Bukele contras las Maras: ¿abuso de autoridad o medida necesaria en El Salvador?

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

En los últimos días dieron la vuelta al mundo las imágenes de reclusos de El Salvador, todos ellos miembros de pandillas, apiñados cuerpo a cuerpo en el patio de la cárcel de Izalco; pero además se tomó la determinación de mezclar a los miembros de diferentes pandillas en celdas compartidas y se autorizó a los cuerpos de seguridad el uso de la fuerza letal para luchar contra las maras.

La medida de inmediato desató el debate, pues por un lado se ha criticado la actitud del gobierno al hacerlo en plena pandemia de COVID-19, aunado a que se puede incurrir en violaciones a los derechos humanos, al grado de ver a Nayib Bukele como un tirano moderno, pero por el otro, el gobierno defiende su estrategia con el argumento de que eso permitió detener la ola de homicidios que se venían cometiendo en días recientes, todos ellos a manos de pandillas. Pero también está ahí la historia de la Mara Salvatrucha y cómo a lo largo de 30 años ha hecho de El Salvador uno de los países más peligrosos de América Latina.

¿Medidas draconianas?

Recientemente el gobierno de El Salvador implementó medidas más severas contra los pandilleros encarcelados, como reacción a la muerte de más de 70 personas en las últimas semanas, una ola de violencia que puso fin a meses de relativa calma en el país centroamericano.

Las fotografías, que la propia oficina del presidente Nayib Bukele difundió, mostraban a cientos de reclusos en ropa interior, amontonados en el suelo de una cárcel mientras se registraban sus celdas. Algunos llevaban cubrebocas, pero la mayoría tenía poca protección contra la posible propagación del coronavirus.

Según analistas, la idea del gobierno era humillar e intimidar a los pandilleros con una demostración de fuerza, pero en un contexto de pandemia, en que tanto se ha insistido en el distanciamiento social en gran parte del mundo, incluyendo El Salvador, las fotografías provocaron preocupación por posibles abusos contra los derechos humanos de los reclusos.

“Tenemos el deber de asegurarnos de que El Salvador no se convierta en otra dictadura”, tuiteó en su momento José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El argumento de las autoridades fue que los pandilleros encarcelados estaban detrás de los asesinatos, por lo que Bukele autorizó a la Policía y el Ejército usar fuerza letal contra las pandillas si ellos o personas civiles se veían amenazados. Al interior de las cárceles se ordenó el cierre por 24 horas en varios penales y se colocaron láminas de metal en las celdas para asegurar que los pandilleros no pudieran comunicarse entre sí.

Ante ello, distintas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la propagación del coronavirus en las cárceles latinoamericanas.

En el pasado reciente, El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo, pues según información del Banco Mundial, en 2015 la tasa de homicidios era de 105 por cada 100 mil habitantes, y ya para 2017 la tasa era de 62 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Y aunque los grupos como la MS-13 y la Mara Barrio 18 aún tienen control de grandes porciones del territorio nacional, los asesinatos habían caído en picada durante el mandato de Bukele, quien por ello goza uno de los índices más altos de popularidad en toda América Latina.

El investigador de la Universidad Internacional de Florida y experto en las pandillas del El Salvador, José Miguel Cruz, detalló en entrevista para The Washington Post que el aumento reciente en los homicidios echó por tierra la idea de que el gobierno por fin tenía el control de la delincuencia organizada, ya que mientras las autoridades festejaban que las políticas de seguridad disminuían los índices de violencia, las pandillas seguían cometiendo delitos como la extorsión, que genera buenos dividendos a las pandillas.

Si bien durante 2019 y los primeros meses de 2020 la violencia se redujo considerablemente, la ola de homicidios comenzó a levantarse en abril, dado que el 24 de ese mes hubo 23 asesinatos, la mayor cantidad de muertos en día durante el mandato de Bukele.

El sábado 25 de abril fueron asesinadas 13 personas, el domingo se ultimó a 24 salvadoreños y 16 personas fallecieron el lunes 27 de abril.

Esto llama la atención porque la violencia escaló contra todo pronóstico, ya que se suponía que con la población resguardada en sus casas la criminalidad decayera ostensiblemente, tanto que en algunas regiones las pandillas también amenazaban a la gente que andaba por la calle sin cubrebocas.

