El Universal/La Voz de Michoacán México. Los casos de vandalismo en la Ciudad de México y otras partes del país evidencian la incapacidad de las autoridades para enfrentar a grupos sociales cada vez más violentos que causan daños irreparables al país, señaló la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP). José Luis Calderón González, vicepresidente del organismo, destacó que hechos como el incendio de la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, los actos vandálicos en el Centro Histórico, la toma de la Cámara de Diputados y las manifestaciones en el AICM, entre otros, pudieron haberse evitado con equipamiento moderno que lamentablemente las agencias del orden no tienen. El directivo de la AMESP planteó que “ante el nivel de violencia que se vive hoy, poner a soldados o policías frente a multitudes sin una barrera y máximo con un escudo, representa un alto riesgo. Es así, explicó, "porque el cansancio, las incomodidades, los factores climatológicos, el hambre y otras cuestiones propias de las tensiones que empiezan a ejercerse hacen inevitable los empujones y van haciendo una escalada en la violencia tal que las agresiones físicas llegan a ser inevitables". Calderón González expuso que para evitar situaciones de ese tipo es necesario que en el país se cuente con tecnologías que permitan separar a los manifestantes del personal, la ciudadanía y los inmuebles que son vulnerados y vandalizados. El vicepresidente de la AMESP consideró que para llevar a cabo ese tipo de tareas las fuerzas de seguridad pública del país deben recurrir a empresas de seguridad privada que cuentan con la tecnología y equipo que se requiere. De igual forma, que puedan colaborar en la difícil tarea de contener a multitudes y grupos violentos sin violar sus derechos y sin poner en riesgo el patrimonio cultural, artístico e histórico de la población. Argumentó que los efectos de una manifestación social que causa destrozos y graves daños a edificios públicos y monumentos históricos y artísticos repercute no solo en el tráfico y en malestar de los usuarios, sino también daña la imagen del país en el exterior, así como la moral, la economía y la seguridad de la ciudadanía. También hace evidente la incapacidad de las autoridades para hacer valer el Estado de Derecho. En cuanto a las pérdidas económicas están son incalculables por el grave daños al patrimonio artístico de la nación, subrayó.
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