Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En lo que va de la actual administración municipal de Morelia se han recibido al menos 4 solicitudes de empresas constructoras que buscan permisos para el desarrollo inmobiliario en distintas zonas de la ciudad. Si bien el Ayuntamiento capitalino no ha aprobado ninguna de las solicitudes, en los últimos 6 años, gobiernos pasados le dieron el visto bueno a más de 30 solicitudes. Existen cerca de 30 fraccionamientos que están en proceso de municipalizarse y otros trámites, por lo que se ha advertido que se tienen que poner mejores candados para garantizar que el crecimiento de la ciudad vía fraccionamientos no vaya a generar los mismos cotos de conflictos que se han dado en casos específico. Se ha registrado un aumento de la construcción de fraccionamientos en el orden del 42.6 por ciento, en muchos casos sin manifestación de impacto ambiental, tendencia que inició en los años 80 del siglo pasado y que ha aumentado significativamente la densidad poblacional en la zona urbana de Morelia. En el primer semestre de 2015 el municipio autorizó 15 fraccionamientos, en tanto durante la administración de Alfonso Martínez Alcázar se aprobaron 16 fraccionamientos, 4 de ellos en el último día de gobierno del edil independiente y en la última sesión de Cabildo. En los últimos 20 años, el incremento de extensión de la ciudad a partir de desarrollos habitacionales ha ido desfasado del abastecimiento de agua y la capacidad del municipio de desarrollar redes hidráulicas que permitan brindar el derecho al líquido de los morelianos. Fraccionamientos como Villas del pedregal, Conjunto Tres Marías, Loma larga, Balcones de Versalles, Villas del Ángel, Valle Escondido, Valle de los Arcos han sido algunos de los complejos habitaciones que ya fueron intervenidos por los inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente por presuntas irregularidades. Se apoderan de bosques Los bosques de Morelia y los terrenos ejidales que durante generaciones pertenecieron a familias locales, fueron arrebatadas por medio de la especulación por las empresas fraccionadoras que desde hace más de 20 años han convertido en un jugoso negocio la venta de viviendas. El gobierno de Michoacán denunció la situación a la cual atribuyó los principales indicadores de cambio ilegal de uso de suelo con fines de desarrollos habitacionales. En voz del gobernador Silvano Aureoles Conejo, casos concretos como en el sur de Morelia, donde se llevó a cabo la construcción de fraccionamientos rápidamente, hubo prácticamente el “robo” a los ejidatarios locales. Y es que, aseveró, mientras se le pagó a un peso el metro cuadrado a los ejidos, los empresarios que llegaron a esta zona lo vendieron en más de 10 mil pesos, ya como zona habitacional de lujo. El mandatario michoacano aseguró que se buscará detener a toda costa que el desarrollo habitacional siga lacerando a los ecosistemas y, sobre todo, dañando a las zonas de recargas de acuíferos. Recientemente se dio a conocer el caso de uno de los últimos manantiales de la tenencia de Jesús del Monte, El Mastranto, el cual, aseguraron, no se permitirá por parte del gobierno del estado que este cuerpo de agua natural sea fraccionado y dañado por las empresas que compraron los predios en años pasados. “Paulatinamente por una falta de planeación y con intereses económicos ha crecido la mancha urbana y no hay manera de detenerla. Se va comiendo todo, todo es negocio y ganar dinero y se hacen llamar empresarios exitosos. Con agua, tierra y tractor cualquiera es agricultor, comosi las regiones vecinas les dieron la riqueza a los especuladores que hoy se hacen llamar grandes empresarios. Es un esquema diferente, toda la zona aledaña a Morelia la compraron los especuladores, les quitaron a ejidatarios para hacer grandes negocios y a eso le llamamos desarrollo”, manifestó el mandatario . No es la primera ocasión que el gobierno de Michoacán denuncia la situación en torno a las empresas fraccionadoras. Luego del desastre del 10 de julio de 2018 en el Cerro del Quinceo, autoridades de la Mesa de Seguridad Ambiental denunciaron que los ayuntamientos han sido omisos a la hora de entregar y autorizar permisos a empresas constructoras. Multas por construir sin permisos suman 1 mdp A pesar de los llamados sanciones por parte de la autoridad estatal, Ayuntamientos michoacanos siguen sin respetar ni hacer valer las normas ambientales de desarrollo urbano, en conjunto con varias fraccionadoras que siguen fincando en áreas protegidas o naturales. Este año ya suman 13 procedimientos que superan hasta el millón de pesos en contra de las empresas constructoras por no contar con los permisos correspondientes. En entrevista, el procurador Ambiental en la entidad, Juan Carlos Vega, destacó que la complicación se debe a que los cabildos aprueban al vapor los permisos a las constructoras. En muchos casos, si bien cuentan con el permiso municipal, en lo que refiere a los permisos ambientales no los tienen en orden, por lo que se procede al acto de clausura. Es en Morelia en donde se han dado la mayor cantidad de clausuras en lo que va del año, con un total de 10 desarrollos habitacionales que han sido frenados en alguna etapa de su construcción por la Mesa de Seguridad Ambiental y por no contar con la documentación adecuada. “Hemos hecho mucho trabajo en este sentido en Uruapan, Zamora, Coahuayana, en Zacapu, en donde hemos detectado también es en Tancítaro, que tiene que ver con la ausencia de manifestación de impacto ambiental, que empiezan a construir sin el resolutivo necesario, ye esas son las principales condiciones. Cuando están al 70 por ciento de construcción, notamos que en las visitas de inspección previa denuncia que no cuentan con el plan de manejo de residuos o especial”, precisó el funcionario estatal. Datos de la Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam) señalan que, durante el año 2017, sólo en Morelia se registraron un total de 20 denuncias en contra de constructoras, razón por la cual se aplicaron 10 medidas de seguridad que corresponde a la suspensión provisional de la obra. La mayoría de las denuncias, fueron por parte de ciudadanos. Para el año 2018, las cifras no disminuyeron y la dependencia estatal realizó un total de 53 acciones relacionadas con el tema de construcción de fraccionamientos, visitas de inspección, inicios de procedimiento, suspensiones y clausuras, acciones de las cuales 23 fueron procedimientos en contra de las constructoras por irregularidades en los permisos. Muchos de los desarrollos habitacionales que fueron construidos en Morelia en administraciones pasadas incumplieron con los estudios de manifestación de impacto ambiental, uso de suelo e incluso de riesgos. El incumplimiento en la normativa de urbanismo ha generado contingencias en Morelia, como en el caso del Cerro de Quinceo, en la temporada de lluvias del 2018.
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