Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán emitió este jueves el fallo respecto a la adjudicación del financiamiento que solicitó el Gobierno del Estado a instituciones financieras. Dado que ninguno de los bancos realizó una oferta por los 4 mil 90 millones de pesos que autorizó el Congreso local, se tuvo que recurrir a dos préstamos para cumplir la cifra prospectada, quedando como ganadores de la licitación Banbajío y Banorte. De acuerdo con la información proporcionada por Carlos Maldonado Mendoza, titular de la SFA, Banbajío y Banorte otorgarán cada uno un crédito; la primera institución por 2 mil 45 millones de pesos, el primero con una tasa efectiva de interés 7.14 por ciento, y el segundo del 7.16 por ciento. La firma del contrato será el próximo día 4 de marzo. La dependencia detalló que los préstamos son a 20 años y se pagarían con el 6.57 por ciento del Fondo de Participaciones Federales. Explicó también el funcionario que dejaron a un lado las ofertas de Afirme, Santander y Bansi, que ofrecían tasas de interés más altas. “El proceso fue todo un éxito, se presentaron cinco propuestas formales y todas con sobretasas muy bajas, nunca antes ofertadas para un tema como éste”, destacó a medios Carlos Maldonado y resaltó que el Gobierno de Michoacán da este tipo de certidumbre a las bancas comerciales, por ello las calificaciones positivas. Hay que recordar que la administración estatal que encabeza Silvano Aureoles solicitó el empréstito por 4 mil 090 millones de pesos el cual fue avalado en su momento por la actual Legislatura, aunque encontró resistencia de Morena, por considerar que el dinero que se ahorraría la entidad por la (entonces futura) federalización de la nómina bastaría para poder redireccionar recursos. La SFA argumentó en aquel momento que el financiamiento serviría para promover la inversión pública en varias áreas, desde educación, vialidades y hasta desarrollo económico. En voz de Heliodoro Gil Corona, especialista del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) y Javier Elliot Olmedo Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), el gobierno estatal contaba con otras alternativas, como las APP (Asociaciones Público Privadas) para poder detonar proyectos de inversión, además de que esto abona a aumentar una ya de por sí histórica deuda. Actualmente el Gobierno del Estado adeuda 25 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil millones corresponden a pendientes bancarios en las denominadas deudas a largo plazo. En una entrevista el año pasado con La Voz de Michoacán, Carlos Maldonado destacó la disciplina financiera en la actual administración, ya que en un principio se debían cerca de 35 mil millones de pesos, cifra que ha ido disminuyendo de 2015 a la fecha. Las cifras marginales de crecimiento económico en el estado, cercanas al 0.2 por ciento para finales del año pasado prendieron las alertas en el tema para el especialista Heliodoro Gil Corona, quien señaló que el empréstito era una mala inversión ante las condiciones financieras de la entidad hoy en día, sumado a los ajustes que realizó la Secretaría de Hacienda el año pasado. Una vez que se aprueba el empréstito, Michoacán debería en total cerca de 29 mil millones de pesos, 8 mil millones de a corto plazo y 21 mil en la deuda a largo plazo. Por su parte, Javier Elliot Olmedo Castillo, presidente de la Anefac en Michoacán, dijo que el panorama era lamentable, pues son los michoacanos los que finalmente terminarán pagando esta iniciativa y se carga más deuda pública a la ciudadanía. Criticó también que el Gobierno del Estado no ha sido claro ni transparente en el ejercicio del gasto, especialmente los ingresos provenientes de las participaciones federales. La Anefac destacó a principios de años que opción más viable para generar estas inversiones necesarias en materia de obra pública hubieran sido las Asociaciones Público Privadas, que son esquemas de inversión de largo plazo, donde se invierte en la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado.
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