Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Debido a la gran cantidad de daños ambientales generados cada año por incendios intencionados, los predios forestales que sean incendiados de manera intencional serán declarados áreas naturales de restauración forestal y no se podrá cambiar su vocación. En la cuarta reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego, en donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, se dejó en claro el fin de las prácticas de incendios para justificar el cambio ilegal de uso de suelo. Muchos bosques son incendiados de forma intencional. El modus operandi de delincuentes ambientales lleva años replicándose. Debido a falta de autorización para el cambio de uso de suelo, se incendiaron intencionalmente los predios forestales para después justificar la instalación de huertas de monocultivos o de desarrollos habitacionales. Bajo el esquema anterior, los bosques michoacanos ya perdieron hasta una tercera parte de su extensión en los últimos 30 años. Durante esta sesión, el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Ochoa Figueroa; Víctor Manuel Quiñonez Arroyo, suplente legal de la Gerencia Estatal de la Conafor; Carlos Alberto García Salgado, representante de la Conafor; Juan Carlos Vega, titular de ProAm, así como con el comandante de la 21 Zona Militar, el general Sergio Armando Barrera, y representantes de la Profepa en Michoacán, analizaron la situación que atraviesa la entidad en materia de incendios forestales y determinaron acciones conjuntas. Como parte de los acuerdos entre los tres niveles de gobierno, se autorizó la participación de las fuerzas federales como el Ejército Mexicano en las tareas de seguridad ambiental y el resguardo de las autoridades en las acciones administrativas. El titular de la Semaccdet, Ricardo Luna García, indicó que “bajo ningún motivo se permitirá el establecimiento de sistemas ajenos a la vocación del suelo como lo es el forestal. Foto: @cin_trinidad Otro acuerdo generado durante la Cuarta Reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego, es que se brindará capacitación al personal de campo para que sepan integrar adecuadamente las actas de denuncia contra los responsables de provocar los incendios forestales, de tal forma que las carpetas queden bien integradas para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda proceder y haya sanciones, afirmó el titular de la Semaccdet. También se destacó en la reunión la importancia de que a través de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario se exhorte a los agricultores para que en esta temporada de estiaje se abstengan de realizar prácticas de uso del fuego en sus tierras de cultivo como es la tumba, roza y quema, finalizó el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna García. En Michoacán se estima que hasta un 70 por ciento del territorio es de vocación forestal. Paradójicamente el desarrollo agrícola del estado de las últimas tres décadas se ha hecho mayormente sin regulación. Impacto ambiental, devastador Entre los años 90 y la última década se perdieron más de 250 mil hectáreas por cambio ilegal de uso de suelo. Especialistas han descrito este fenómeno como la peor devastación ambiental de la historia reciente de nuestro estado y de todo México. No es la única medida que se tiene para este año. Desde el 2019 se ha propuesto que los incendios Forestales se investiguen como un delito más. Se ha buscado reformar el Código Penal para que quienes incendian los bosques pasen mayor tiempo en prisión. En la actualidad, pese a ser un delito, al no ser considerado delito grave quienes infrinjan la ley difícilmente pisarán una celda. Muchas hectáreas son deforestadas para instalar monocultivos. Los delitos ambientales junto con otro paquete de medidas para resarcir los daños a los ecosistemas siguen dependiendo de los diputados locales. A más de un año, aún no se ha aprobado el paquete que envió el Ejecutivo estatal al Legislativo para mejorar la atención al medioambiente. La última actualización de la ley ambiental de Michoacán data del año 2014, por lo que se ha evidenciado la falta de interés de los legisladores en los problemas de los ecosistemas michoacanos.
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