El Universal/La Voz de Michoacán Tijuana BC. Con retraso en la instalación de las mesas de trabajo distribuidas en los cinco municipios de Baja California inició la Consulta Ciudadana respecto a la preferencia de la población para el próximo periodo gubernamental. En ciudades como Mexicali y Tijuana algunos de los sitios en donde se informó que serían colocados los puntos de votación no hubo ninguna instalación, hasta el momento la Comisión Especial integrada por los diputados no ha informado cuántas mesas no fueron instaladas. La diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, presidenta de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, precisó que a las 9:00 horas de este domingo y hasta las 17:00 horas, los bajacalifornianos con credencial de elector pueden participar en este ejercicio que tiene como finalidad recoger sus impresiones respecto a un tema de suma trascendencia para el futuro de la Entidad. La Legisladora puntualizó que esta actividad es además un ejercicio de civilidad y transparencia en el que se ha depositado especial cuidado para que los propios bajacalifornianos participen en las mesas fungiendo como presidentes, secretarios, escrutadores u observadores. "La participación de la ciudadanía es fundamental para la vida democrática. Los temas de interés públicos, además de ser construidos con base a consensos, deben recoger el sentir de la población para que tanto las instituciones públicas, como la ciudadanía, construyamos la transformación que requiere Baja California", concluyó Miriam Elizabeth Cano Núñez. La consulta popular fue una decisión que tomó el nuevo Congreso del Estado después de la reforma al artículo Octavo del decreto 112 que amplía el siguiente periodo gubernamental que votaron a favor los legisladores de la administración pasada sin que enviaran el documento al gobernador para que éste la publique en el Periódico Oficial de Baja California. Dicha reforma ha ocasionado críticas de diferentes organismos como los empresariales, quienes interpusieron un amparo para frenar la ampliación o la controversia constitucional en la que piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para también evitar que el siguiente gobierno estatal aumente tres años.
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