Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El régimen de López Obrador podría romper el récord de reformas a la Constitución mexicana, según las “tendencias alarmantes” que ha identificado Cuauhtémoc de Dienheim, doctor en derecho. Desde 1917 la actual Carta Magna ha acumulado reformas que equivalen a la creación de 5 nuevas constituciones, señaló el jurista, quien alertó que hay señales de retroceso autoritario, por lo que “sería una pena perder lo que tanto trabajo ha costado construir”. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, se ha regido bajo una sola Constitución que consta de 34 artículos y que ha estado vigente por más de 230 años. Por el contrario, México ha padecido una fiebre de textos fundamentales marcados por los años de 1814, 1821, 1824, 1836, 1843, 1847, 1857, 1865 y 1917. De Dienheim, lo mismo que los catedráticos Alfredo Tapia Navarrete y Humberto Urquiza Martínez, coincidieron en descartar que México necesite crear una nueva Constitución como lo han postulado políticos tales como Porfirio Muñoz Ledo. El 2019 ha sido el inicio de sexenio con el mayor número de reformas a la Constitución, bajo la presidencia de López Obrador, empezando el 14 de marzo y culminando el 20 de noviembre, con siete decretos de reforma sobre 34 artículos de la Carta Magna. El exvicerrector de la Universidad Latina deploró que mucha gente no sepa qué hay detrás del primer fin de semana largo del 2020. Al anotar que las fechas están cada vez más desvirtuadas, subrayó que la actual Constitución entró en vigor el 1 de mayo de 1917, pero le damos realce a la promulgación, el 5 de febrero. De Dienheim identificó como una paradoja y un sinsentido que nuestra Constitución de 136 artículos, y siendo rígida en reformar, aun así, haya tenido 740 reformas a lo largo de un siglo de vigencia. Resaltó que la no reelección del presidente de la República había sido prohibida tajantemente del texto original de 1917. Sin embargo, después se permitió la reelección, siempre y cuando no fuera consecutiva. Tras el mandato de Calles, Álvaro Obregón, cumpliendo su primer período presidencial, pudo reelegirse, pero fue asesinado en 1928, antes de tomar posesión. Y otra vez se prohibió la reelección mediante nueva reforma constitucional. Al advertir señales de retrocesos autoritarios, el catedrático disertó: “Democracia, instituciones y control del poder son sumamente frágiles. Fácilmente pueden destruirse, si no los defendemos, cuidamos y mejoramos. La historia demuestra que el simple paso del tiempo no mejora los sistemas constitucionales por añejamiento. Se necesita voluntad, constancia y perseverancia”. ¿Por qué dice que hay hiper reformabilidad? Porque la Constitución mexicana ha tenido demasiadas reformas, siendo tocada y hecha a la manera de cada nuevo gobierno que llega al poder. La hemos ido engordando, engrosando. Demasiado amplia, farragosa, difícil de entender, con muchas disposiciones que tendrían que estar en las leyes secundarias. La Constitución original de 1917. Tenía poco más de 15 mil palabras, y la actual tiene alrededor de 70 mil palabras. Las Constituciones son textos hechos para perdurar en el tiempo más allá de una ley común con procedimientos rígidos de reforma . ¿Qué artículos han sido los más manoseados? El artículo más tocado y más reformado ha sido el 73, referente a las facultades del Congreso, al que todos los presidentes le han hecho alguna reforma, abultando enormemente ese artículo. Como regla general: cada vez que se asigna una facultad al Congreso de la Unión, se le restan y merman facultades a las entidades federativas. Por ejemplo: en una reforma de 2017 hecha al Artículo 73 se le confiere facultad exclusiva al Congreso de la Unión para promulgar códigos únicos en materia civil y familiar, es decir, ambas materias ya no son facultad propia de los estados. También se habla de la creación del código único penal sustantivo, aunque no se ha formalizado como iniciativa. ¿Qué vida constitucional ha llevado el México histórico? Una de altibajos, bastante sobresaltada. Muchas veces no se dice que la primera forma de gobierno de México fue una monarquía. Celebramos gloriosamente los 200 años