Gobernadores rechazan que Ejército haga tareas de seguridad; “no vamos a cruzar los brazos”

Mandatarios del noroeste del país, así como de Jalisco y Michoacán, aseguran que es una implementación que ha demostrado dar resultados funestos en gobiernos pasados.

Militares arriban a refinerías en Salamanca para combatir robo de hidrocarburo.
Foto: Archivo.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Por tratarse de “una experiencia ya vivida en el Estado mexicano”, gobernadores no apoyarán el decreto de uso de las Fuerzas Armadas que promovió el Ejecutivo federal a inicios de esta semana. Aseguran que no se quedarán con las manos cruzadas ante una situación que en México ya dejó a miles de muertos.

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Luego de la reunión de estados del noreste mexicano, donde también participan Jalisco y Michoacán, los mandatarios coincidieron en que tomarán cartas en el asunto. Exhortaron a que las tareas de seguridad se sigan rigiendo en el uso de las corporaciones de seguridad civiles.

La mañana del 11 de mayo trascendió la entrada en vigor del artículo quinto transitorio establecido en la reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

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En ella se contempla el uso de las fuerzas del Ejército regular y la Marina Armada de México en las tareas de seguridad pública. El gobernador Silvano Aureoles Conejo se pronunció en contra de la medida que dio a conocer el gobierno de López Obrador esta semana a través de un decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación.

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“Yo tengo profundo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero eso de querer reglamentar la Constitución es algo indebido por decirlo de manera muy decente. Algunos no vamos a quedarnos con las manos cruzadas porque eso es otra vez cargarle al Ejército una tarea que es de la seguridad pública y de los gobiernos civiles, a esto no hubo ninguna respuesta”, aclaró.

No es la primera ocasión que el mandatario michoacano critica abiertamente la estrategia de seguridad interna en el país. Desde el inicio de este sexenio manifestó su preocupación en torno a la creación de la Guardia Nacional y el uso del Ejército en estas tareas.

"El Ejército y la Marina nos han ayudado y mucho, han sido pilar fundamental para recuperar la seguridad en muchas regiones del país, incluyendo Michoacán, pero llevamos 12 años así y el problema no se ha resuelto, por eso debemos revisarla fórmula", enfatizó.

La estrategia empleada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en usar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia ha sido señalada por la gran cantidad de observaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde incluso se han evidenciado casos como ejecuciones extrajudiciales y tortura, concretamente en el estado de Michoacán.

Entre los principales cuestionamientos que ha hecho el gobierno de Michoacán en torno a las políticas de seguridad que ha desplegado a la Federación, ha sido la del reforzamiento de las policías locales.

Y es que tras la presentación de la Policía Militar y lo que será la Guardia Nacional, poco se ha tratado en lo que refiere a las policías estatales y municipales. En un primer momento se ha aclarado que las policías municipales son las fuerzas de primer contacto con la población, a la prevención del delito y la atención a las faltas administrativas.

Foto: Samuel Herrera Jr., La Voz de Michoacán.

No obstante, la incapacidad administrativa y financiera de las demarcaciones, ha convertido a estos cuerpos de seguridad en los que peores deficiencias presentan tanto en equipamiento, salarios e incluso, en el número de efectivos.

Esta misma semana, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informó que analizará la constitucionalidad de esta medida ya que señaló que la seguridad de los mexicanos se compromete con este tipo de decretos.

Y es que, de acuerdo con el decreto, el Ejército y la Marina podrán realizar tareas de prevención de la comisión de delitos, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio y garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, tareas que antes estuvieron a cargo de autoridades civiles, lo cual ha sido considerado por algunos legisladores de oposición, como la militarización del país.