Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Asociación de Industriales de Michoacán AC (Aiemac) criticó severamente la propuesta de impuestos ambientales que el Gobierno del Estado turnó a los diputados la semana pasada, ya que considera que no resuelve los problemas de fondo y, sobre todo, se trabajó todo el año de manera conjunta para entregar una verdadera estrategia integral, la cual simplemente fue desechada. En voz de Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Aiemac, el sector manufacturero está en contra de estos gravámenes pues “desde su diseño no se trata de soluciones ambientales, sino de pagos por derecho a contaminar", por lo que ya presentaron su contrapropuesta ante el Congreso estatal. Recordó que este año fueron derogados estos tributos ante la compleja situación económica de principios de 2019, la crisis de hidrocarburos y el compromiso, junto con la Cámara de Diputados de “un acuerdo de entendimiento para establecer mesas técnicas y analizar los impuestos ecológicos estatales”. Criticó también la falta de seriedad de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) en el tema, pues prácticamente durante todo el año trabajaron en mesas técnicas en donde se formuló un esquema que ayudara a resarcir de fondo el daño ecológico y que no fuera una simple carga tributaria al que incurre en polución, pero el Gobierno del Estado simplemente la desechó. A esto se agrega, asegura Carlos Enríquez, la falta de transparencia, por lo cual ni siquiera se puede asegurar que los previstos impuestos sean aplicados donde se pretende. Carlos Enríquez señaló que la Aiemac trabajó en una iniciativa conjunta relacionada al tema de la protección y remediación del medioambiente en Michoacán. Dicho convenio fue signado firmado y apoyado por diez, incluyendo Antonio Madriz Estrada, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Señala el organismo industrial que todavía pidieron una reunión con Ricardo Luna, titular de la Semaccdet, para conocer la propuesta que ya se perfilaba sobre el tema y la cual desconocían pese a haber trabajado todo el año en las mesas técnicas, pero nunca se recibió una respuesta por lo que no conocieron la propuesta tributaria sino hasta la semana pasada, en donde lo que se contempla es retomar la propuesta que fue derogada el año pasado. Carlos Enríquez señaló que la propuesta trabajada durante el año ya fue enviada vía el Diputado Arturo Hernández y registrada en el Congreso el pasado viernes 22 de noviembre, la cual adicionaría diversos artículos a la Ley de Cambio Climático y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable. “En AIEMAC queremos dejar muy en claro que estamos totalmente en contra de los impuestos ecológicos estatales, así como también de los impuestos cedulares porque su fin sigue siendo recaudatorio, dicho por ellos mismos: ‘para sufragar el gasto público’.Si se está usando el término impuesto ecológico para disfrazar la recaudación ¿qué compromiso ambiental y social hay en ello? Por el contrario, se convierte en un derecho por contaminar, que no va a ser resarcido de ninguna forma”, atajó el líder industrial. ¿Cuáles son los impuestos que buscan aplicar? Son cuatro los tributos ecológicos: el impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; depósito o almacenamiento de residuos; impuesto a la emisión de gases a la atmosfera y en la extracción de materiales. Uno de los principales objetivos de estos impuestos fue del de controlar la extracción de materiales, la contaminación del aire en las fuentes móviles y fijas, así como a quienes realizan procesos productivos e industriales en detrimento del medio ambiente. Establece que entre los nuevos impuestos ecológicos destaca que las empresas pagarán 100 pesos por cada metro cúbico de agua contaminada con metales pesados o con cianuros. El segundo gravamen ecológico dispone que se cobrará 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera. De acuerdo con la Semaccdet, el impuesto a las empresas que contaminan grandes volúmenes de agua en el estado, estarán obligadas además del pago del recurso, a sanear las aguas que usan y regresarlas en buenas condiciones a los mantos acuíferos superficiales de donde las tomaron.
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