del inicio de la guerra de Independencia, pero 1821 fue el año de la auténtica consumación de la Independencia. Hemos oscilado en muchas constituciones. La de 1824 estableció la República federal. Las Siete Leyes de 1836 proclamaron el sistema centralista. Las bases orgánicas de 1843 también asentaron la República central. El Acta constitutiva y de reformas de 1847 implicó el retorno al federalismo. Las incursiones de Santa Anna generaron otra vez una alta centralización. La Constitución de 1857 fue interrumpido por la breve monarquía con el Segundo Imperio, el de Maximiliano de Habsburgo. La Constitución de 1917 refrenda la República federal con oscilaciones en el tiempo. Hemos tenido Ejecutivos con reelección, lo que llevó al poder once veces a Santa Anna y más de 30 años a Porfirio Díaz. Esa inestabilidad constitucional también pasa factura en la organización social, en el éxito, en la prosperidad y en la estabilidad de cualquier país del mundo. ¿Los políticos han llenado de promesas la Carta Magna? La Constitución es el instrumento por excelencia en donde los políticos han plasmado promesas de derechos. Yo he contado 300 derechos en todo su texto. Si solo pensamos en el Artículo 4, tenemos igualdad del hombre y de la mujer ante la ley, protección de la familia, libertad de procreación, derecho a la alimentación, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho de acceso y disposición del agua para todas las personas, derecho de la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho a la identidad, a ser registrado, el interés superior del menor, derecho a la cultura, al disfrute y acceso de los servicios que presta el Estado, derecho a la cultura física, derecho al deporte. México tiene muchos y muy buenos derechos. ¿Cuál es el problema? El cumplimiento efectivo es el talón de Aquiles. Dice un profesor argentino muy destacado, que se llama Roberto Gargarella: Tenemos en las partes dogmáticas de las constituciones latinoamericanas, incluyendo la de México, derechos humanos del siglo XXI, de última generación, pero con una pobre organización política, anclada en el siglo XIX, con una estructura muy vertical, muy burocrática y muy jerarquizada. Hemos innovado y prometido, poniendo muchos derechos en el texto constitucional, como el derecho al agua y a la alimentación, pero el motor para hacerlos realidad es la organización política. ¿Hay tentación de denigrar y criminalizar al adversario desde las reformas? Hay que pensar las Constituciones como instrumentos para limitar el poder. La democracia implica compartir espacios, poder y proyectos con los que no piensan, sienten o quieren lo mismo que nosotros. Implica ceñirse a prácticas políticas como la tolerancia con el propósito de crear y desarrollar un país, sin discriminar ni destruir al disidente. Autocontensión para no destruir al adversario y para no caer en la tentación de perpetuarse en el poder. ¿México necesita una nueva Constitución? El debate de una nueva Constitución resulta innecesario. Prácticamente ya tenemos una nueva Constitución, con los más de 300 artículos modificados en los primeros 20 años del siglo XXI. No es lo mismo tener Constitución que vivir en la Constitución, como dice un profesor español. Más allá de un documento promulgado y expedido, aquí la pregunta es: ¿vivimos en Constitución? ¿Los políticos respetan y cumplen lo que dice la Constitución? No. El problema es hacer que lo que diga la Constitución sea realmente cumplido y observado. Es un tema de cultura jurídica, política y social, de observancia del estado constitucional de derecho. Vientos de cambio Alfredo Tapia Navarrete, director de Derecho de la UNLA, planteó que ante el cambio de gobierno y con la llegada de la denominada 4T, nuestra Constitución ha venido siendo parte sustantiva en el intento de implementar cambios paradigmáticos, bajo el sustento de “mejorar” las condiciones de vida de la sociedad mexicana. El reflejo del intento de cambio de rumbo se observa en el contenido económico, pretendiéndose equilibrar el modelo neoliberal frente al social que en sí mismo ya venía sosteniendo la Constitución del 17.
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