataques cuenten su historia, y la fiscalía ya ha abierto una investigación por presuntas responsabilidades penales del antiguo jefe de las pesquisas, Tomás Zerón, y otros investigadores aunque todavía no ha fincado ningún cargo contra ellos.

La fiscalía no quiso hacer ningún comentario sobre este punto, pero el martes por la noche anunció en un comunicado que se había citado a declarar al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien fuera su secretario de seguridad pública, y el fiscal cuando ocurrieron los hechos y que lo harán la próxima semana.

Todos ellos ya han declarado en la comisión de la verdad.

La fiscalía indicó también que posteriormente, “se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”, que no mencionó por nombre, pero el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había anunciado recientemente la intención de que entre los investigados estuviera el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial luego desacreditada internacionalmente.

Los abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos pero denunciaron que el ejército sigue todavía sin contestar más de un centenar de preguntas sobre los hechos ya que también hubo militares en los escenarios de los ataques a los estudiantes.

Una de las líneas de investigación que estaba pendiente de profundizarse era la conexión del caso con el tráfico de droga desde Iguala a Chicago. En este sentido, la fiscalía dijo tener pruebas de telefonía que ahora pretende que se analicen “en toda su magnitud”.

Además de los 43 estudiantes desaparecidos, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en la serie de ataques coordinados en distintos puntos de Iguala que supusieron uno de los crímenes de mayor impacto de la historia reciente del país.

Con información de AP.