Juan Bustos / La Voz de Michoacán La movilización y las acciones de presión serán los instrumentos en caso de que el gobierno estatal y el federal no reconozcan al Comité Ejecutivo que sea electo en el Congreso Seccional de Bases que inició ayer, en las instalaciones de la Coordinadora, por parte del grupo opositor al liderazgo de Víctor Zavala Hurtado. A manera de contexto, cabe señalar que el Congreso que organiza la Comisión Organizadora del grupo que respalda al Comité Ejecutivo de Víctor Zavala tiene contemplada su sesión para el próximo miércoles, donde de igual forma señalan que ellos tienen la representatividad de la Sección XVIII del SNTE en Michoacán, ya que su dirección fue electa en el pasado Congreso Seccional y que tiene la representación legal y sólo otro Congreso puede removerlos. Este lunes, previo al inicio de los trabajos, 21 integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso ofrecieron un posicionamiento en torno al acto y las condiciones en las que arribaban a la discusión. Benjamín Hernández Gutiérrez, integrante de la Comisión Organizadora, recordó que el Pleno Seccional de 28 de octubre del año pasado desprendió el acuerdo de la Comisión Organizadora de un representante por región magisterial, sin la injerencia del Comité Ejecutivo actual, ante las denuncias de las irregularidades. Agregó que a pesar de ser designada, la dirigencia se encargó de boicotear los trabajos, por ello, a partir del mes de enero, se instaló la Comisión y dio seguimiento a los acuerdos para realizar los trabajos. Explicaron que el proceso que realiza el grupo zavalista está plagado de irregularidades, que a sus asambleas masivas no llega toda la gente, y a pesar de no reunir el número de trabajadores, se nombra a delegados efectivos. “Sabemos que está convocando a otras organizaciones integrantes del Frente Cívico Social para fortalecer o arropar el proceso porque no reunirán a la gente suficiente”, explico. Detalló que el Congreso que organizan no tendrá saludo de organizaciones como en ediciones anteriores para evitar la injerencia de cualquier organización. A la pregunta de que, al existir dos organizaciones, qué harán si no obtienen el reconocimiento de las instancias de gobierno federal y estatal, detalló que el mismo gobierno sabe quiénes son los que tienen presencia en las regiones. Agregó que de igual forma los instrumentos de lucha, como la movilización y las acciones de presión, serán utilizadas para lograr el reconocimiento de la dirección magisterial legitima. Incluso reiteró que actualmente el 70 por ciento de las escuelas del estado están en paro y se espera que el miércoles sea más amplio con la elección del Comité Ejecutivo. Paulo Javier Rodríguez Reyes, integrante de la Comisión Organizadora, expuso que fue el 23 de enero en que se instaló la Comisión Organizadora, tras seguir los procesos de consulta y revisión para el 10 de febrero, se tuvo lista la convocatoria. Explicó que ahora están listos para el Congreso y con el apoyo de 20 regiones, y uno de los últimos en integrarse es el Sector IX de Educación Indígena; en un Congreso determinó participar con ellos, por lo cual, señala, existe un amplio respaldo. Asimismo, reiteró la petición a los gremios que integran el Frente Cívico Social y otras organizaciones a que se abstengan de manifestarse en torno a algún proyecto, y que frente a la actual situación entre los dos grupos, respeten la vida interna y que pasado el proceso se hablará con todas las organizaciones. Los voceros rechazaron que el dirigente Víctor Zavala, que fue expulsado de la organización, utilice a grupos sindicales para arroparse o movilice a los estudiantes normalistas en su favor utilizando el argumento de que la gestión la siguen teniendo ellos. Explicaron que para el Congreso estaría presente un notario público y que buscarían que la representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) también pudiera dar fe del orden en el desarrollo de los trabajos. Los representantes señalaron que incluso uno de los planteamientos que manejarán es establecer la revocación de mandato para que no se repitan escenarios de corrupción al interior de la Secretaría de Educación en el Estado.