Pero, según las autoridades, lo que los pandilleros hicieron fue aprovechar que la policía estaba más enfocada en mantener las medidas restrictivas propias de la pandemia, y para menguar su capacidad de organización fue que se decidió meter a reos de distintas pandillas en la misma celda.

Pero no fue la primera vez que Bukele fue acusado de autoritarismo, ya que desde el brote de coronavirus su gobierno ha enviado a miles de personas a los llamados “centros de contención”, los cuales están abarrotados, por violar una cuarentena obligatoria. Cuando la Corte Suprema dictaminó que era inconstitucional, Bukele rechazó la decisión.

Tales acciones, incluyendo las medidas estrictas implementadas en las cárceles, “aumentan en lugar de reducir la posibilidad de contagio”, explicó Leonor Arteaga, directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington.

La orden de Bukele, que permitía mayor uso de la fuerza letal, también recibió críticas. Según el sitio de noticias salvadoreño El Faro, la Policía cometió 116 ejecuciones extrajudiciales entre 2014 y 2018: un periodo en el que el gobierno anterior exhortó a las fuerzas de seguridad a enfrentar de forma agresiva a las pandillas.

David Morales, director de litigios estratégicos del grupo de derechos humanos Cristosal, explicó que ese tipo de órdenes “genera más violencia por parte de los criminales” y de las fuerzas de seguridad.

Bukele va para dictador: Human Rights Watch

Defensores de derechos humanos han sido puntuales en criticar al gobierno salvadoreño por las medidas, a lo que la respuesta e Bukele, vía Twitter, fue: “Es increíble el apoyo internacional que tienen las Maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios... Guardan total silencio ante actos de barbarie, pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en centros penales, que fueron controlados por las maras durante décadas. Está claro para quién trabajan y cuáles son los intereses de sus financistas”.

Una de las organizaciones más críticas desde el inicio de la pandemia de coronavirus es Human Rights Watch (HRW), especialmente su director para las Américas, José Miguel Vivanco, quien calificó las medidas de Bukele de crueles e inhumanas.

El activista se mostró especialmente crítico con Bukele y dijo que “si no hay una reacción internacional fuerte esto puede realmente terminar con la democracia de El Salvador”.

“Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana”, afirmó en entrevista a BBC Mundo.

Sobre el que se aislara a los reos para evitar que se comunicaran entre sí y se orquestaran asesinatos desde el interior de las cárceles, José Miguel Vivanco señala que en una democracia, “las decisiones sobre castigos se toman sobre la base de un proceso penal, de una investigación, no sobre la base de informes de inteligencia. Eso es propio de una dictadura”.

Cuestionado sobre la decisión de juntar a miembros de pandillas rivales en una sola celda, Vivanco opina que pareciera que el Estado salvadoreño lo que pretende es que, o bien se maten entre ellos, o que el coronavirus haga el trabajo sucio.

“No hay la más mínima consideración por la dignidad de unos reclusos que obviamente han cometido delitos atroces, pero eso no le da carta blanca a El Salvador ni a ningún gobierno democrático para castigarlos y vengarse de esta manera. Es sumamente preocupante”, lamenta.

Sobre la autorización del presidente a las fuerzas del orden para usar la fuerza letal en caso de sentirse en peligro o para salvar la vida de personas civiles, el representante de HRW alerta que esto abre la puerta a las ejecuciones extrajudiciales.

En el tema de la persistencia en arrestos policiacos y confinamiento en centros del gobierno para quienes violen la cuarentena obligatoria, lo que de hecho la Corte ha dicho que es inconstitucional, José Miguel Vivanco señala que tales detenciones tienen un enfoque más punitivo que preventivo, implementando una política de salud pública desde la base del miedo, con un enfoque militar, tanto que el presidente ha dicho que “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños por más tinta y sellos que tengan”.

Y es que los centros de contención han sido muy criticados por defensores de derechos humanos que los consideran insalubres, donde además no hay la preparación adecuada del espacio y el personal y no hay las garantías para evitar que alguien salga contagiado de ahí, tanto que hasta el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reconoció que en esos centros se corre el riesgo de contraer el virus, por lo que era mejor que la gente se quedara en casa.

