Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por enriquecimiento ilícito y por haber recibido depósitos de decenas de miles de dólares por parte de la empresa Odebrecht, al menos dos exfuncionarios del gobierno de Michoacán de entre 2008 y 2012 fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán. Ya se presentaron nombres, cargos y hasta folios bancarios de los movimientos de recursos. En relación con los presuntos actos de corrupción, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) destacó que ya se cuenta con los nombres de los implicados, de los cuales se desprenden al menos 2 nombres y quienes resulten implicados en la construcción de la Presa Francisco J. Múgica, obra en la que señalaron que los costos de construcción se inflaron de manera exponencial. En rueda de prensa, Juan José Tena, presidente del comité, informó que, por razones de respeto al debido proceso, los nombres de los exfuncionarios no serán revelados hasta que la autoridad opere en consecuencia de lo que señalaron, con evidencias de los malos manejos en la obra estatal. No obstante, el monto de los depósitos que se detectaron de manera irregular revela que uno de los depósitos bancarios fue en el 2008 por 50 mil dólares, un segundo de 7 mil euros en el 2011 y uno de 28 mil dólares. Cifras que en conjunto superan a varios millones de pesos. En este contexto, aseguraron que ninguno de los implicados pudo demostrar de dónde provenían los recursos antes mencionados. Destacan que Michoacán es el único estado del país e incluso del mundo en donde los actos de corrupción de Odebrecht y los tentáculos de sobornos que extendieron para conseguir acceso a recursos públicos no han llegado a tener consecuencias. Mientras que en países como Andorra y Brasil ya hay exfuncionarios en prisión, en Michoacana las carpetas de investigación, las auditorías y otros procesos locales poco o nada han avanzado. A decir del comité ciudadano, preocupa que, a pesar de las evidencias presentados en los últimos meses, la Auditoría Superior de Michoacán no ha presentado una sola denuncia o proceso legal en contra de funcionarios de la administración estatal que comprendió en la construcción de la presa. Cuestionados por la presencia de exfuncionarios en el actual gobierno federal y la posibilidad de que se centren protegidos, manifestaron que confían en que el gobierno de la Cuarta Transformación no encubrirá cualquier efecto de corrupción que se tenga en Michoacán y otras zonas del estado. También puedes leer: Lozoya negoció con Odebrecht cuando habría sobornos en obras de Michoacán En octubre del año pasado, medios nacionales dieron cuenta de que la Policía de Andorra detectó transferencias del “departamento de sobornos” de Odebrecht a un funcionario para la construcción de la presa. En este contexto, se detectó que fue en los periodos en los que gobernaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, el primero, hoy coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, y en el caso de Godoy Rangel, como allegado a la cúpula partidista de Morena. En este mismo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó durante su rueda de prensa mañanera que se revisará este y otros casos de obras en el país que se encuentran destacadas con presuntos actos de corrupción. En su rueda de prensa mañanera, el nombre de Gabriel Mendoza Jiménez, quien fue funcionario relacionado con la obra, fue destacado por periodistas. Al respecto, el presidente se comprometió a tomar nota y a turnar a la Secretaría de la Función Pública este y otros casos. La Presa Francisco J. Múgica se comenzó a construir en el año 2007 y se concluyó hasta el año 2009. La principal conjetura es que el costo de la construcción se duplicó en poco tiempo a pesar del avance continuo de los trabajos. Medios locales y nacionales han documentado la participación de funcionarios que, en su momento, trabajaron en el gobierno del experredista y ahora morenista Leonel Godoy. Los señalamientos han surgido por todos lados. Se presume que cuando se entregó la obra hace casi diez años, la construcción estaba incompleta, con fallas, deficiencias en la estructura y el diseño que tuvieron que ser atendidas por las administraciones siguientes. Originalmente la obra debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos. Si bien el 86 por ciento de la obra se ejecutó con fondos estatales y el catorce por ciento federales, trascendió que la Auditoría Superior de Michoacán también lleva a cabo procesos de investigación en el costo de la obra. El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la condición de que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.
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