Notimex / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La muerte de Giovanni López en custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, refleja un alto grado de irresponsabilidad política y social por parte de las autoridades de la localidad y estatales; además, denota el uso excesivo de la fuerza no solo en Jalisco, sino en otras entidades, consideró Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. El maestro en Ciencias Penales opinó que, en este caso, es irrelevante si el hombre de 30 años fue arrestado por no portar cubrebocas, lo realmente importante es que no se actuó con prontitud y fue hasta un mes después, cuando la muerte se dio a conocer a nivel nacional que las autoridades actuaron. “(La policía municipal) depende directamente de un presidente municipal que no separó del cargo (a los policías) a manera de investigación administrativa, porque no tiene facultades de investigación penal, pero lo que debió haber hecho es haber separado de su cargo a los elementos y no lo hizo”. “El presidente alegó diferentes motivos, diferentes cosas para no hacerlo, pero eso era irrelevante y allí mostró no nada más una falta de sensibilidad política y de sensibilidad social para los familiares del fallecido, también un alto grado de irresponsabilidad política porque sabía que al no tomar medidas la indignación social iba a crecer”, dijo en entrevista con Notimex. De acuerdo con recientes publicaciones, Giovanni murió por traumatismo cráneo encefálico el 4 de mayo. Fue presuntamente asesinado por los policías que lo detuvieron. Su cuerpo tenía signos de tortura: golpes en la cabeza y en el cuerpo, y un balazo en una pierna. La muerte de Giovanni se dio en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública. El 5 de junio, el mandatario anunció que tres de los policías fueron detenidos y las investigaciones continúan. El presunto homicidio fue la causa de protestas tanto en Jalisco como en varias ciudades del país, en las que se exige justicia para el caso y un alto al abuso policial. En Guadalajara han sido detenidos varios manifestantes, contra quienes también se ha hecho uso de la fuerza y de quienes hasta el sábado se desconocía su paradero, según se denunció mediante redes sociales. El sábado, la Oficina del Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas emitió recomendaciones al gobierno de Jalisco para garantizar los derechos humanos de los manifestantes. Alfaro publicó en su cuenta de Twitter que las recomendaciones serían aceptadas. También Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el caso de Giovanni y los arrestos de quienes protestan para exigir justicia. Situación de Jalisco podría replicarse en otros estados Para Celaya Gamboa, el caso de Jalisco puede replicarse en diferentes sitios de la República, puesto que hay otros estados en los que se ha hecho uso de la fuerza policial para que los ciudadanos usen el cubrebocas como son Querétaro y Tabasco. “Esto es incorrecto porque sí, vivimos una pandemia, vivimos una emergencia, pero los mexicanos tienen una idiosincrasia muy bien definida, donde tenemos que hacer una campaña de concientización social, invitaciones voluntarias para quedarse en casa, para usar el cubrebocas para mantener las medidas de distanciamiento social”, detalló el experto. Añadió que en Jalisco, las autoridades estatales anunciaron claramente que se utilizaría la fuerza policial, lo cual también ocurrió en Querétaro y Tabasco, donde también se han denunciado detenciones arbitrarias mediante redes sociales o los medios de comunicación. Aunque Celaya Gamboa reconoció que es incorrecto por parte de la ciudadanía no portar cubrebocas, la tarea de los gobiernos es concientizar a los ciudadanos, pero no por medidas coercitivas. De lo contrario, el resultado serán más casos como el de Giovanni. En ese sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó el 4 de junio que en México no se puede invocar a actos de violencia para cumplir una disposición sanitaria. Reiteró que el cumplimiento de las medidas en atención a la pandemia nunca será a través de la fuerza pública o de la militarización. Vigilar a los policías con mecanismos de supervisión externa Celaya Gamboa propuso que para evitar el uso excesivo de la fuerza, el país debe caminar a la creación de mecanismos de supervisión externa para vigilar el actuar de las policías municipales, estatales y la Guardia Nacional, pero también con facultad para sancionar. “Es decir, área como de asuntos internos, pero que sea un observatorio civil, integrado por ciudadanos y que tengan el poder y las facultades para tomar sanciones en contra de los elementos policiacos que incumplan su función (...) Esto son recomendaciones de organismos internacionales, la ONU y diversos organismos internacionales especializados han recomendado al Estado mexicano que se tiene que crear mecanismos de supervisión de las policías”, expresó. El especialista opinó que, sin estos mecanismos, se puede exigir a las Fiscalías que se investiguen este tipo de delitos, se procesen y sancionen, pero esto no ataca el problema de raíz. Este tipo de casos se pueden replicar en otras ciudades, en otros estados. “Aquí tenemos que garantizar dos cosas, la justicia por medio de sancionar a los responsables, por medio del aparato del sistema de justicia penal, pero también solucionar el problema de raíz y ahí lo que significa es que estudiemos y modifiquemos en qué parte de la estructura policial, o de la estructura de gobierno se permitió que un homicidio así sucediera”, puntualizó. Añadió que la creación de estos mecanismos de supervisión es legalmente posible, pero sólo se necesita voluntad política, porque es desde donde se puede bloquear el intento ciudadano de crear un organismos o una institución que supervise a las policías desde fuera del gobierno.
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