Jorge Ávila / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Este jueves, el gobierno de Estados Unidos anunció que se habían abierto cargos en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC por los cargos narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, manifestó en una rueda de prensa la fiscal general del distrito sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan. Los fiscales de Florida y Nueva York sostienen que, durante los últimos 20 años, desde que el extinto presidente Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el gobierno venezolano ha conspirado con las FARC para introducir en territorio estadounidense toneladas de cocaína. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró que desde 1999 Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), forman parte del Cártel de los Soles, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango. Según Barr, Maduro, como líder del Cártel de los Soles, y los otros funcionarios venezolanos, han trabajado con las FARC para hacer mandar a Estados Unidos, a través del Caribe y Centroamérica, incluido Honduras, unas 250 toneladas de cocaína por año. “El anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano”, subrayó Barr. Esta es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que se presentan cargos contra un jefe de Estado después de que, en 1989, fiscales de Miami acusaran de narcotráfico al panameño Manuel Antonio Noriega, que fue detenido durante la invasión estadounidense, enjuiciado y encarcelado en Florida. Para llevar a los acusados ante la justicia, el gobierno estadounidense ofrece 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, 10 millones por Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de una de estas tres figuras: el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones. En total, Estados Unidos presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos. Los acusados son los cinco mencionados (Maduro, Cabello, El Aissami, Carbajal y Alcalá Cordones), así como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el juez Maikel Moreno del Tribunal Supremo; y el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. También fueron inculpados el exministro de Energía Luis Motta; un antiguo militar de la fuera aérea Oscar Rafael Colmenárez Villalobos; el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, Edylberto Jose Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel, ambos exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué creer que no es descabellada la decisión estadounidense? Durante los últimos tres años, InSight Crime (https://es.insightcrime.org) ha investigado a altos funcionarios de Venezuela, y así han encontrado a 123 funcionarios relacionados con actividades delictivas. Ahí hay militares, exmilitares y demás funcionarios, incluidos familiares del presiente Nicolás Maduro. En sus investigaciones, InSight Crime ha detectado que en los más altos niveles institucionales hay gente involucrada con el narco y otros delitos: la Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA). https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1243362599493750784 Este nivel de penetración en las instituciones, al ser estas las encargadas de la lucha contra el crimen organizado en el país sudamericano, pone al descubierto que el gobierno de Venezuela está prácticamente incapacitado para luchar contra el crimen organizado y combatir los distintos delitos, como contrabando de combustible, venta de alimentos y medicinas en el mercado negro o tráfico de cocaína, lo que coloca a Venezuela como un “Estado mafioso”. La industria del robo Analistas se preguntan cómo es que siendo un país con una de las más grandes reservas de petróleo después de Medio Oriente, Venezuela puede estar en constante crisis económica. Ante esa cuestión, se encuentran con 3 respuestas: incompetencia para tomar decisiones, corrupción en quienes deciden y un alto índice de saqueo a las instituciones del Estado. Este saqueo a las arcas estatales por la élite bolivariana se debe a la falta de transparencia y de una adecuada contabilidad pública a los presupuestos y otros gastos que se hacen de forma discrecional. Tal ha sido el impacto, que una investigación realizada por el Congreso calcula que la cifra alcanza los 70 mil millones de dólares, en tanto que el exministro Héctor Navarro estimaba en 2016 un desfalco por 300 mil millones de dólares. Este nivel de corrupción es posible gracias a la falta de transparencia, ya que Venezuela ocupa el puesto 166 entre los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Así, al no saber cuánto gana el gobierno ni cómo lo gasta, no hay rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos, lo que se ha dado al menos desde 2003, en que el gobierno de Hugo Chávez estableció controles a la moneda y los precios. “El sistema fue creado para que pudiera ser violentado”, señala en entrevista Alejandro Rebolledo, abogado especializado en crimen organizado, en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales se crearon para evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían llevado al golpe de Estado en 2002. Pero dieron lugar a “perversos incentivos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica, puesto