El Universal/La Voz de MichoacánLos centros públicos de investigación presentaron un recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que les confirme que quedan exentos del decreto presidencial que ordena la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. En entrevista, Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la semana pasada todos los centros públicos de investigación presentaron el recurso ante la Secretaría encabezada por Arturo Herrera. “El decreto señala que están exentos los fideicomisos creados por mandato de ley y cuya extinción requiera una modificación legal. Argumentamos que los fideicomisos de los centros se crearon por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología, en concreto los artículos 23 y 50, por ello consideramos que estamos fuera del alcance del decreto”. En total, Conacyt tiene 26 centros públicos de investigación, entre los que se encuentran el CIDE, El Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y el Instituto Mora, por mencionar algunos. Todos los centros presentaron el recurso jurídico, dice López Ayllón, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “El Consejo nos está dando todo el apoyo que requerimos, no fue una acción sólo nuestra. La hicimos en estrecho contacto y comunicación con Conacyt. Entiendo que la directora de Conacyt iba a apoyar la gestión de las autoridades de la Secretaría de Hacienda como parte de su tarea de cabeza sectorial y no dudo que ya lo haya hecho”. Los fidecomisos y Conacyt El informe de la Cuenta Pública 2018 señala que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene 99 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura, es decir, aquellos que serían eliminados de acuerdo con lo estipulado en el decreto presidencial. De los 99 fideicomisos, 98 fueron catalogados como “En Operación” y uno “En proceso de extinción”, además indica que al 31 de diciembre de 2018 se les habían aportado recursos presupuestarios por 19 millones 688 mil pesos. El informe de la Cuenta Pública desglosa los 99 fideicomisos y entro ellos están dos, el “1725-1-para integrar diversos fondos (patrimonial)” y el “1738-3-ciencia y tecnología” que son operados por el CIDE. Ambos fideicomisos siguen en funcionamiento y son herramientas para poder financiar investigaciones que no están contempladas en el presupuesto anual, confirma López Ayllón. “No se trata de recursos presupuestales sino autogenerados por el CIDE, es decir son recursos que obtenemos a través de donaciones, contratos de investigación, o recursos que dan instituciones nacionales o internacionales para propósitos de investigación específica. El fideicomiso utiliza estos recursos para complementar el financiamiento de proyectos de investigación”, sostiene. El “Fideicomiso 1725-1-para integrar diversos fondos (patrimonial)”, explica el informe de la Cuenta Pública, tiene entre sus objetivos cubrir los gastos de “programas de investigación conforme al objeto del CIDE”, constituir fondos de previsión social “que coadyuven a la permanencia del personal del CIDE” y la adquisición de inmuebles para incrementar el patrimonio del Centro. Mientras que el “Fideicomiso 1738-3-ciencia y tecnología” deberá “financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores, y otros propósitos directamente vinculados para los proyectos científicos o tecnológicos aprobados”. Sergio López Ayllón, director general del CIDE, señala que ambos fideicomisos son de suma importancia para poder realizar investigaciones, sobre todo porque este tipo de trabajo no se realiza en un par de meses, sino que también se requiere una inversión de años. “Si no tuviéramos el fideicomiso habría proyectos de investigación que no podríamos financiar porque tienen un carácter multianual o requerirían una normativa especial que hoy no existe. No vivimos de los fideicomisos. Es necesario insistir en que si desaparecen los fideicomisos no desaparecerán los centros públicos de investigación, simplemente nos quitan una herramienta muy importante para hacer y cumplir la función para la que fuimos hechos. Estamos confiados en que tenemos la razón legal y también la razón operativa y que cuando se discuta la nueva Ley de Ciencia y Tecnología probablemente sea el momento de analizar si esta figura sigue siendo óptima o si podríamos tener otro mecanismo de financiamiento”. En caso de que sean eliminados los fideicomisos, agrega López Ayllón, se tendrá que generar un nuevo marco normativo, porque actualmente los fideicomisos operan bajo las reglas estipuladas en la Ley de Ciencia y Tecnología que data de 2002. “Los fideicomisos son una herramienta que forma parte del diseño de operación de los centros públicos de investigación, o sea, no es una anomalía, es que parte del diseño de la ley implicaba que existieran estos fideicomisos como parte de un mecanismo para financiar la investigación. Se argumentó que los fideicomisos son herramientas que facilitan la corrupción o que no son transparentes, pero cada seis meses se rinden cuentas ante los órganos de gobierno y la información está pública, esto nos va a ayudar para que las autoridades no tomen la decisión de extinguir estos fideicomisos”, enfatiza. Por el momento, los 26 centros públicos de investigación se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito.
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