Juntos y revueltos, hacen tregua

Esta semana se dio a conocer que la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de la pandilla Barrio 18, enemistadas a muerte desde hace décadas, hicieron una tregua, o como se dice en el argot, están “corriendo el Sur”, en las cárceles de El Salvador. Esto es una consecuencia directa de la decisión de mezclar en las mismas celdas a integrantes de esas tres maras o pandillas.

A finales de abril explotó la violencia homicida al pasar de dos homicidios diarios en las semanas previas a 19 diarios durante cuatro jornadas. Esta violencia fue atribuida a los pandilleros, sobre todo por la estridente reacción del gobierno.

Fue entonces que Bukele avaló el uso de la fuerza letal de policías y soldados para combatir a las maras, se declaró en alerta máxima a las cárceles sobrepobladas de pandillas, se mostró al mundo a los pandilleros presos en calzones y apilados unos contra otros en plena pandemia de COVID-19 y se anunció que, como castigo, empezarían a compartir las celdas: las violentas pandillas salvadoreñas están ahora durmiendo con su enemigo, literalmente, en uno de los sistemas carcelarios más hacinados del hemisferio.

Las consecuencias no se han hecho esperar: la MS-13 y las dos 18 que operan en El Salvador (la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios) han acordado no atacarse en las cárceles, “correr el Sur”.

“Si se crea algún problema en una celda y se pierden vidas, y el que empezó el problema no muere, tendrá que pagar con su vida; si su clica (unidad básica de funcionamiento de la pandilla) se rehúsa a quitarle la vida, todos los elementos de esa clica deberán pagar, sin importar el lugar en el que se encuentren”, dice un documento del Centro Penitenciario Izalco Fase II, una de las cárceles con régimen de seguridad en las que el Estado salvadoreño alberga a pandilleros de forma exclusiva.

El documento, fechado el 29 de abril, recoge el testimonio de un pandillero informante, quien detalla cómo se han organizado la MS-13 y la pandilla 18-Sureños. En más de 30 años de existencia de las maras en El Salvador nunca antes se había “corrido el Sur”. El odio entre las Letras (la MS-13) y los Números (la 18) siempre ha sido irreconciliable.

¿Qué es “correr el Sur”?

Carlos García, investigador mexicano especializado en la MS-13, explica: “Sur es por South Union Race; es un pacto que se obtiene desde los penales federales de California, Estados Unidos, por aceptación de la macropandilla carcelaria Mafia Mexicana. El Sur permite que todas las pandillas hispanas del sur del estado, enemigas entre sí pero que suelen identificarse todas con el número 13, puedan convivir sin violencia dentro de las cárceles y protegerse de otras organizaciones raciales”.

La MS-13, la 18 y el resto del crisol de pandillas sureñas en California “corren el Sur”, pero es algo así nunca había pasado en El Salvador, hasta que el presidente Bukele ordenó mezclarlos.

“El Sur llegó tropicalizado en la década los 90 a Honduras y a Guatemala, pero terminó rompiéndose en baños de sangre”, agrega García.

Por lo pronto la tregua carcelaria ha tenido buenos efectos, ya que la Dirección General de Centros Penales no reporta motines ni fallecidos en ninguno de los seis penales reservados sólo para pandilleros, donde se preveía un baño de sangre.

La tregua estipula cómo será la convivencia entre “emeeses” y “dieciocheros” en Izalco: cada celda tendrá dos encargados, uno por pandilla; cada pandilla usará un sanitario y un barril de agua diferente para evitar roces entre ambas.

Si un pandillero ofende a un contrario, el encargado designado tiene “la obligación de sancionar al miembro de su pandilla”, pero si las diferencias resultan en una pelea violenta, “el culpable tiene que pagar severamente”.

Perro según analistas, lo que sucede ahora en las cárceles salvadoreñas es la adaptación de las pandillas a una nueva realidad, que es lo que llevan 20 años, pero el resultado final de este nuevo punto de inflexión es impredecible, pues tampoco se sabe si esa tregua se reflejará también al exterior de las cárceles, donde cada pandilla es un ejército.

Breve historia: de Estados Unidos a Centroamérica

“¡Trucha, trucha, salvatrucha!”, dicen jóvenes completamente tatuados cuando alguna patrulla se acerca, pero sin temor esperan el enfrentamiento que siempre termina trágicamente… Aunque las luces rojas y azules, la mayoría de las veces, prefieren alejarse.