que empresas y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro. Los importadores “inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada”, según una investigación del New York Times en 2015. En la actualidad, el sistema cambiario venezolano sirve para mantener la “lealtad” de ciertos sectores que tienen acceso a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el Ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia de este monopolio. “Alas a los alacranes” Luego del golpe militar que en 2002 derrocó por apenas 48 horas a Hugo Chávez, el mandatario tomó algunas medidas que inhibieran cualquier riesgo para él y su gobierno. Una de estas medidas fue delegar funciones del Estado a elementos irregulares e incluso señalados de criminales. Además, los cuerpos de seguridad perdieron el monopolio sobre las armas. En su lugar ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, bien sea a propósito o mediante la corrupción. Para esto, se les delegó poder estatal a estructuras como los “colectivos” y los “pranes”. Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, los cuales ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Aunque gozan de la anuencia del gobierno para operar, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen “vigilancia policial” en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Originalmente fueron financiados por el gobierno, pero actualmente tienen otras formas de autofinanciamiento, como el narcomenudeo y la extorsión. El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición. Por otro lado, los pranes son los jefes criminales en el sistema penitenciario y el gobierno les ha entregado gran parte del control de las cárceles, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes. Pero el sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras ya operan fuera de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas”, que son estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana. Crimen organizado, al alza A diferencia de otros países latinoamericanos, Venezuela no tiene la tradición de la delincuencia organizada, pues hasta hace poco eran más bien las mafias colombianas las que controlaban gran parte del narcotráfico, las extorsiones y secuestros en las zonas limítrofes entre ambos países. Pero hoy por hoy, la criminalidad poco a poco se desborda, por ejemplo, en el número de secuestros que se cometen. Y es que en tiempos de Hugo Chávez la delincuencia fue romantizada, pues en un discurso poco después de asumir la Presidencia, perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias. “La verdad es que sí, si yo fuera un joven con una hija a punto de morir de hambre, creo que saldría a medianoche a hacer algo para para evitar que fuera a la tumba, ¿no creen?”, dijo en un discurso público. “Los ricos son malos y los pobres son explotados; los pobres son delincuentes o violentos porque son pobres y explotados”, es como Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), describe la justificación ideológica del régimen para tolerar la criminalidad. Otra medida que benefició directamente al crimen organizado fue la implementación de “zonas de paz” en 2013. Esta estrategia buscaba que se destinara inversión social a zonas con altos índices delictivos y negociar con las comunidades para reducir los crímenes. Lo que pasó fue que quienes se encargaban de esta política pública terminaron haciendo tratos con los delincuentes líderes de las megabandas. Según algunos reportes, uno de los acuerdos entre el gobierno y las megabandas consistió en no permitir que las fuerzas peliculares y militares entraran a ciertas zonas sin un acuerdo previo. Aunque el gobierno en un principio negó que eso fuera cierto, analistas y medios de comunicación informaron que el gobierno sí había entregado el control de algunas áreas a las pandillas, que gracias a ello se convirtieron en la ley de facto, y de esta manera aumentaron su confianza, poder y control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor fundamental para el crecimiento de las pandillas. Así como los pranes en las cárceles, las megabandas lograron crear un Estado alterno. “Abandonaron a la gente cuando le dijeron a la Policía local, municipal y estatal que no podían patrullar estas zonas de paz para evitar malos entendidos. Y entonces los criminales dijeron: ‘¡hey! hermano, esta es mi oportunidad para convertir esta área en nuestro territorio, para traer secuestrados, cobrar rescates, para proteger a las personas que viven aquí'”, dijo Fermín Mármol, abogado y exdirector de la Policía, en conversación con InSight Crime. La política de las zonas de paz, que nunca fue reconocida oficialmente por el gobierno, ya no continúa vigente, pero las zonas en las que se ejerció siguen siendo algunas de las áreas con mayores índices de criminalidad. InSight Crime indica que hay operando entre 12 y 16 megabandas, algunas de ellas con más de 300 miembros en sus filas. Están presentes en los estados de Miranda, Guárico, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Táchira y en la capital, Caracas. A la par del crecimiento de las megabandas va el incremento de la economía ilegal, como el contrabando de combustible subsidiado pues, al ser el