Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró negativo que algunas autoridades estatales estén implementando medidas como confimiento y arrestos. A decir del funcionario, al usar la fuerza pública no solo se cometen acciones que podrían resultar contraproducentes en la transmisión del virus, sino en la posible violación de derechos humanos. Enfatizó que las medidas no pueden ser improvisadas y que es preocupante que en algunos lugares se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos. “Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la Salud Pública, está no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública”. López-Gatell explicó que las medidas sanitarias fueron diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas sino elementos de estructuras que hacen que las personas se muevan, decisión que se tomó principalmente por dos razones: 1.- “Las disposiciones de Seguridad Sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de qué esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que usaron otros países como los de Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía, la realidad mexicana es muy distinta, porque aquí hay enormes desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, explicó que en el país se encontró la oportunidad de que con los tres más grandes conglomerados de actividades sociales: trabajo, escuela y recreación se podía tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas. Repitió que la intervención que decidieron las autoridades federales de Salud está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevas, cómo trabajar, ir a la escuela y eventos recreativos, por lo que las acciones son en esos aspectos pero no las personas. “Esto es una intervención más útil, porque se dirige a estos elementos estructurales, que cuando se intenta dirigir a las personas”, dijo. 2.- La expresión de mayor preocupación, señaló López-Gatell, es cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empiece a escalar una intención coercitiva, llega el uso de la fuerza pública y pueden cometerse acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios, primero para los mismos elementos de seguridad y además si a la persona se le arresta y se le lleva a una zona de reclusión, se incrementaría más el riesgo. Recalcó que la Salud Pública es científica, se planea y se diseña con base en evidencia, no se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas, como el uso de la fuerza pública. Explicó que en México no existe una región que sea estado de excepción al que se le deban implementar medidas especiales y dijo que en ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. “De manera explícita, en el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo, no se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos”. Señaló que no existe una justificación legal para este tipo de medidas. Estados arrecian medidas Los gobiernos estatales empezaron a apretar las medidas para prevenir los contagios de COVID-19. Por ejemplo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ordenó a partir del lunes pasado un periodo de aislamiento obligatorio, lo cual conlleva que solo podrán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, así como quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios. "Lo mismo para quienes se desplacen a su lugar de trabajo, solo para desarrollar actividades esenciales, como ha sido ya determinado por la Federación. Esto cuenta también para las personas que acudan a bancos o instituciones de seguros o quienes deban salir por casos de fuerza mayor plenamente justificados", dijo el funcionario.
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