Los miembros de la banda, la MS13, la Mara Salvatrucha, catalogada como una organización criminal transnacional por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se hacen visibles en una esquina de Los Ángeles, California, al igual que en una de la Ciudad de México, Chiapas, El Salvador o Guatemala.

Aunque se tiene la percepción de que la MS13 tuvo su origen en El Salvador, lo cierto es que sus integrantes más veteranos, la mayoría ya muertos, comenzaron a organizarse a inicios de los 80 en Los Ángeles, a donde llegaron en búsqueda de “una mejor vida”.

Los integrantes de la temible banda, cuyos pioneros se consideraban unos metaleros de a devis, que veneraban a Black Sabath y Metallica, en comparación con los cholos, que actualmente mueven la clica, que gustan del hip-hop, provenían del llamado triángulo dorado: Guatemala, El Salvador y Honduras.

El origen de las palabras “Mara Salvatrucha” no tiene su origen en el latín, ni mucho menos en el griego, sino en las calles polvorientas de El Salvador, o quizá Los Ángeles. Nadie lo sabe a ciencia cierta.

Cuentan las anécdotas que “mara” es sinónimo de banda, de pandilla, sobre todo en Centroamérica; “salva” es una abreviación tiene que ver con el país de donde son la mayoría de sus integrantes, y “trucha” significa lo que significa: abusado, ponerse listo.

El 13 es el número que la M ocupa en el alfabeto

A mediados de los 90, cuando la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos se eclipsaba poco a poco, se impulsó una campaña para enfrentar a las pandillas en ese país que asolaban a negocios con cuotas, se mataban entre ellos y ya generaban terror entre la sociedad, una era la Mara Salvatrucha, la otra, Barrio 18.

El plan era sencillo, y se sigue aplicando: deportar a sus países de origen a todos los pandilleros que hubieran estado presos por delitos propios de “pandilleros”. Esta decisión hiso que 20 mil pandilleros regresaran a El Salvador, Honduras y Guatemala entre el 2000 y 2004. Según el sitio especializado en crímenes insightcrime.org, Estados Unidos deporta a El Salvador a 100 exconvictos por semana.

Aunque la mayoría de los deportados busca retornar a Los Ángeles, algunos, que no lo logran, se quedan en el sur de México, donde junto con sus ahora socios, antes rivales, la M18, generan terror en Chiapas, específicamente en la frontera con Guatemala.

Sólo en 2017, en el marco de la estrategia del entonces presidente Enrique Peña Nieto en torno a la inmigración, en Chiapas fueron detenidos 148 pandilleros de la MS13 y Barrio 18 por delitos como asesinatos, extorsiones a migrantes y violaciones. Aunque el número parecería ínfimo, este representa 10 veces más de lo reportado en 2016.

El Salvador, con el joven y carismático Nayib Bukele, tiene un plan de seguridad para enfrentar el mayor problema que tiene su país: las pandillas, y ahí se puede leer que la problemática de los grupos criminales que atentan contra la seguridad pública no puede ser tratada desde una óptica única de combate a la delincuencia, sino como un problema social.

En el llamado Plan Cuscatlán, que puede ser consultado en Internet, se específica que la aparición de pandillas y la consiguiente delincuencia que generan tiene su origen en la falta de oportunidades y opciones de vida, en la pobreza.

“Sabemos que la sociedad reclama un cambio de paradigmas en el combate al crimen; principalmente porque ha presenciado cómo los grupos criminales han crecido y se han fortalecido, a pesar de todos los planes de mano dura, súper dura, tregua y medidas extraordinarias que han sido efectuados por las administraciones anteriores”, se lee en el documento.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador coincide en esa visión y por eso ha destinado 30 millones de dólares al país gobernado por Bukele para apoyar el desarrollo económico y social y, así, tratar de paliar el problema de la inmigración, una de las exigencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para no imponer aranceles a México.

El destino de recursos no es nuevo y sigue con los pasos del Fondo Yucatán, un programa creado por el entonces presidente Felipe Calderón en 2011 cuya bolsa de 160 millones de dólares estaba destinado a apoyar la infraestructura de países de Mesoamérica y el Caribe.