más barato del mundo, se manda de forma ilegal a Brasil y Colombia. Claro que este negocio de las megabandas y grupos colombianos no sería posible sin la participación de la Guardia Nacional. Algo similar ha sucedido con otros productos subsidiados, como los medicamentos y alimentos. Tierra violenta Aunque no se cuenta con cifras oficiales sobre homicidios, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ubicaba a Venezuela en 89 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2017, lo que convertía a este país en el más peligroso de Latinoamérica. Según cifras de 2017, Caracas se sitúa como una de las ciudades más peligrosas del planeta, con una tasa de homicidios de 130 por 100 mil habitantes. De los 26 mil 616 homicidios registrados por el OVV en 2017, 5 mil 535 ocurrieron a manos de los cuerpos de seguridad, una proporción muy alta, en medio de acusaciones generalizadas por ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Estas son ofensivas contra la delincuencia emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan bajar las descontroladas tasas de delincuencia. Los operativos se caracterizan por las ejecuciones y acusaciones de operar bajo la premisa de “disparar primero y preguntar después”. Otro factor en los altos índices de ejecuciones estatales ha sido la respuesta autoritaria ante las protestas de la oposición. Las Naciones Unidas ya ha cuestionado el alto número de ejecuciones por parte de los organismos de seguridad. Foto: AP. Venezuela ha vivido jornadas de protesta contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Estas tasas de homicidios pueden atribuirse al gobierno. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999, las tasas de homicidio rondaban los 25 por cada 100 mil habitantes, y se contaron menos de 6 mil muertes violentas a finales de 1999, según el OVV. A partir de 1999, los homicidios comenzaron a incrementar y han aumentado de manera constante de año en año. Y aunque para 2019 hubo una ligera disminución a 76 homicidios por cada 100 mil habitantes, Caracas sigue apareciendo en primer lugar de las capitales más violentas del continente, seguida en primera línea por San Juan, Puerto Rico (53.8); Guatemala capital (42.5), y Tegucigalpa, Honduras (41). En tanto que el nivel más bajo de asesinatos lo tiene Buenos Aires, Argentina, con una tasa de 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy por hoy, exportador de delincuentes Por muchos años, criminales colombianos tenían en Venezuela un centro de operaciones, refugio y ruta para el tráfico de droga, pero en los últimos años el flujo de la delincuencia ha cambiado, por lo que muchos venezolanos que han tenido que salir de su país huyendo de la complicada situación política y económica, han caído en las garras del crimen organizado, que los ha reclutado, pero además están los casos como el de Colombia, que ha visto un alza en delitos como el robo, en gran medida por los venezolanos que, sin refugio ni nada para subsistir, recurren al latrocinio y los asaltos. Y es que, según la Cruz Roja, ya se contabilizan alrededor de 37 mil personas desplazadas hacia fuera del país. Por esa razón, muchas mujeres han sido enganchadas por redes de tratantes de personas y terminan siendo explotadas sexualmente en México o Europa mediante redes de prostitución que cuentan con una maquinaria muy bien aceitada, aunque en México ya se les han dado algunos golpes a estas mafias. Reiterados señalamientos internacionales A todo lo anterior hay que añadir que constantemente el gobierno de Venezuela ha sido criticado en el ámbito internacional, no sólo por las convulsiones políticas y violaciones a las garantías individuales, sino también por su actividad criminal. Estados Unidos es quien ha liderado la condena al gobierno venezolano, tanto así que Nikki Haley, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, señaló que los venezolanos de a pie eran “las víctimas renuentes de un narcoestado criminal”. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha acusado a la administración de Maduro de usar “bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población”. En tanto que la ONU han recibido denuncias de “cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante las protestas como en operativos de seguridad”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein. Además, Panamá incluyó a 54 figuras del gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas en “alto riesgo” de incurrir en lavado de dinero o financiación del terrorismo. Por si fuera poco, la Unión Europea impuso sanciones a 7 altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro del Interior, Néstor Reverol; al presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno; al jefe de inteligencia, Gustavo González López, y al segundo al mando del partido socialista en el poder, Diosdado Cabello. Ahora tienen los activos congelados y vetos de viaje. Incluso Suiza, que no se caracteriza por una política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela, declarándose “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de la separación de poderes está gravemente mermado y el proceso a la vista de las próximas elecciones carece seriamente de legitimidad”.
La Voz de Michoacán
