El Universal / La Voz de Michoacán Caborca, Son. Miembros del ejido El Bajío de Caborca denunciaron que luego de que Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), vendiera de forma ilegal 571 hectáreas a la minera Penmont S de RL de CV, de Grupo Fresnillo, han tenido que defender sus tierras con un rosario de juicios. El conflicto refiere a una dotación de terrenos ejidales otorgada el 18 de agosto de 1971, la cual tiene una vasta riqueza en oro. En ese entonces se entregaron 19 mil 700 hectáreas a 77 beneficiarios, entre ellos, la familia Cruz, que recibió 2 mil 460 hectáreas de uso común. José Cruz Pérez, representante de los ejidatarios del área de uso común que está en conflicto con la minera, mostró documentos sobre los diversos juicios que han mantenido, hasta arrebatárseles una parte de sus terrenos, con el Titulo Número 1021745, en junio de 2017. Cruz Pérez explicó que las antiguas autoridades federales primero se aventaron la "picarada" de denominar de manera ilegal, como terreno nacional, una cuchilla que trazaron entre dos ejidos, afectando en 100% a El Bajío. Tras hacer ese movimiento en documentos, la Sedatu se lo tituló a la minera. La acción se fundamentó, entre otras legislaciones, en el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución, así como en los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria, también incluyó el reglamento interior de la dependencia federal. "He tenido a bien expedir el presente Título de Propiedad a favor de Minera Penmont S de RL de CV sobre el predio El Bajio, localizado en el municipio de Caborca", se señala en un documento rubricado por Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Agrario; Enrique González, subsecretario de Ordenamiento Territorial, y Luis Armando Bastarrachea, director General de la Propiedad Rural. El problema entre la minera y los ejidatarios es añejo. El gobierno de México autorizó a Penmont realizar actividades de explotación minera desde el año 2002 hasta 2013, cuando el Tribunal Unitario Agrario número 28, con sede en Hermosillo, resolvió a favor de los ejidatarios, encabezados por José Cruz. Al año siguiente, el 12 de abril, el actuario ejecutor de dicho tribunal hizo entrega física y jurídica de 865 hectáreas de uso común a los ejidatarios. Esto se asentó en las diligencias de cumplimiento, como en las complementarias en marzo de 2016 y noviembre de 2017. Fue hasta mediados de mayo de 2019 que los ejidatarios se enteraron que Rosario Robles Berlanga hizo títulos ilegales sobre sus terrenos, los cuales —presumen— pueden ser falsos, y los vendió a la minera Penmont.
La Voz de Michoacán
