La industria del chantaje Jorge A. Amaral En este país, más que el narcotráfico, el robo de combustible o el secuestro, la industria delictiva más boyante es la que comprende el chantaje y la extorsión, porque hemos visto cómo algunos sectores obtienen lo que desean mediante las amenazas y agresiones al gobierno, mientras la sociedad se queda en medio. Culiacán, medicina amarga A una semana de lo sucedido en Culiacán no hemos visto acciones contundentes, y es que el gobierno parece estar en plena investigación sobre qué fue lo que pasó, quién tomó decisiones tan apresuradas e irresponsables. Eso quiero pensar. Los detractores del presidente ya salieron a decir que se debe despedir a todo el gabinete de seguridad, incluso el Partido Acción Nacional, cuyo líder vive ávido de posicionarse en los medios porque quiere ser gobernador, y en vista de que en su vida ha ganado elecciones, salvo una diputación federal, ha salido a denunciar al presidente por ese fallido operativo. Cierto, la denuncia del PAN contra AMLO está sustentada en el delito de evasión de un detenido, ya que, habiéndolo tenido en su poder, el presidente ordenó que se liberara a Ovidio Guzmán para evitar un derramamiento de sangre de mayores proporciones en la ciudad de Culiacán. Posiblemente el presidente no hizo lo más legal, pero hizo lo más justo, porque de todos modos, de haberse empecinado en retener al hijo del Chapo, ¿cuánta gente más hubiera muerto, gente inocente?, y a esta pregunta va enlazada la otra gran cuestión: ¿México sería un país distinto con Ovidio Guzmán tras las rejas? El presidente sólo tuvo que asumir el costo político y mediático de una decisión necesaria, lo cual debería debatirse, más que en el terreno de la política, donde los intereses personales y de grupo son lo más importante, debería discutirse en el plano filosófico y ético, en el sentido de hasta qué punto es válido hacer lo que es legal aunque sea injusto, porque claro, el PAN está acostumbrado a la lucha encarnizada, a ver a las víctimas civiles como “daños colaterales”, a emprender luchas que pueden costar vidas pero que ellos consideran que vale la pena, como se hizo entre 2006 y 2012, cuando este país se convirtió en un cementerio. Lo anterior no exime al gobierno federal de sus culpas y errores, el presidente ya debe de saber de quién fue la culpa de la primera gran pifia de este gobierno en materia de seguridad, porque la detención de un hijo del Chapo no es algo que se nos pueda ocurrir en la mañana y en la tarde estarlo haciéndolo, porque un operativo de estos se lleva al menos 8 meses de preparación para tener contemplado cualquier escenario y poder contener al enemigo, con lo que se puede evitar al máximo el daño a la sociedad. El gobierno de México debe ser consciente de que se requiere una estrategia más sólida, más en serio, y que así como la pura violencia no resuelve el problema, esperar que todo se solucione con becas y programas sociales es demasiado ingenuo. Lo que el aparato de Estado necesita es hacer esfuerzos más integrales, y tener claro que a la gente que no se toca el corazón para dañar a la sociedad, hay que dejarle caer todo el peso de la ley. Esperemos que después de ese episodio se corrijan los errores y no sea necesario acceder a chantajes y amenazas. Al tiempo. Normalistas: extorsión y chantaje Por enésima ocasión, la iniciativa privada, específicamente los industriales, exigen al gobierno federal que intervenga para que los estudiantes de las Normales no sigan bloqueando las vías del tren, ya que esto representa millonarias pérdidas para diferentes sectores. A últimas fechas, la lucha de los normalistas de Tiripetío se reduce a dos exigencias: que les quiten a los directores que les caen mal y que se les garantice la plaza automática. Remover directores de las Normales, y de cualquier escuela del sector público, no es una atribución de los estudiantes, es facultad de las autoridades, en este caso de la Secretaría de Educación en el Estado, y cabe decir que es una dependencia del gobierno del estado, no un ente colegiado, por lo que los normalistas no tienen voz ni voto en temas administrativos y presupuestales, lo malo es que, al igual que sus hermanos mayores del magisterio democrático, se les ha empoderado demasiado para usarlos como arma política. Así, mientras el gobierno del estado trata de contenerlos y la Federación analiza cómo los complace, las afectaciones continuarán con la inmovilizaci0on de mercancías y el saqueo de unidades repartidoras, eso sin contar las afectaciones a la ciudadanía cada vez que una avenida o carretera está cerrada. De esta forma vemos cómo, desde trincheras diferentes, unos y otros hacen del chantaje y la extorsión el negocio más jugoso de este país. Es cuánto.
La Voz de Michoacán
