Redacción / La Voz de Michoacán La Ley de Amnistía aprobada por el Senado de la República no es otra cosa más que la apertura para aprobar el aborto en México, así lo aseguró Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), en su capítulo Jalisco. “En esta ley hay algunos supuestos para la liberación de presos, entre ellos el alegato de que hay muchos presos por el tema del aborto; sin embargo, en México no tenemos una sola mujer sentenciada por este tema; solamente hay 12 hombres en todo el país, que fueron sentenciados por ayudar a una mujer o quizá obligar a una mujer a abortar”, señala. Sin embargo, en México la mayoría de las mujeres encarceladas por abortar han sido juzgadas por los delitos de homicidio, homicidio en razón de parentesco o infanticidio, y no por la interrupción de su embarazo, lo cual las ha condenado a penas de prisión más severas. “Entonces el aborto realmente no es no es una causa de amnistía, más bien es un tema ideológico y se está preparando un camino para despenalizar el aborto en este país”, explicó en entrevista a la Agencia Informativa de México (AIMX). “No es posible que se dedique tiempo y esfuerzo a medidas ilógicas e ideológicas como es la Ley de Amnistía, aprobarla fue insensible de frente a las verdaderas necesidades que tiene los mexicanos, donde la pandemia ha provocado una crisis de desempleo y creo que para esto deberían reunirse y ver qué plan de emergencia van a aplicar en este contexto”, reclamó. El representante del FNF en Jalisco señaló que la Ley fue aprobada en medio de la pandemia del COVID-19, que se vive no sólo en México, sino a nivel mundial, supuestamente para prevenir o ayudar que el virus no se esparza en las cárceles. Sin embargo esto es falso, aseguró, sólo es un pretexto, ya que ésta ya la tenían preparada desde antes de la pandemia “y, además, para vaciar un poco las cárceles de la sobrepoblación, pero esto es un proceso que va a llevar al menos dos meses, más la aplicación otro tanto, entonces realmente para la pandemia no va a servir. “Vendieron la urgencia de llevar a los senadores el 20 de abril, en medio de la pandemia, la idea era porque urge, supuestamente, darle oportunidad a despresurizar las cárceles para que no se contagien del COVID-19. Sin embargo, los propios senadores están obligando al distanciamiento social hasta el 30 de mayo, se prevé que el 30 de junio o en agosto volvamos relativamente a la normalidad, cuando la ley aplique, pues ya habrán pasado los contagios”, recalcó Cedillo Bolívar. Además de este tema, la ley implica la liberación de delincuentes vinculados al crimen organizado, ya que se habla de supuestos, de personas que cometieron delitos menores, entre estos mencionan a los detenidos por la posesión y tráfico de estupefacientes o drogas. “El gran riesgo de esta Ley de Amnistía es que, efectivamente, va beneficiar a muchos que sí son delincuentes, que se encuentran presos; por ejemplo, aquellos que vendían droga enfrente o en la esquina de una escuela, que forman parte de un grupo de delincuentes y que a lo mejor cometen otro tipo delitos y van a tener la posibilidad de salir por esta ley”, subrayó. Además señaló que todas estas personas, más de seis mil, que van a obtener su libertad, no cuentan con un programa de reinserción, entonces la pregunta es a dónde van a estar estos, dónde van a obtener empleos, cómo van a desarrollarse afuera, si no hay un proyecto real de este asunto, cuestionó. “Están en un alto riesgo de que vuelvan a delinquir o que vuelvan a ser reclutados por el crimen organizado”, dijo, pero lo más grave, apuntó, es que “los senadores fueron citados ayer, en medio de la pandemia, no para tomar decisiones para resolver los problemas que está dejando la pandemia, no para ver los apoyos a las familias, a las empresas, al sector salud, no para lo que estamos ahorita sufriendo, sino los citaron para aprobar una ley de amnistía que no tiene ningún sentido haberla aprobado el día de ayer”. Jaime Cedillo lamentó que la bancada de Morena, y “teniendo prácticamente en mano el sartén por ser mayoría, no dieron cabida a los argumentos válidos y con sustentos, ni a las propuestas de los opositores, ni siquiera lo pasaron a discusión; una ley que pudo ser mejorada, perdieron esa oportunidad. Era lastimoso ver cómo subían a la tribuna, mandaban un mensaje de posibilidad de sacar algo positivo de esta ley y simplemente no eran escuchados, no eran aprobados, ni siquiera para discusión; entonces lo que vemos es que esta bancada lo único que está haciendo es cumplir lo que desde el Ejecutivo, desde su partido, decidieron, sin capacidad de diálogo y ni siquiera un análisis de lo que más le conviene a México”, puntualizó. Inocentes encarceladas No obstante los argumentos del Frente Nacional por la Famila, por desconocimiento de la ley, estereotipos de género o simplemente por una serie de prejuicios, en México la mayoría de las mujeres encarceladas por abortar han sido juzgadas por los delitos de homicidio, homicidio en razón de parentesco o infanticidio, y no por la interrupción de su embarazo, lo cual las ha condenado a penas de prisión más severas. La organización feminista de Las Libres, con sede en Guanajuato, ha documentado que hasta 2019, había al menos 100 mujeres en cárceles del país, siendo indebidamente juzgadas por delitos considerados graves, y pagando condenas hasta de 50 años prisión, lo que las dejaría lejos del perdón que plantea la Ley de Amnistía. “Bajo esta lógica va a beneficiar a muy pocas mujeres tratándose de aborto, porque las mujeres están por homicidio en razón de parentesco, cuando se trató de un aborto espontáneo o de mujeres víctimas de violación”, han señalado. Hasta 2017, 44 mujeres estaban en prisión preventiva por la interrupción de su embarazo y apenas una veintena cumplía su sentencia condenatoria, debido a que el aborto es un delito que en la mayoría de las entidades del país se castiga con penas que no sobrepasan los tres años de prisión. La ley establece que si la condena es menor a seis años se puede cumplir en libertad bajo caución. Únicamente en Sonora hay una pena máxima de seis, por lo que en la actualidad todas podrían estar ya en libertad. Los 31 códigos penales del país contemplan el delito de homicidio; al menos 10 estados el homicidio por razón de parentesco. Otros más, el infanticidio, parricidio o matricidio. Delitos que “cuadran” para juzgar de manera excesiva a las mujeres que deciden abortar o que lo hacen de manera espontánea por partos prematuros o emergencias obstétricas. Las acusadas de homicidio y no de aborto tienen otro común denominador: sus embarazos estaban entre el segundo y tercer trimestre, además, tuvieron abortos espontáneos, así lo dice la carpeta de investigación de Alma N, quien pasó 10 años encarcelada en Guanajuato por homicidio en razón de parentesco. Tenía 18 años cuando se desmayó y perdió al bebé, pero los médicos que la atendieron la denunciaron y haber ocultado su embarazo y que el producto no fuera concebido por su pareja fueron agravantes. Con información de Agencia Informativa de México.
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