Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 11 meses de que entró en vigor la obligatoriedad de la verificación en Michoacán y de constantes negativas de diversos sectores, transportistas locales han dado un paso y han cumplido con la legislación local al llevar sus unidades a los centros autorizados en Morelia. La Ruta Gris, una de las más grandes en cuestión de parque vehicular y cobertura de servicio de transporte colectivo, se distinguió este fin de semana por llevar una flotilla a verificar. El colectivo de transportistas cuenta con más de 400 unidades, de las cuales, la mayoría funciona con sistemas modernos de alimentación por gas natural. Asimismo, desde hace al menos tres meses comenzaron a llevar sus unidades en pequeñas flotillas a los verificentros para no afectar al servicio. Contrario a lo que han mantenido sectores del transporte público encabezados por la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), también otras organizaciones de taxistas se han cercado con los centros de verificación para establecer un plan para agilizar el proceso. Información de los centros de derivación, detallaron que esta ruta de transporte y algunas organizaciones de taxis han demostrado interés al lado de los mismos liderazgos. Mientras tanto, otros sectores mayoritarios del transporte en el estado no quitan el dedo del renglón en torno a la continuidad de la verificación. Si bien son los menos en comparación al tamaño del servicio de transporte público, han destacado que continuarán cumpliendo con la ley estatal que promueve el uso verificado de los vehículos de transporte público. En octubre habría iniciado ya la cuarta y última etapa del programa de verificación estatal que habría de incluir a las últimas terminaciones de placa. Las cifras en materia de esta medida se acercan a la meta establecida de 35 mil automóviles documentados y superior hasta en un 300 por ciento a los registros de 2018 y 2017. Hasta el momento siguen siendo únicamente detenciones de apercibimiento. A pesar de que la legislación local establece un tabulador de multas para quienes siguen incumpliendo con esta determinación ambiental, las autoridades de Michoacán aseguran que se mantendrá de manera indefinida la prórroga para los automovilistas morelianos con el objetivo de que más ciudadanos se sumen a la iniciativa que pretende disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en las zonas urbanas del estado. La versión de la autoridad es que aún en este año 2019, el plan de verificación se mantendrá en condición de obligatoriedad con prórroga, en tanto que para el año 2020 se comenzarían a aplicar las multas tabuladas para los más de 532 mil automóviles que se tienen registrados en la ciudad de Morelia. Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), reconoció que para el próximo año ya se trabaja en programas que puedan tener más peso a la hora de la intención ciudadana. A pesar de la obligatoriedad de la verificación, el gobierno ha dado prórrogas para implementar medidas como la multa. Apenas 33 mil automovilistas se han apegado a esta obligación. En paralelo, la Comisión Reguladora del Transporte mantiene amparos colectivos que aglutinan a más de 18 mil trabajadores del volante y sus unidades. “Estamos trabajando el mecanismo que nos permita ejercer mayor coerción hacia los que contaminan a través de los vehículos que andan circulando. Aquí lo importante es seguir insistiendo a la población en hacer conciencia. A la fecha llevamos 32 mil 600 vehículos verificados en la Zona Metropolitana de Morelia. Este año todavía lo único que estamos haciendo son operativos de apercibimiento en la calle”. La versión de la autoridad es que aún en este año 2019 el plan de verificación se mantendrá en condición de obligatoriedad con prórroga, en tanto que para el año 2020 se comenzarán a aplicar las multas tabuladas para los más de 532 mil automóviles que se tienen registrados en la ciudad de Morelia. Faltan dientes en la norma Autoridades de la mesa de seguridad ambiental han advertido que a pesar de la obligatoriedad de la verificación y otros procesos legales a quienes contaminan, requieren de más formas de presión. Al no poder confiscar tarjetas de circulación, sacar vehículos de circulación o retirar placas, la población hace caso omiso a cualquier sanción.
La Voz de Michoacán
