Agencias / La Voz de Michoacán. El Instituto Federal Electoral (IFE) inició esta mañana el proceso de destrucción de las más de mil 967 toneladas de papelería electoral de 2006, el cual deberá concluir antes de la primera semana de octubre. Luego de siete años de litigios en instancias nacionales e internacionales y tras el retiro de los sellos de la bodega nacional que resguarda la papelería, ubicada en la carretera México-Querétaro, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, dijo que con esta tarea se cumple con lo establecido por la ley electoral. Previo a la destrucción de los 130 mil 480 paquetes electorales, que se prevé inicie en octubre próximo y cuyo resguardo a cargo del Ejército mexicano significó un costo de mil 137 millones de pesos, se levantó la muestra que se utilizará para hacer el estudio de calidad del voto, tal y como se realiza desde 2003, y luego se triturará. Ante los representantes de los partidos políticos, no así de los consejeros electorales, se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción de la documentación, consistente en votos válidos, nulos, boletas sobrantes y lista nominal, entre otros, los cuales fueron resguardados de lluvias, plagas, humedad, sismos y hasta un posible cortocircuito. En entrevista previa a la apertura del inmueble, realizada ante notario público, Jacobo Molina explicó que la destrucción estará a cargo de la empresa Triturados Biopapel, proceso que dejará al IFE tres y medio millones de pesos. Agradeció el esfuerzo realizado a nivel nacional luego de la contienda presidencial del 2 de julio de 2006: al Ejército, a la Marina, a la policía estatal de Chiapas y ciudadanos que participaron como funcionarios en los comicios, dado que la paquetería se ubicó primero en 300 bodegas distritales, luego en 32 locales y finalmente en una nacional. "En poco menos de 10 mil metros cuadrados se encuentran más de 130 mil paquetes electorales de aquella elección, que suma más de mil 500 toneladas de material electoral que iniciará su destrucción", dijo Jacobo Molina en relación a las dimensiones de la bodega nacional. Insistió en que la autoridad electoral respetó en todo momento el derecho de ciudadanos que pidieron custodia del material, situación que significó siete años de litigio; "han sido siete años, pero creo que la autoridad ha cumplido cabalmente con su responsabilidad y con el respeto a los derechos político-electorales de todos los ciudadanos", expuso. A su vez, el director de Estadística y Documentación Electoral del IFE, Gerardo Martínez, precisó que para el proceso de destrucción de la paquetería electoral se integraron siete equipos de esa dirección, conformados a su vez por cuatro o cinco personas cada uno. A ellos se sumaron dos equipos de la Dirección de Planeación y Seguimiento, que serán los responsables de sustraer las muestras electorales motivo de estudio. Expuso que cada equipo trabajará un promedio de 20 distritos por día, iniciando por los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla, con lo cual se estima concluyan su trabajo a finales de mes; "el asunto es complejo, es detallado pero sólo de esta forma vamos a garantizar que se obtienen los paquetes que nos han señalado se van a analizar". Así, concluida la extracción de la muestra y previo a otros análisis, se separará el papel, el plástico y aquel material que pudiera haber quedado, como tinta indeleble o papel, para enviarlo a la empresa Triturados Biopapel. Ya triturado, el material será remitido en forma de pacas a una empresa ubicada en el estado de Veracruz, la cual lo convertirá en pulpa para hacer nuevamente papel. Con el inicio del proceso de destrucción del material ubicado por entidad y por distritos, se da cumplimiento al acuerdo del Consejo General del IFE aprobado la semana pasada, al considerar que no existe impedimento alguno para proceder a la destrucción de los paquetes electorales de los comicios federales de 2006. Ello, luego de que los consejeros electorales avalaron dejar sin efectos el punto primero del acuerdo CG714/2012, por el que se atendió la petición formulada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para suspender la destrucción de las boletas electorales.
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